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Vidal y Cresta Roja: la marca de la represión tras “el símbolo del sí, se puede”

El violento desalojo de este miércoles cuenta con una larga raíz represiva de un conflicto laboral que nunca se resolvió. Salvataje frustrado y aportantes de campaña arribados.
Por 16/05/2018 16:13

“Para mí, Cresta Roja en estos últimos cuatro meses de gobierno, se convirtió en el símbolo del sí, se puede”, sostuvo en abril de 2016 María Eugenia Vidal, en el primero de los dos actos que hizo en un mes en la avícola junto a Mauricio Macri –el segundo fue para escenificar el veto presidencial a la ley anti despidos. Ligar la arenga cliché de Cambiemos con el caso de esta empresa no fue casual en aquel discurso de la gobernadora bonaerense. Cresta Roja venía siendo un emblema de la conflictividad laboral en la provincia de Buenos Aires y un reflejo del fracaso rotundo de la intervención allí de su predecesor en el cargo, Daniel Scioli. Con el desembarco de la firma Proteinsa, tras la quiebra decretada de Rasic Hnos., el salvataje de la avícola se promocionó desde el macrismo como un ícono de la reactivación laboral.  
 


Aunque, previo a ello, Cresta Roja fue laboratorio del por entonces denominado protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al haber sido uno de los primeros teatros de operaciones represivos de la era Macri, a menos de dos semanas de haber asumido. “El corte impidiendo el paso de miles de personas no es aceptable”, sostuvo Vidal en aquel momento al respaldar la represión a los trabajadores que cortaban la autopista Ricchieri. Ese proceder de las fuerzas de seguridad y ese aval de la gobernadora fue un hilo conductor que acompaña hasta la actualidad a una crisis que sigue sin resolverse a pesar de la promesa inicial de la mandataria bonaerense a los operarios: “No lo vamos a dejar solos".

Alcanzando a ser la segunda avícola en magnitud, Cresta Roja llegó a tener más de 3 mil trabajadores. Pero, desde que Rasic se presentó en concurso de acreedores, en 2014, ese número comenzó a bajar significativamente. Mientras subía la temperatura de la campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2015, el gobierno sciolista intervino en el conflicto, prometiendo un rescate de $200 millones, de los que sólo se otorgó la mitad. El escenario de incertidumbre para los trabajadores, lejos de evaporarse, se incrementó cuando el ex motonauta dejó el poder bonaerense.
 


Y en este punto es donde siempre hizo foco Vidal: “Cresta roja estaba parada cuando asumimos, con sus obreros protestando todos en la ruta, con un desfalco de Rasic, que era su anterior dueño, en complicidad con el gobernador anterior y con Aníbal Fernández. 100 millones de pesos que no sabemos a dónde fueron”, remarcó la gobernadora en julio de 2017, cuando el conflicto en la avícola se reflotaba debido al despido de más de 50 trabajadores, indemnizaciones adeudadas y reincorporaciones no concretadas por parte de Proteinsa. En aquella ocasión,  la mandataria provincial remarcó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la Provincia se habían reunido con la empresa “para acordar que no haya despidos”. “Vamos a cuidar los puestos de trabajo”, volvió a subrayar, en un contexto donde los trabajadores ya les estaban recordando las promesas de no desamparo realizadas al inicio de su gestión.

Pero la conflictividad no tardó en reaparecer. En septiembre de 2017, los operarios rechazaron la oferta de Proteinsa consistente en abonar en el salario de ese mes el proporcional de antigüedad que no se estaba pagando. Al no considerar la empresa el principal reclamo referido al pago de las indemnizaciones correspondientes a los años de trabajo en tiempos de Rasic S.A, los trabajadores decidieron endurecer las medidas de fuerza.

La situación crítica volvió a ponerse de manifiesto en enero de este año, cuando los trabajadores de la planta El Jagüel, protestaron en reclamo del pago del sueldo adeudado de diciembre, más los bonos de fin de año, al tiempo que denunciaron el achicamiento y problemas de producción por el mal estado de los pollos en los criaderos. Por esos días de inicio de 2018, los operarios no dudaron en denunciar “un falso salvataje” de la avícola.
 


Y no se equivocaron. Sin efectuar las reincorporaciones prometidas y con cheques rebotados, Proteinsa se alejó de Cresta Roja, cediéndole el tablero de control a la familia que había competido a finales de 2015 por el manejo de la avícola: los De Grazia, propietarios de la firma número uno del sector, Granja Tres Arroyos, que arribaron al manejo de su antigua competidora con uno de los sellos del grupo: Wade S.A.

SOCIOS Y APORTES. Y aquí, surgen lazos amarillos. Los nuevos accionistas de Cresta Roja constituyeron en 2009 la Sociedad Anónima “Reproductores La Toma” para la instalación de módulos de recría en Córdoba, proyectando producir, hacia 2011, 42 millones de huevos para autoabastecimiento. Esta firma se conformó de la unión entre Granja Tres Arroyos y Avex. Como representante de esa última compañía, apareció en el directorio de Reproductores La Toma, junto con la familia De Grazia, el actual embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.

Ya con Cambiemos en el poder, los dueños de Granja Tres Arroyos reforzaron sus acercamientos con el mundo amarillo. En efecto, como aportante de la última campaña del oficialismo en la provincia manejada por Vidal, aparece Ariel Gaspar De Grazia, director titular de Wade S.A, la compañía que hoy maneja Cresta Roja.



Pero el arribo de Wade no cambió el escenario de conflictividad. Según denuncian los trabajadores, el programa de reestructuración que la familia De Grazia pretende llevar a cabo en Cresta Roja con el aval del Ministerio de Trabajo llevaría adelante despidos y suspensiones que afectarían al menos a 800 personas.  Por esto, se manifestaron en abril pasado en la cartera laboral y en el juzgado que tiene en sus manos el caso de la avícola. Allí, fueron reprimidos nuevamente, aunque no sería la última ni la más dura respuesta del Gobierno. Este miércoles a la madrugada, un nutrido operativo que contó con más de mil efectivos, entre agentes de Gendarmería e Infantería bonaerense, desalojó a fuerza de balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes, al grupo de manifestantes que estaban realizando un bloqueo en la planta de Ezeiza. “Así cuida a los trabajadores María Eugenia Vidal”, denunciaron los operarios reprimidos esta madrugada, sin olvidar aquella promesa que la gobernadora realizó cuando afirmaba que Cresta Roja era el “símbolo del sí se puede”.

Pero, más allá de lo declarativo, la escasa intervención del Gobierno bonaerense en la solución de un largo conflicto que involucra a una empresa significativa de su jurisdicción, hace que esta avícola en crisis sea, a fuerza de gases y balas de goma, un símbolo de la represión.  

Vidal y Cresta Roja: la marca de la represión tras “el símbolo del sí, se puede”

El violento desalojo de este miércoles cuenta con una larga raíz represiva de un conflicto laboral que nunca se resolvió. Salvataje frustrado y aportantes de campaña arribados.

“Para mí, Cresta Roja en estos últimos cuatro meses de gobierno, se convirtió en el símbolo del sí, se puede”, sostuvo en abril de 2016 María Eugenia Vidal, en el primero de los dos actos que hizo en un mes en la avícola junto a Mauricio Macri –el segundo fue para escenificar el veto presidencial a la ley anti despidos. Ligar la arenga cliché de Cambiemos con el caso de esta empresa no fue casual en aquel discurso de la gobernadora bonaerense. Cresta Roja venía siendo un emblema de la conflictividad laboral en la provincia de Buenos Aires y un reflejo del fracaso rotundo de la intervención allí de su predecesor en el cargo, Daniel Scioli. Con el desembarco de la firma Proteinsa, tras la quiebra decretada de Rasic Hnos., el salvataje de la avícola se promocionó desde el macrismo como un ícono de la reactivación laboral.  
 


Aunque, previo a ello, Cresta Roja fue laboratorio del por entonces denominado protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al haber sido uno de los primeros teatros de operaciones represivos de la era Macri, a menos de dos semanas de haber asumido. “El corte impidiendo el paso de miles de personas no es aceptable”, sostuvo Vidal en aquel momento al respaldar la represión a los trabajadores que cortaban la autopista Ricchieri. Ese proceder de las fuerzas de seguridad y ese aval de la gobernadora fue un hilo conductor que acompaña hasta la actualidad a una crisis que sigue sin resolverse a pesar de la promesa inicial de la mandataria bonaerense a los operarios: “No lo vamos a dejar solos".

Alcanzando a ser la segunda avícola en magnitud, Cresta Roja llegó a tener más de 3 mil trabajadores. Pero, desde que Rasic se presentó en concurso de acreedores, en 2014, ese número comenzó a bajar significativamente. Mientras subía la temperatura de la campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2015, el gobierno sciolista intervino en el conflicto, prometiendo un rescate de $200 millones, de los que sólo se otorgó la mitad. El escenario de incertidumbre para los trabajadores, lejos de evaporarse, se incrementó cuando el ex motonauta dejó el poder bonaerense.
 


Y en este punto es donde siempre hizo foco Vidal: “Cresta roja estaba parada cuando asumimos, con sus obreros protestando todos en la ruta, con un desfalco de Rasic, que era su anterior dueño, en complicidad con el gobernador anterior y con Aníbal Fernández. 100 millones de pesos que no sabemos a dónde fueron”, remarcó la gobernadora en julio de 2017, cuando el conflicto en la avícola se reflotaba debido al despido de más de 50 trabajadores, indemnizaciones adeudadas y reincorporaciones no concretadas por parte de Proteinsa. En aquella ocasión,  la mandataria provincial remarcó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la Provincia se habían reunido con la empresa “para acordar que no haya despidos”. “Vamos a cuidar los puestos de trabajo”, volvió a subrayar, en un contexto donde los trabajadores ya les estaban recordando las promesas de no desamparo realizadas al inicio de su gestión.

Pero la conflictividad no tardó en reaparecer. En septiembre de 2017, los operarios rechazaron la oferta de Proteinsa consistente en abonar en el salario de ese mes el proporcional de antigüedad que no se estaba pagando. Al no considerar la empresa el principal reclamo referido al pago de las indemnizaciones correspondientes a los años de trabajo en tiempos de Rasic S.A, los trabajadores decidieron endurecer las medidas de fuerza.

La situación crítica volvió a ponerse de manifiesto en enero de este año, cuando los trabajadores de la planta El Jagüel, protestaron en reclamo del pago del sueldo adeudado de diciembre, más los bonos de fin de año, al tiempo que denunciaron el achicamiento y problemas de producción por el mal estado de los pollos en los criaderos. Por esos días de inicio de 2018, los operarios no dudaron en denunciar “un falso salvataje” de la avícola.
 


Y no se equivocaron. Sin efectuar las reincorporaciones prometidas y con cheques rebotados, Proteinsa se alejó de Cresta Roja, cediéndole el tablero de control a la familia que había competido a finales de 2015 por el manejo de la avícola: los De Grazia, propietarios de la firma número uno del sector, Granja Tres Arroyos, que arribaron al manejo de su antigua competidora con uno de los sellos del grupo: Wade S.A.

SOCIOS Y APORTES. Y aquí, surgen lazos amarillos. Los nuevos accionistas de Cresta Roja constituyeron en 2009 la Sociedad Anónima “Reproductores La Toma” para la instalación de módulos de recría en Córdoba, proyectando producir, hacia 2011, 42 millones de huevos para autoabastecimiento. Esta firma se conformó de la unión entre Granja Tres Arroyos y Avex. Como representante de esa última compañía, apareció en el directorio de Reproductores La Toma, junto con la familia De Grazia, el actual embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.

Ya con Cambiemos en el poder, los dueños de Granja Tres Arroyos reforzaron sus acercamientos con el mundo amarillo. En efecto, como aportante de la última campaña del oficialismo en la provincia manejada por Vidal, aparece Ariel Gaspar De Grazia, director titular de Wade S.A, la compañía que hoy maneja Cresta Roja.



Pero el arribo de Wade no cambió el escenario de conflictividad. Según denuncian los trabajadores, el programa de reestructuración que la familia De Grazia pretende llevar a cabo en Cresta Roja con el aval del Ministerio de Trabajo llevaría adelante despidos y suspensiones que afectarían al menos a 800 personas.  Por esto, se manifestaron en abril pasado en la cartera laboral y en el juzgado que tiene en sus manos el caso de la avícola. Allí, fueron reprimidos nuevamente, aunque no sería la última ni la más dura respuesta del Gobierno. Este miércoles a la madrugada, un nutrido operativo que contó con más de mil efectivos, entre agentes de Gendarmería e Infantería bonaerense, desalojó a fuerza de balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes, al grupo de manifestantes que estaban realizando un bloqueo en la planta de Ezeiza. “Así cuida a los trabajadores María Eugenia Vidal”, denunciaron los operarios reprimidos esta madrugada, sin olvidar aquella promesa que la gobernadora realizó cuando afirmaba que Cresta Roja era el “símbolo del sí se puede”.

Pero, más allá de lo declarativo, la escasa intervención del Gobierno bonaerense en la solución de un largo conflicto que involucra a una empresa significativa de su jurisdicción, hace que esta avícola en crisis sea, a fuerza de gases y balas de goma, un símbolo de la represión.