Política

Trabajadoras de la Línea 144 reclaman que Vidal las reconozca como estatales

Operadoras que forman parte del programa contra la violencia hacia la mujer denuncian la privatización de las políticas de género. Reclaman la estatización de la línea, hoy bajo la órbita empresarial.

En el marco del Paro Internacional de Mujeres, las trabajadoras de la Línea 144, dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos, denunciaron la situación de precarización laboral en la que desarrollan su tarea y reclamaron que la administración de María Eugenia Vidal estatice el programa que forma parte de las políticas públicas en contra de la violencia de género, teniendo en cuenta que el personal es contratada por una empresa privada.

 

“Decidimos parar y hacer eje en la privatización de las políticas de género”, señaló a Letra P Cintia Nucifora, delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos, en referencia a la decisión del gobierno bonaerense de realizar un convenio con una empresa privada para la contratación de las operadoras que trabajan en la Línea 144, un número gratuito para que las víctimas de violencia de género puedan pedir ayuda o asesoramiento de especialistas.

 

Esta vía de comunicación se conformó en el marco de la “Ley Nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, como instancia de primera atención a mujeres en situación de violencia de género que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. La tarea de las operadoras consiste en la contención, asesoramiento, derivación, seguimiento e intervención en situaciones de crisis, a mujeres que sufren violencia de género en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

 

 

En este sentido, desde el sector detallaron que “si bien a nivel provincial ya existía una línea de atención con una tarea similar, en el año 2016 se decide descentralizar a la provincia de Buenos Aires de la línea nacional, debido al gran caudal de llamadas recibidas desde territorio específico”. En ese contexto que el gobierno provincial “realizó un convenio con una empresa privada, Provincia Net, para la contratación de las operadoras que trabajan en el programa, bajo el argumento de que el Estado está en “emergencia” y por lo tanto no puede permitir el ingreso a la planta de nuevas trabajadoras”.

 

“No somos reconocidas ni como profesionales ni como trabajadoras estatales en el ejercicio de una tarea pública, sino como empleadas de comercio”, señaló Nucifora, quien aclaró que con su reclamo “no se desmerece la tarea de una empleada de comercio, sino que la tarea que se realiza en la línea está muy lejos de ser comercial”.

 

En este sentido, indicó que tras mantener reuniones con autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, conducida por Santiago Cantón, les respondieron que “la provincia está en situación de emergencia y que se unificarían todos los call center, pero lo que hacemos no son tareas de call center, sino parte de una política pública”.

 

“Hay una decisión de la gobernadora de seguir precarizando porque no vemos que se estén generando propuestas para estatizar la línea”, agregó la delegada de ATE y detalló que algunas operadoras son contratadas por Provincia Net y otras son monotributistas y figuran como “prestadoras de un servicio”.

 

En esa línea, en el comunicado que las trabajadores hicieron circular este jueves en el marco del #8M, resaltan que “so se trata solamente de nuestro trabajo, sino de la situación actual de la política pública en materia de violencia de género de la provincia de Buenos Aires, la cual está siendo desfinanciada, dificultando la intervención integral en situaciones de violencia de género”.

 

 

 

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