X
Luego del dictamen de la Procuración, Lorenzino le reclamó al máximo tribunal que falle en contra al pedido de la empresa.
Redacción 16/04/2018 15:56

La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó la resolución de Procuración General de la Nación para que la Corte Suprema de lugar al pedido de Farmacity de declarar la inconstitucionalidad a la resolución del Ministerio de Salud bonaerense, que le impide a la cadena instalarse en la provincia de Buenos Aires.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino expresó estar en contra “de este pronunciamiento que solo contempla un interés comercial particular y afecta directamente al acceso a la salud de los bonaerenses”. La resolución lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal que ocupa ese cargo desde la salida de Alejandra Gils Carbó
 


“Se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien fundó y dirigió la firma, y más allá de que anunció que se alejará de la empresa, sin dudas obtendrá ganancias ante el crecimiento que tendrá la compañía si la dejan instalarse en la Provincia”, denunció Lorenzino. 

En los fundamentos de la Defensoría, la resolución de la Procuración no reconoce el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública, indispensable para el acceso igualitario al medicamento como bien social.

La Corte Suprema de Justicia deberá resolver un pedido de la empresa para instalarse plenamente en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, solo el rubro de perfumería de Farmacity se desarrolla en territorio bonaerense. La actividad farmacéutica la tiene vedada, ya que se inscribe como una Sociedad Anónima y según la ley de Farmacias este tipo de figuras societarias no puede entrar en el mercado. 

 

 

 

La Defensoría del Pueblo le pide a la Corte que evite el desembarco de Farmacity

Luego del dictamen de la Procuración, Lorenzino le reclamó al máximo tribunal que falle en contra al pedido de la empresa.

La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó la resolución de Procuración General de la Nación para que la Corte Suprema de lugar al pedido de Farmacity de declarar la inconstitucionalidad a la resolución del Ministerio de Salud bonaerense, que le impide a la cadena instalarse en la provincia de Buenos Aires.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino expresó estar en contra “de este pronunciamiento que solo contempla un interés comercial particular y afecta directamente al acceso a la salud de los bonaerenses”. La resolución lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal que ocupa ese cargo desde la salida de Alejandra Gils Carbó
 


“Se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien fundó y dirigió la firma, y más allá de que anunció que se alejará de la empresa, sin dudas obtendrá ganancias ante el crecimiento que tendrá la compañía si la dejan instalarse en la Provincia”, denunció Lorenzino. 

En los fundamentos de la Defensoría, la resolución de la Procuración no reconoce el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública, indispensable para el acceso igualitario al medicamento como bien social.

La Corte Suprema de Justicia deberá resolver un pedido de la empresa para instalarse plenamente en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, solo el rubro de perfumería de Farmacity se desarrolla en territorio bonaerense. La actividad farmacéutica la tiene vedada, ya que se inscribe como una Sociedad Anónima y según la ley de Farmacias este tipo de figuras societarias no puede entrar en el mercado.