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La frazada corta del ajuste fiscal desató una sorda pelea dentro y fuera de Cambiemos por el traspaso de la empresa pública de agua y cloaca del área metropolitana. Las claves políticas y económicas.
undefined 20/07/2018 20:15

La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. podría quedar a salvo de las negociaciones, cada vez más tirantes, entre el Estado Nacional y las provincias para diseñar el presupuesto 2019, que deberá cumplir con un ajuste fiscal del 1,3% para cumplir con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional. La frazada corta de esa pulseada divide posiciones dentro de la mesa chica que rodea al presidente Mauricio Macri, que tendrá la última palabra sobre el destino de la ex Obras Sanitarias de la Nación: si desguazarla y transferir su administración y financiamiento a manos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del alcalde porteño, Horacio RodrÍguez Larreta; o mantenerla bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio.

Según pudo reconstruir Letra P, las opiniones de Vidal, Larreta y Frigerio no son antagónicas, sino coincidentes: ninguno de los tres funcionarios están de acuerdo en dividir y traspasar el control de la empresa, considerada una de las mayores proveedoras de agua potable y cloaca del mundo, que extiende su red a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense, con 14 millones de clientes, es decir, un 40% de la población nacional.

 

 

Los primeros en reclamar la transferencia de la órbita federal a la porteña y bonaerense fue el gobernador cordobés Juan Schiaretti. En nombre del ala dialoguista de los mandatarios peronistas, el cacique mediterráneo sostuvo que las provincias del interior le pagan el agua a los habitantes de Área Metropolitana. No está sólo en el reclamo que retumba en las cuentas de la Casa Rosada, pero Schiaretti ya sabe que enfrenta una paradoja dentro del mismo Partido Justicialista, porque todos los intendentes peronistas del conurbano coinciden con Vidal, Larreta y Frigerio respecto a mantener a AySA como está.

Hasta hace dos años, la extensión del servicio llegaba a la capital y a 18 partidos bonaerenses, pero una ley provincial agregó 8 distritos y los sacó de la órbita de ABSA. Se trata de Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Presidente Perón, Moreno,  Merlo, Florencio Varela y Pilar. En 7 de los 8 territorios que están dentro de ese paquete, la red de agua y cloaca llega al 20% de su población y motoriza el temor de todos sus intendentes ante el ajuste. “Si traspasan AySA, nos complica la relación presupuestaria con el gobierno provincial, porque no hay certezas de que el plan de obras continúe y porque tendríamos que sumar ese punto a las discusiones que tenemos sobre los demás temas que ya son muy espinosos”, confió a Letra P el vocero de un importante intendente bonaerense del peronismo, que forma parte de los distritos más poblados del conurbano.

 

 

El continente del panperonismo también influye adentro de AySA por un dato íntimamente vinculado a su estructura. La ex Obras Sanitarias es una Sociedad Anónima, de mayoría pública. El 90% pertenece al Estado Nacional y el 10% a sus trabajadores. Esa porción de accionistas clase B define un directorio integrado por dos directores del Estado y uno de los trabajadores, que está en manos de José Luis Lingieri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). Reconocido como uno de “los gordos” de la CGT que mejor diálogo mantiene con el Gobierno (y especialmente con Frigerio), Lingieri tampoco está de acuerdo con la transferencia.

 

 

Junto al sindicalista, los “minigobernadores” peronistas más importantes del conurbano ya hicieron tronar su preocupación, como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), y un discreto pelotón de intendentes del PRO, que comparten ese punto de vista, pero guardan silencio para evitar retos de Balcarce 50.

Toda esa masa crítica de voluntades en contra de la transferencia podría ser derrotada por el dedazo presidencial, si su entorno más directo no accede a los planteos que retumban en el Patio de las Palmeras. Sin embargo, hay dos puntos determinantes que podrían inclinar la balanza a favor de quienes insisten en dejar la empresa tal como está.

 

 

En medio del ajuste por el nuevo endeudamiento con el FMI, la pieza que podría frenar la transferencia de la empresa es otra deuda, contraída a principios de este año en el mercado internacional. Se trata del bono a cinco años del Plan de Mejoras, Expansión y Mantenimiento de los Servicios de AySA, que cosechó 500 millones de dólares, con un interés anual del 6,625 %.

“Esas obligaciones negociables ya fueron emitidas por una empresa que tiene una composición accionaria determinada. Si ese esquema cambia, podríamos afrontar juicios de los tenedores de esos bonos y dañar la confiabilidad que el Gobierno busca transmitir a los mercados”, resumió un alto funcionario del Palacio de Hacienda ante las consultas de este medio.

 

 

El otro obstáculo es técnico, porque la red de potabilización y distribución de agua, como la red cloacal, atraviesa los territorios bonaerenses y capitalinos. Desguazar ese tejido, además de los costos, podría poner en peligro la provisión del servicio, en un momento donde AySA autofinancia su operación total por la aplicación del tarifazo, mientras que sus planes de inversión para ampliar la red se soportan con 15.000 millones de pesos provistos por el Tesoro Nacional y con financiamiento de los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, además de otros créditos otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Esos números, en vísperas de un ajuste que se anuncia traumático, son defendidos a capa y espada por quienes reclaman mantener la empresa como está. “No es solamente la legalidad de la deuda contraída, y los temas técnicos, sino la necesidad de mantener un plan de obras de agua y cloacas en vísperas de las elecciones del año que viene. Debería quedar en pie, sino sería dispararse en una pierna”, espetó con cautela una fuente cercana al Presidente, que este viernes ya le pidió a todos los gobernadores que el ajuste busque preservar las obras públicas.

La disputa no está saldada, pero en el entorno presidencial reconocen que la necesidad electoral podría torcer la lógica del ajuste sobre la fría mesa de los números que barajan el jefe de Gabinete Marcos Peña, sus dos vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, además del titular de Hacienda, Nicolás Dujovne.

 

Las internas y razones del Gobierno para evitar el traspaso de AySA

La frazada corta del ajuste fiscal desató una sorda pelea dentro y fuera de Cambiemos por el traspaso de la empresa pública de agua y cloaca del área metropolitana. Las claves políticas y económicas.

La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. podría quedar a salvo de las negociaciones, cada vez más tirantes, entre el Estado Nacional y las provincias para diseñar el presupuesto 2019, que deberá cumplir con un ajuste fiscal del 1,3% para cumplir con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional. La frazada corta de esa pulseada divide posiciones dentro de la mesa chica que rodea al presidente Mauricio Macri, que tendrá la última palabra sobre el destino de la ex Obras Sanitarias de la Nación: si desguazarla y transferir su administración y financiamiento a manos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del alcalde porteño, Horacio RodrÍguez Larreta; o mantenerla bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio.

Según pudo reconstruir Letra P, las opiniones de Vidal, Larreta y Frigerio no son antagónicas, sino coincidentes: ninguno de los tres funcionarios están de acuerdo en dividir y traspasar el control de la empresa, considerada una de las mayores proveedoras de agua potable y cloaca del mundo, que extiende su red a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense, con 14 millones de clientes, es decir, un 40% de la población nacional.

 

 

Los primeros en reclamar la transferencia de la órbita federal a la porteña y bonaerense fue el gobernador cordobés Juan Schiaretti. En nombre del ala dialoguista de los mandatarios peronistas, el cacique mediterráneo sostuvo que las provincias del interior le pagan el agua a los habitantes de Área Metropolitana. No está sólo en el reclamo que retumba en las cuentas de la Casa Rosada, pero Schiaretti ya sabe que enfrenta una paradoja dentro del mismo Partido Justicialista, porque todos los intendentes peronistas del conurbano coinciden con Vidal, Larreta y Frigerio respecto a mantener a AySA como está.

Hasta hace dos años, la extensión del servicio llegaba a la capital y a 18 partidos bonaerenses, pero una ley provincial agregó 8 distritos y los sacó de la órbita de ABSA. Se trata de Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Presidente Perón, Moreno,  Merlo, Florencio Varela y Pilar. En 7 de los 8 territorios que están dentro de ese paquete, la red de agua y cloaca llega al 20% de su población y motoriza el temor de todos sus intendentes ante el ajuste. “Si traspasan AySA, nos complica la relación presupuestaria con el gobierno provincial, porque no hay certezas de que el plan de obras continúe y porque tendríamos que sumar ese punto a las discusiones que tenemos sobre los demás temas que ya son muy espinosos”, confió a Letra P el vocero de un importante intendente bonaerense del peronismo, que forma parte de los distritos más poblados del conurbano.

 

 

El continente del panperonismo también influye adentro de AySA por un dato íntimamente vinculado a su estructura. La ex Obras Sanitarias es una Sociedad Anónima, de mayoría pública. El 90% pertenece al Estado Nacional y el 10% a sus trabajadores. Esa porción de accionistas clase B define un directorio integrado por dos directores del Estado y uno de los trabajadores, que está en manos de José Luis Lingieri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). Reconocido como uno de “los gordos” de la CGT que mejor diálogo mantiene con el Gobierno (y especialmente con Frigerio), Lingieri tampoco está de acuerdo con la transferencia.

 

 

Junto al sindicalista, los “minigobernadores” peronistas más importantes del conurbano ya hicieron tronar su preocupación, como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), y un discreto pelotón de intendentes del PRO, que comparten ese punto de vista, pero guardan silencio para evitar retos de Balcarce 50.

Toda esa masa crítica de voluntades en contra de la transferencia podría ser derrotada por el dedazo presidencial, si su entorno más directo no accede a los planteos que retumban en el Patio de las Palmeras. Sin embargo, hay dos puntos determinantes que podrían inclinar la balanza a favor de quienes insisten en dejar la empresa tal como está.

 

 

En medio del ajuste por el nuevo endeudamiento con el FMI, la pieza que podría frenar la transferencia de la empresa es otra deuda, contraída a principios de este año en el mercado internacional. Se trata del bono a cinco años del Plan de Mejoras, Expansión y Mantenimiento de los Servicios de AySA, que cosechó 500 millones de dólares, con un interés anual del 6,625 %.

“Esas obligaciones negociables ya fueron emitidas por una empresa que tiene una composición accionaria determinada. Si ese esquema cambia, podríamos afrontar juicios de los tenedores de esos bonos y dañar la confiabilidad que el Gobierno busca transmitir a los mercados”, resumió un alto funcionario del Palacio de Hacienda ante las consultas de este medio.

 

 

El otro obstáculo es técnico, porque la red de potabilización y distribución de agua, como la red cloacal, atraviesa los territorios bonaerenses y capitalinos. Desguazar ese tejido, además de los costos, podría poner en peligro la provisión del servicio, en un momento donde AySA autofinancia su operación total por la aplicación del tarifazo, mientras que sus planes de inversión para ampliar la red se soportan con 15.000 millones de pesos provistos por el Tesoro Nacional y con financiamiento de los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, además de otros créditos otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Esos números, en vísperas de un ajuste que se anuncia traumático, son defendidos a capa y espada por quienes reclaman mantener la empresa como está. “No es solamente la legalidad de la deuda contraída, y los temas técnicos, sino la necesidad de mantener un plan de obras de agua y cloacas en vísperas de las elecciones del año que viene. Debería quedar en pie, sino sería dispararse en una pierna”, espetó con cautela una fuente cercana al Presidente, que este viernes ya le pidió a todos los gobernadores que el ajuste busque preservar las obras públicas.

La disputa no está saldada, pero en el entorno presidencial reconocen que la necesidad electoral podría torcer la lógica del ajuste sobre la fría mesa de los números que barajan el jefe de Gabinete Marcos Peña, sus dos vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, además del titular de Hacienda, Nicolás Dujovne.