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Ese fue el más importante de los puntos acordados. El documento final abre la puerta a una ambigua cooperación internacional en esa área.
Por 14/04/2018 20:55

Opacada por el ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria y la consecuente ausencia de Donald Trump, la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrolló en Lima, finalizó este sábado con un logro modesto:  que todos los países participantes firmaran un documento comprometiéndose a avanzar con medidas para combatir la corrupción.

En el llamado “Compromiso de Lima”, se reconoce que “la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho”. El documento cuenta con más de 50 puntos divididos por temas, entre los se encuentra la “Combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; recuperación de activos y cooperación jurídica internacional”.

En relación a este último punto, se menciona además la necesidad de “adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción” en caso de no estar previsto en las legislaciones nacionales de los países firmantes. Aunque los documentos emanados de las cumbres no son vinculantes, de avanzarse en esa línea se podría internacionalizar la justicia abocada a delitos de corrupción, limitando las atribuciones de los poderes judiciales de los estados.

Fuera de esto, el otro dato relevante fue que 16 de los 33 países presentes -las excepciones fueron Evo Morales de Bolivia, Tabaré Vázquez de Uruguay y Ecuador- firmaron junto al vicepresidente norteamericano Mike Pence otro documento, crítico de la situación venezolana y desconociendo de hecho la legalidad de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Paraguay, entre otros, fueron los Gobiernos que acompañaron esta posición, que era el objetivo principal de la Casa Blanca en la Cumbre.

 

 

Como contó Letra P, el presidente argentino Mauricio Macri, fue uno de los principales voceros de la posición cuestionadora del chavismo en el encuentro, mientras que Morales lo defendió casi en soledad. Paradójicamente, ante el silencio del argentino, fue el mandatario boliviano quien reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Desde Venezuela, Nicolás Maduro, “desinvitado” del encuentro por el Gobierno peruano, hizo foco en lo deslucido de la cumbre, la primera de su tipo que no cuenta con la presencia de un presidente norteamericano y donde solo 18 de los 35 países de América enviaron a sus máximos representantes.

En rigor, la cita resultó opaca desde el vamos por la contradicción imperante acerca del lema convocante, “Gobernabilidad frente a la corrupción” y el hecho de que el presidente anfitrión, Pedro Pablo Kuscynski, haya sido destituido días atrás acusado de haber recibido  sobornos de la empresa brasileña Odebretch. No solo eso, de los últimos cinco presidentes que tuvo Perú, actualmente uno está preso, uno prófugo, uno indultado, uno apelando condena en instancias judiciales y otro destituido. Todos por cargos de corrupción.

Muchos de los visitantes no tienen mejores credenciales. El brasileño Michel Temer fue grabado dando indicaciones sobre cómo realizar un soborno y solo esquivó el juicio político por la protección que le dio el Congreso. El colombiano Juan Manuel Santos, en tanto, está involucrado en el caso Odebrecht y se espera que afronte problemas judiciales cuando termine su mandato en julio próximo. Similar escenario le espera por ejemplo al mexicano Enrique Peña Nieto, también mencionado en el caso Odebrecht, y al costarricense Guillermo Solís por el llamado “cementazo”.

 

 

Mirando el vaso medio lleno, puede destacarse que la corrupción por primera vez empuja a la cárcel a altos funcionarios, algo inédito en la historia de la región, pero el costo a pagar por las debilitadas democracias latinoamericanas puede ser alto. Como explicaba Letra P al analizar el caso Lula, los insumos iniciales para el caso Odebrecht provienen de Estados Unidos. ¿Hay intencionalidad política detrás del avance de la Justicia contra la corrupción? ¿Podrán los Estados sobrevivir a la deslegitimación que implica que gran parte de su clases dirigentes estén involucradas en casos de soborno? ¿Quién o quiénes se benefician con este escenario? El interrogante está abierto. Esa historia está por escribirse.

Cumbre de las Américas promueve justicia internacional en casos de corrupción

Ese fue el más importante de los puntos acordados. El documento final abre la puerta a una ambigua cooperación internacional en esa área.

Opacada por el ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria y la consecuente ausencia de Donald Trump, la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrolló en Lima, finalizó este sábado con un logro modesto:  que todos los países participantes firmaran un documento comprometiéndose a avanzar con medidas para combatir la corrupción.

En el llamado “Compromiso de Lima”, se reconoce que “la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho”. El documento cuenta con más de 50 puntos divididos por temas, entre los se encuentra la “Combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; recuperación de activos y cooperación jurídica internacional”.

En relación a este último punto, se menciona además la necesidad de “adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción” en caso de no estar previsto en las legislaciones nacionales de los países firmantes. Aunque los documentos emanados de las cumbres no son vinculantes, de avanzarse en esa línea se podría internacionalizar la justicia abocada a delitos de corrupción, limitando las atribuciones de los poderes judiciales de los estados.

Fuera de esto, el otro dato relevante fue que 16 de los 33 países presentes -las excepciones fueron Evo Morales de Bolivia, Tabaré Vázquez de Uruguay y Ecuador- firmaron junto al vicepresidente norteamericano Mike Pence otro documento, crítico de la situación venezolana y desconociendo de hecho la legalidad de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Paraguay, entre otros, fueron los Gobiernos que acompañaron esta posición, que era el objetivo principal de la Casa Blanca en la Cumbre.

 

 

Como contó Letra P, el presidente argentino Mauricio Macri, fue uno de los principales voceros de la posición cuestionadora del chavismo en el encuentro, mientras que Morales lo defendió casi en soledad. Paradójicamente, ante el silencio del argentino, fue el mandatario boliviano quien reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Desde Venezuela, Nicolás Maduro, “desinvitado” del encuentro por el Gobierno peruano, hizo foco en lo deslucido de la cumbre, la primera de su tipo que no cuenta con la presencia de un presidente norteamericano y donde solo 18 de los 35 países de América enviaron a sus máximos representantes.

En rigor, la cita resultó opaca desde el vamos por la contradicción imperante acerca del lema convocante, “Gobernabilidad frente a la corrupción” y el hecho de que el presidente anfitrión, Pedro Pablo Kuscynski, haya sido destituido días atrás acusado de haber recibido  sobornos de la empresa brasileña Odebretch. No solo eso, de los últimos cinco presidentes que tuvo Perú, actualmente uno está preso, uno prófugo, uno indultado, uno apelando condena en instancias judiciales y otro destituido. Todos por cargos de corrupción.

Muchos de los visitantes no tienen mejores credenciales. El brasileño Michel Temer fue grabado dando indicaciones sobre cómo realizar un soborno y solo esquivó el juicio político por la protección que le dio el Congreso. El colombiano Juan Manuel Santos, en tanto, está involucrado en el caso Odebrecht y se espera que afronte problemas judiciales cuando termine su mandato en julio próximo. Similar escenario le espera por ejemplo al mexicano Enrique Peña Nieto, también mencionado en el caso Odebrecht, y al costarricense Guillermo Solís por el llamado “cementazo”.

 

 

Mirando el vaso medio lleno, puede destacarse que la corrupción por primera vez empuja a la cárcel a altos funcionarios, algo inédito en la historia de la región, pero el costo a pagar por las debilitadas democracias latinoamericanas puede ser alto. Como explicaba Letra P al analizar el caso Lula, los insumos iniciales para el caso Odebrecht provienen de Estados Unidos. ¿Hay intencionalidad política detrás del avance de la Justicia contra la corrupción? ¿Podrán los Estados sobrevivir a la deslegitimación que implica que gran parte de su clases dirigentes estén involucradas en casos de soborno? ¿Quién o quiénes se benefician con este escenario? El interrogante está abierto. Esa historia está por escribirse.