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Las provincias informan poco y mal sobre las interrupciones de embarazos en casos de riesgo para la vida de la madre, de violación o que involucren a mujeres dementes.
Por 15/04/2018 11:06

El Ministerio de Salud de la Nación tiene registradas solo 1.151 interrupciones legales de embarazos (ILE) realizadas en hospitales públicos en 2016, último balance oficial disponible. Discriminado por distritos, el registro da una pauta de la evolución de los programas de salud sexual y reproductiva a lo largo del país, pero también de la ausencia de una estadística confiable sobre un aspecto sanitario básico.

La mitad de los abortos legales llevados a cabo de acuerdo al Código Penal vigente desde 1921 se realizaron en la provincia de Santa Fe (592), indica la estadística. Su vecina Córdoba informó un caso en 2014 y luego calló. Más activa que la anterior estuvo Mendoza, que reportó dos, tres y un caso en el período 2014-2016, según el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Los datos que el Ministerio de Salud comenzó a requerir a las gobernaciones recién en 2014 revelan que solo un puñado de distritos lleva un registro con algún viso de seriedad. Ellos son Chubut, Santa Fe, Capital Federal y, en menor medida, Buenos Aires. Los dos primeros adhirieron al protocolo nacional de interrupción del embarazo firmado en 2015, mientras que la Ciudad redactó uno propio, más restrictivo. María Eugenia Vidal vetó en 2016 la adhesión a la normativa nacional que había impulsado su entonces ministra de Salud Zulma Ortiz, tras lo cual la sanitarista dejó el gabinete.

En cualquier caso, sólo la Capital Federal alcanzó a entregar la información de los tres años computados, pero con saltos estadísticos poco congruentes y un número absoluto que resulta bajo en relación a la cantidad de habitantes. Por caso, la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta dio cuenta de una cantidad de abortos legales llevados a cabo en 2016 apenas superior en un 50 por ciento a la de Chubut el año previo, pese a que la provincia patagónica alberga un sexto de la cantidad de habitantes que la gran urbe. La provincia de Buenos Aires indicó haber realizado 612 ILE en 2015, sin información posterior.

El resto de las provincias muestra cifras irrisorias o inexistentes. Sólo sobresale Salta, que aprobó un protocolo de interrupción del embarazo con cláusula de conciencia, con un salto abrupto a 85 abortos legales en 2016. Afinando el microscopio, se percibe que Río Negro, Jujuy y La Pampa reportaron más de cinco casos tres años seguidos. El resto, menos o ninguno.  

El mapa completo arroja que las provincias informaron que los abortos legales (por riesgo de vida o salud de la madre, violación, embarazo de una mujer demente) fueron 496 en 2014, subieron a 1.313 el año siguiente y bajaron a 1.151 en 2016.

 

 

De cara a los proyectos sobre el aborto que se debaten en el Congreso, la desinformación se presenta como una aliada clave para mantener el statu quo. Mientras que la coordinación del Programa de Salud Sexual reconoce, a su pesar, no tener un registro confiable, el Ministerio de Salud optó por no responder consultas de Letra P para poner en contexto los datos, obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información.  

La cartera que dirige Adolfo Rubinstein cuenta con otra estadística parcial, que es la de abortos bajo cualquier circunstancia, incluidas razones médicas espontáneas, entre 2011 y 2013. En ese trienio, el número de egresos hospitalarios catalogados como embarazos interrumpidos en todo el país osciló entre 44.782 y 48.949.

El socialista Miguel Lifschitz afirma llevar a cabo una política de salud reproductiva y educación sexual de cercanía en barrios y ciudades de Santa Fe, que en un próximo capítulo incluirá la producción estatal del misoprostol, medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.

Oraldo Llanos, subdirector del área de Género e Interculturalidad en Salud del Gobierno santafesino, indicó a Letra P que la política sanitaria llevada a cabo se ve reflejada en una sensible disminución de los períodos de internación y gravedad del cuadro de mujeres embarazadas. Por caso, Rosario exhibe un índice de muerte materna de 1,78 por 10.000 nacidos vivos, contra una media nacional que duplica el indicador, informó en marzo la secretaría de Salud de la Municipalidad.

“Falta mucho para alcanzar un registro confiable (sobre el aborto), porque se involucran aspectos emotivos, procedimentales, culturales e incluso migratorios que dificultan la tipificación de una ILE. No obstante, hemos mejorado mucho la calidad de la estadística, lo que permite estimaciones más certeras”, dijo Llanos. La información dada por el Gobierno de Santa Fe triplicó la cantidad de ILE entre 2015 y 2016 (172 a 592).

Córdoba y Santa Fe se encuentran inscriptas en un programa de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud a los efectos de encuadrar sus registros en parámetros de validez internacional.  

Aborto legal: un mapa nacional de estadísticas dudosas y cumplimiento incierto

Las provincias informan poco y mal sobre las interrupciones de embarazos en casos de riesgo para la vida de la madre, de violación o que involucren a mujeres dementes.

El Ministerio de Salud de la Nación tiene registradas solo 1.151 interrupciones legales de embarazos (ILE) realizadas en hospitales públicos en 2016, último balance oficial disponible. Discriminado por distritos, el registro da una pauta de la evolución de los programas de salud sexual y reproductiva a lo largo del país, pero también de la ausencia de una estadística confiable sobre un aspecto sanitario básico.

La mitad de los abortos legales llevados a cabo de acuerdo al Código Penal vigente desde 1921 se realizaron en la provincia de Santa Fe (592), indica la estadística. Su vecina Córdoba informó un caso en 2014 y luego calló. Más activa que la anterior estuvo Mendoza, que reportó dos, tres y un caso en el período 2014-2016, según el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Los datos que el Ministerio de Salud comenzó a requerir a las gobernaciones recién en 2014 revelan que solo un puñado de distritos lleva un registro con algún viso de seriedad. Ellos son Chubut, Santa Fe, Capital Federal y, en menor medida, Buenos Aires. Los dos primeros adhirieron al protocolo nacional de interrupción del embarazo firmado en 2015, mientras que la Ciudad redactó uno propio, más restrictivo. María Eugenia Vidal vetó en 2016 la adhesión a la normativa nacional que había impulsado su entonces ministra de Salud Zulma Ortiz, tras lo cual la sanitarista dejó el gabinete.

En cualquier caso, sólo la Capital Federal alcanzó a entregar la información de los tres años computados, pero con saltos estadísticos poco congruentes y un número absoluto que resulta bajo en relación a la cantidad de habitantes. Por caso, la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta dio cuenta de una cantidad de abortos legales llevados a cabo en 2016 apenas superior en un 50 por ciento a la de Chubut el año previo, pese a que la provincia patagónica alberga un sexto de la cantidad de habitantes que la gran urbe. La provincia de Buenos Aires indicó haber realizado 612 ILE en 2015, sin información posterior.

El resto de las provincias muestra cifras irrisorias o inexistentes. Sólo sobresale Salta, que aprobó un protocolo de interrupción del embarazo con cláusula de conciencia, con un salto abrupto a 85 abortos legales en 2016. Afinando el microscopio, se percibe que Río Negro, Jujuy y La Pampa reportaron más de cinco casos tres años seguidos. El resto, menos o ninguno.  

El mapa completo arroja que las provincias informaron que los abortos legales (por riesgo de vida o salud de la madre, violación, embarazo de una mujer demente) fueron 496 en 2014, subieron a 1.313 el año siguiente y bajaron a 1.151 en 2016.

 

 

De cara a los proyectos sobre el aborto que se debaten en el Congreso, la desinformación se presenta como una aliada clave para mantener el statu quo. Mientras que la coordinación del Programa de Salud Sexual reconoce, a su pesar, no tener un registro confiable, el Ministerio de Salud optó por no responder consultas de Letra P para poner en contexto los datos, obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información.  

La cartera que dirige Adolfo Rubinstein cuenta con otra estadística parcial, que es la de abortos bajo cualquier circunstancia, incluidas razones médicas espontáneas, entre 2011 y 2013. En ese trienio, el número de egresos hospitalarios catalogados como embarazos interrumpidos en todo el país osciló entre 44.782 y 48.949.

El socialista Miguel Lifschitz afirma llevar a cabo una política de salud reproductiva y educación sexual de cercanía en barrios y ciudades de Santa Fe, que en un próximo capítulo incluirá la producción estatal del misoprostol, medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.

Oraldo Llanos, subdirector del área de Género e Interculturalidad en Salud del Gobierno santafesino, indicó a Letra P que la política sanitaria llevada a cabo se ve reflejada en una sensible disminución de los períodos de internación y gravedad del cuadro de mujeres embarazadas. Por caso, Rosario exhibe un índice de muerte materna de 1,78 por 10.000 nacidos vivos, contra una media nacional que duplica el indicador, informó en marzo la secretaría de Salud de la Municipalidad.

“Falta mucho para alcanzar un registro confiable (sobre el aborto), porque se involucran aspectos emotivos, procedimentales, culturales e incluso migratorios que dificultan la tipificación de una ILE. No obstante, hemos mejorado mucho la calidad de la estadística, lo que permite estimaciones más certeras”, dijo Llanos. La información dada por el Gobierno de Santa Fe triplicó la cantidad de ILE entre 2015 y 2016 (172 a 592).

Córdoba y Santa Fe se encuentran inscriptas en un programa de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud a los efectos de encuadrar sus registros en parámetros de validez internacional.