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La pauta que viene y que va (a ser)

El discurso de asunción de Alberto Fernández duró poco más de una hora, tuvo pasajes emotivos, citas a cinco presidentes (dos de ellas a Néstor Kirchner, su compañero de recorrido) y anuncios muy relevantes, como la intervención de la AFI y el destino de los fondos reservados para el Plan contra el Hambre. En él, el Presidente se refirió a "los medios, la comunicación y la tecnología" recién en el minuto 50. El modo en que enfocó la discusión parece confirmar la idea que se prevé para su gestión: “el rol de los medios” y su regulación no serán prioridad. Pero sí la relación gobierno-sistema comunicacional a partir del eslabón más débil de la cadena, el financiamiento con dinero público y el uso de estos recursos.

 

Al avanzar en esta cuestión, en primer lugar apeló al problema de las noticias falsas. Luego encaró lo que sería (¿será?) la temática central de ese pasaje: la pauta oficial. El nuevo presidente planteó que se revisará el modo en que es administrado este instrumento.

 

"Ciudadanizar la democracia también es respetar la libertad de expresión y todas las opiniones emitidas a través de los medios masivos de comunicación”. Con esta frase comenzó su alocución y luego sostuvo: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las virtudes del gobierno de todos". Y expresó que los avisos en los medios serán herramientas pedagógicas. Anunció la convocatoria a empresarios y especialistas para mejorar el manejo de la pauta y su uso. Y agregó que el sistema de medios públicos estará alcanzando por esta medida, al igual que todas las jurisdicciones.

 

“La administración que hoy terminó, gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos. Queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder. Por eso, vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios. Queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa. No vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad, porque afectaría el movimiento empresarial de nuestros medios periodísticos. Pero sí vamos a reorientarla”, añadió el martes.

 

Es central remarcar al respecto, que dicha medida, en caso de avanzar del anuncio del discurso de apertura, demandará una decisión institucional, una acción concreta. Implicará revisar la Resolución vigente desde agosto de 2016, sancionada (e incumplida por imposible) por el la gestión de Cambiemos en el ENACOM.

 

Es decir que la crítica al modo y a los montos destinados a lubricar la relación con las empresas de medios y los (sus) periodistas emblemáticos fue acompañada también por el señalamiento de los criterios utilizados para tales destinos. Incluso con la omisión de que -en realidad- la administración de Mauricio Macri redujo el gasto realizado por el PEN si se la calcula en dólares. Ese aspecto no debe soslayar, por un lado, la brusca devaluación de la moneda (también detallada por Fernández) y, por el otro, el hecho de que durante el período la alianza Cambiemos administró los tres presupuestos más significativos de pauta oficial .

 

 

"No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno. No habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Sólo se destinará a instituciones periodísticas", dijo Alberto Fernández en su discurso.

 

 

DE DÓNDE VENIMOS: LA GENSION DE MACRI Y CAMBIEMOS. La distribución de la publicidad oficial durante el gobierno de Mauricio Macri puede ser definida con algunas características centrales y destacables. Como se trabajó en diferentes artículos (acá, acá y acá por ejemplo), una de los principales rasgos fue la disminución (progresiva) de los montos invertidos en publicidad. Esto muestra que tanto en dólares como en pesos constantes (a noviembre de 2019) está entre el 60% y el 70% (según el dato).

 

 

Por su parte, en el período 2015-2019 los grupos más grandes de medios fueron los más beneficiados por esta distribución (con Clarín muy por encima de Viacom y América, que completan el podio); los medios con mayores niveles de audiencia fueron (en general) los que contaron con mayores niveles de pautado; la publicidad se usó para licuar el peso de deudas de las empresas con el Estado; los medios comunitarios se vieron ampliamente excluidos de las asignaciones; durante los primeros años de gestión (2016 y 2017) la pauta fue utilizada como método de presión contra medios opositores (Indalo y Octubre); la gestión fue muy transparente en el manejo y publicación de los datos semestrales; al contrario de lo esperado, los medios digitales y las redes sociales no coparon el presupuesto.

 

Como dijo Alberto Fernández, una práctica común en la distribución de publicidad oficial es su asignación a productoras periodísticas y a periodistas de manera directa. Esto responde a una modalidad que hace años reina en el sistema de medios argentinos: los periodistas con sitios web o programas de radio y televisión que utilizan productoras para facturar publicidad estatal (muchas veces a empresas como YPF o Aguas Argentinas y también a municipios u organismos provinciales -BAPRO entre los favoritos-) y beneficiarse directamente del reparto de fondos oficiales. Durante el mandato de Macri muchísimos periodistas políticos con programas en señales de cable -como TN y Metro o en radios como Milenium o Cultura- fueron beneficiados con publicidad oficial. Lo mismo sucedió durante el kirchnerismo entre 2003-2015 con algunas figuras reconocidas del por entonces oficialismo.

 

Este mecanismo condiciona directamente el trabajo de los periodistas y los vuelve dependientes de estos ingresos para la generación de contenidos. Al mismo tiempo, implica que el gobierno elige ciertos periodistas o programas en los que pautar por sobre otros. Con mayor riesgo de premiar (y castigar) líneas editoriales.

 

 

 

Como hemos planteado antes, estos cuatro años expusieron la novedad de la centralización en el mismo partido político de las tres cajas más importantes de publicidad oficial: CABA, provincia de Buenos Aires y Nación. Los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no fueron tan austeros en sus gastos, aunque recortaron una porción. Sin embargo, a la hora de evaluar sus destinos, resulta imposible obtener datos bonaerenses, mientras que los porteños son incompletos. Eso vuelve destacable el rasgo de gestión de la presidencia de Macri: informó semestralmente hasta el último día sobre el destino de los fondos.

 

HACIA DÓNDE VAMOS: PROPUESTAS DE REGULACIÓN. En línea con el planteo de Fernández de establecer nuevos criterios para la distribución de la publicidad oficial, se pueden realizar algunas recomendaciones u observaciones para contribuir a un un control más democrático de esta herramienta que moldea (con su mal uso y relevante peso dentro del mercado publicitario total) al sistema de medios:
 

 

  • Discutir la regulación en el Congreso de la Nación.
  • Establecer que el principal objetivo de la publicidad sea la comunicación de información de interés público y no el fomento a la imagen de gobierno o de funcionarios.
  • En esa línea, impedir la utilización de imágenes de funcionarios o sus voces.
  • Ampliar el registro de proveedores de publicidad oficial y facilitar el ingreso de medios comunitarios, que no deben ser segregados en el reparto de fondos.
  • No utilizar la publicidad para licuar deudas de los medios con el Estado.
  • No otorgar publicidad a aquellos medios que no paguen de manera regular las obligaciones patronales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y los sueldos de sus trabajadores.
  • Garantizar cuotas de presupuesto para medios regionales, zonales y locales.
  • Sostener la publicación periódica de los datos y los criterios utilizados.
  • Establecer una agencia de control parlamentario sobre los gastos y la planificación anual de las campañas de publicidad oficial.
  • Garantizar que los mensajes lleguen a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y/o a los destinatarios de las campañas.
  • Crear una empresa de medición federal de audiencias con participación del sector privado, el estatal y las universidades para que los medios con mayor audiencia sean definidos por una instancia sin vicio de intereses sectoriales.
  • Incluir en la regulación a las empresas con participación estatal como YPF, AYSA, Banco Nación o Aerolíneas Argentinas.
  • Establecer recomendaciones para regulaciones provinciales y municipales.
  • Excluir del reparto a productoras periodísticas y periodistas porque sus efectos nocivos pueden resultar muy relevantes, como la presión y control sobre los contenidos en ese producto o en otros donde los y las profesionales se desarrollen.

 

Resulta claro que el debate apenas está abierto. Que estas propuestas son mejorables y apenas se ofrecen como un punto de partida. Que no es recomendable que una persona (Francisco Meritello) que hasta hace pocos meses ejerció como CEO de un grupo de medios (Octubre) tenga control sobre los destinos de los fondos de la pauta en la nueva estructura institucional de la comunicación ejecutiva. Pero. en tanto -como expresa Martín Becerra- el Presidente no detalló qué criterios tomará en cuenta, posiblemente los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean una buena guía para una gestión que apenas comienza.   

 

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