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Hasta la puerta del cementerio

En Tucumán, los gobernadores acordaron ratificar su respaldo a la gobernabilidad pero le darán la espalda al ajustazo que anunció Macri. La división de roles y la lupa sobre Vidal y Larreta.
Por 17/05/2018 19:30

El discurso se unificó en Tucumán, donde una excusa institucional hizo confluir a seis gobernadores opositores. La línea acordada fue clara: ratificar el respaldo a la gobernabilidad pero despegarse de la receta de shock de ajuste que anunció el presidente Mauricio Macri y del acuerdo con el FMI. Las declaraciones salieron después, con distintos matices, pero con el objetivo unívoco de marcarle la cancha al Gobierno y dejarle en claro que el acompañamiento que le dieron hasta ahora parece haber encontrado su límite.

“Estoy ayudando, a pesar de ser opositor, porque quiero que a la Argentina le vaya bien, y voy a seguir ayudando hasta el último día”, dejó en claro el salteño Juan Manuel Urtubey. "Tenemos que cuidar la gobernabilidad, porque cada vez que hubo una gran crisis terminamos con más pobres y se castigó a la clase media, a los trabajadores y a los más vulnerables", reforzó el cordobés Juan Schiaretti.

Una vez aclarado el acompañamiento institucional, llegó el despegue del plan económico. “La decisión de ir o no al FMI es una decisión del Gobierno nacional, no nuestra”, trazó la línea el anfritrión Juan Manzur. “(El Gobierno) no va a encontrar socios entre los gobernadores para discutir el ajuste”, se distanció aún más el santafesino y socialista Miguel Lifschitz, el único de los no peronistas que participó del cónclave.

 

Urtubey, Schiaretti y Manzur compartieron un asado en Tucumán en el que acordaron la línea discursiva.

 

Las diferencias respecto del acuerdo con el FMI llegaron de la mano de las críticas al modelo económico. Urtubey criticó la tasa al 40% y Lifschitz se despachó en Radio 10 contra el ajuste del gasto, la inversión y la obra pública. Todos coincidieron en la necesidad de discutir “un plan de desarrollo productivo del país pero no un plan de ajuste”.

 

 

Roles repartidos entre más o menos conciliadores -asado en Tucumán mediante, del que también participaron el riojano Sergio Casas y el chaqueño Domingo Peppo,- los gobernadores marcaron el principio del fin del acuerdismo alentados, también, por el enojo que generó la reunión de urgencia a la que fueron convocados el jueves 9 a la Casa Rosada, una vez anunciado el acuerdo con el FMI. “¿Y (María Eugenia) Vidal y (Horacio) Rodríguez Larreta dónde están? ¿Por qué no los llaman a ellos? ¿Por qué vienen a pedirnos el respaldo a nosotros? Los primeros que deberían bancar el acuerdo son los gobernadores de Cambiemos”, comentó a Letra P, ofuscado, un vicegobernador.

Aquella tarde, el Gobierno se apuró al anunciar “un compromiso firme de apoyo”, según dijo el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, que después los gobernadores ratificaron solo como respaldo institucional. “Los que gobiernan son ellos”, dijo el entrerriano Gustavo Bordet.

Ya en sus provincias, varios gobernadores trazaron panoramas más que sombríos sobre el futuro económico ante sus funcionarios de mayor confianza. El propio Urtubey, considerado de los más dialoguistas con el Gobierno, se mostró pesimista y hasta avizoró una escalada inflacionaria que lo llevará a convocar de nuevo a los gremios para conversar sobre salarios.

 

 

En ese escenario, los mandatarios opositores, que hasta ahora se dividieron entre dialoguistas –los convocados la semana pasada a la Rosada-, moderados –como Lucía Corpacci (Catamarca) y Omar Gutiérrez (Neuquén)- y rebeldes -como Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) o Alberto Rodríguez Saá (San Luis)– confluyeron en el rechazo al ajuste. “Acompañamos estos dos años con todas las leyes. Hasta acá llegamos”, resumió un importante funcionario de una de las provincias cuyos diputados y senadores votaron en el Congreso varias iniciativas del Ejecutivo.

Si bien aún no se sabe a ciencia cierta, es casi un hecho que el Gobierno buscará que la convocatoria al “gran acuerdo nacional”, anunciada primero por Marcos Peña, se plasme en el Presupuesto 2019, según confirmó a Letra P una de las espadas de Cambiemos. Eso, sin contar los pedidos de leyes específicas, que podría llegar a hacer el FMI, como una reforma laboral.

En el interbloque Argentina Federal, con el que Cambiemos suele negociar las leyes, esperan con varios ases en la manga. El primero tiene que ver con rechazar el ajuste con una razón muy simple: la mayoría de las provincias tiene superávit, el déficit lo tiene la Nación, según dejó claro Schiaretti. “El déficit de las provincias es solo el 0,5 por ciento mientras que el Estado nacional tiene el 6 por ciento”, dijo el cordobés. Varios gobernadores, como Manzur y Urtubey, ya se encargaron de decir públicamente que sus provincias tienen las cuentas ordenadas. Lo mismo explicaron a este portal funcionarios de Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones.

Según fuentes del Gobierno, en total, sobre las 24 jurisdicciones, solo cinco son deficitarias, mientras que las otras 19 llegaron al equilibrio de sus cuentas, en parte, gracias a la devolución del 15 por ciento de la coparticipación -que acordaron con el Gobierno nacional a mediados de 2016- y al Pacto Fiscal que firmaron a fines de 2017. Esa independencia económica es la que habilita ahora a la mayoría de las provincias a plantarse frente al ajuste que pretende hacer Cambiemos.  

La segunda carta que echará a jugar el bloque de los gobernadores tiene que ver con los subsidios que siguen recibiendo la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ambos territorios de Cambiemos. En ese sentido, el diputado Martín Llaryora, del bloque Córdoba Federal, presentará en las próximas horas un proyecto para que la empresa Aysa deje de ser subsidiada por la Nación y pase a manos de los distritos que gobiernan Vidal y Larreta, donde presta servicios. Lo mismo sucedería con Edenor y Edesur. “Por ahí puede empezar al ajuste. Y también en los subsidios al transporte que tienen la Ciudad y el conurbano. Con eso se soluciona buena parte del problema del déficit”, dicen en el interbloque Argentina Federal.  

 

 

Pero más allá del Presupuesto, en el peronismo saben que los pedidos del FMI –que se conocerán en los próximos dos meses– caerán tarde o temprano en el Congreso y que podrían incluir una reforma laboral y un nuevo ajuste jubilatorio. Con las elecciones de 2019 más cerca, los costos políticos por el acompañamiento a la gobernabilidad de los primeros dos años ya pagados y Macri en baja en las encuestas, los votos serán cada vez más difíciles de juntar.  

Hasta la puerta del cementerio

En Tucumán, los gobernadores acordaron ratificar su respaldo a la gobernabilidad pero le darán la espalda al ajustazo que anunció Macri. La división de roles y la lupa sobre Vidal y Larreta.

El discurso se unificó en Tucumán, donde una excusa institucional hizo confluir a seis gobernadores opositores. La línea acordada fue clara: ratificar el respaldo a la gobernabilidad pero despegarse de la receta de shock de ajuste que anunció el presidente Mauricio Macri y del acuerdo con el FMI. Las declaraciones salieron después, con distintos matices, pero con el objetivo unívoco de marcarle la cancha al Gobierno y dejarle en claro que el acompañamiento que le dieron hasta ahora parece haber encontrado su límite.

“Estoy ayudando, a pesar de ser opositor, porque quiero que a la Argentina le vaya bien, y voy a seguir ayudando hasta el último día”, dejó en claro el salteño Juan Manuel Urtubey. "Tenemos que cuidar la gobernabilidad, porque cada vez que hubo una gran crisis terminamos con más pobres y se castigó a la clase media, a los trabajadores y a los más vulnerables", reforzó el cordobés Juan Schiaretti.

Una vez aclarado el acompañamiento institucional, llegó el despegue del plan económico. “La decisión de ir o no al FMI es una decisión del Gobierno nacional, no nuestra”, trazó la línea el anfritrión Juan Manzur. “(El Gobierno) no va a encontrar socios entre los gobernadores para discutir el ajuste”, se distanció aún más el santafesino y socialista Miguel Lifschitz, el único de los no peronistas que participó del cónclave.

 

Urtubey, Schiaretti y Manzur compartieron un asado en Tucumán en el que acordaron la línea discursiva.

 

Las diferencias respecto del acuerdo con el FMI llegaron de la mano de las críticas al modelo económico. Urtubey criticó la tasa al 40% y Lifschitz se despachó en Radio 10 contra el ajuste del gasto, la inversión y la obra pública. Todos coincidieron en la necesidad de discutir “un plan de desarrollo productivo del país pero no un plan de ajuste”.

 

 

Roles repartidos entre más o menos conciliadores -asado en Tucumán mediante, del que también participaron el riojano Sergio Casas y el chaqueño Domingo Peppo,- los gobernadores marcaron el principio del fin del acuerdismo alentados, también, por el enojo que generó la reunión de urgencia a la que fueron convocados el jueves 9 a la Casa Rosada, una vez anunciado el acuerdo con el FMI. “¿Y (María Eugenia) Vidal y (Horacio) Rodríguez Larreta dónde están? ¿Por qué no los llaman a ellos? ¿Por qué vienen a pedirnos el respaldo a nosotros? Los primeros que deberían bancar el acuerdo son los gobernadores de Cambiemos”, comentó a Letra P, ofuscado, un vicegobernador.

Aquella tarde, el Gobierno se apuró al anunciar “un compromiso firme de apoyo”, según dijo el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, que después los gobernadores ratificaron solo como respaldo institucional. “Los que gobiernan son ellos”, dijo el entrerriano Gustavo Bordet.

Ya en sus provincias, varios gobernadores trazaron panoramas más que sombríos sobre el futuro económico ante sus funcionarios de mayor confianza. El propio Urtubey, considerado de los más dialoguistas con el Gobierno, se mostró pesimista y hasta avizoró una escalada inflacionaria que lo llevará a convocar de nuevo a los gremios para conversar sobre salarios.

 

 

En ese escenario, los mandatarios opositores, que hasta ahora se dividieron entre dialoguistas –los convocados la semana pasada a la Rosada-, moderados –como Lucía Corpacci (Catamarca) y Omar Gutiérrez (Neuquén)- y rebeldes -como Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) o Alberto Rodríguez Saá (San Luis)– confluyeron en el rechazo al ajuste. “Acompañamos estos dos años con todas las leyes. Hasta acá llegamos”, resumió un importante funcionario de una de las provincias cuyos diputados y senadores votaron en el Congreso varias iniciativas del Ejecutivo.

Si bien aún no se sabe a ciencia cierta, es casi un hecho que el Gobierno buscará que la convocatoria al “gran acuerdo nacional”, anunciada primero por Marcos Peña, se plasme en el Presupuesto 2019, según confirmó a Letra P una de las espadas de Cambiemos. Eso, sin contar los pedidos de leyes específicas, que podría llegar a hacer el FMI, como una reforma laboral.

En el interbloque Argentina Federal, con el que Cambiemos suele negociar las leyes, esperan con varios ases en la manga. El primero tiene que ver con rechazar el ajuste con una razón muy simple: la mayoría de las provincias tiene superávit, el déficit lo tiene la Nación, según dejó claro Schiaretti. “El déficit de las provincias es solo el 0,5 por ciento mientras que el Estado nacional tiene el 6 por ciento”, dijo el cordobés. Varios gobernadores, como Manzur y Urtubey, ya se encargaron de decir públicamente que sus provincias tienen las cuentas ordenadas. Lo mismo explicaron a este portal funcionarios de Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones.

Según fuentes del Gobierno, en total, sobre las 24 jurisdicciones, solo cinco son deficitarias, mientras que las otras 19 llegaron al equilibrio de sus cuentas, en parte, gracias a la devolución del 15 por ciento de la coparticipación -que acordaron con el Gobierno nacional a mediados de 2016- y al Pacto Fiscal que firmaron a fines de 2017. Esa independencia económica es la que habilita ahora a la mayoría de las provincias a plantarse frente al ajuste que pretende hacer Cambiemos.  

La segunda carta que echará a jugar el bloque de los gobernadores tiene que ver con los subsidios que siguen recibiendo la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ambos territorios de Cambiemos. En ese sentido, el diputado Martín Llaryora, del bloque Córdoba Federal, presentará en las próximas horas un proyecto para que la empresa Aysa deje de ser subsidiada por la Nación y pase a manos de los distritos que gobiernan Vidal y Larreta, donde presta servicios. Lo mismo sucedería con Edenor y Edesur. “Por ahí puede empezar al ajuste. Y también en los subsidios al transporte que tienen la Ciudad y el conurbano. Con eso se soluciona buena parte del problema del déficit”, dicen en el interbloque Argentina Federal.  

 

 

Pero más allá del Presupuesto, en el peronismo saben que los pedidos del FMI –que se conocerán en los próximos dos meses– caerán tarde o temprano en el Congreso y que podrían incluir una reforma laboral y un nuevo ajuste jubilatorio. Con las elecciones de 2019 más cerca, los costos políticos por el acompañamiento a la gobernabilidad de los primeros dos años ya pagados y Macri en baja en las encuestas, los votos serán cada vez más difíciles de juntar.