Medios

Los números de Indalo lo llevan al abismo y la AFIP decide su destino

El fisco debe optar entre empujar al grupo a la quiebra, desatar una crisis laboral y política y resignarse a cobrar una pequeña parte de la deuda, o estirar la ley para permitir la continuidad.

En días de vértigo marcados por la liberación de sus accionistas y el desplazamiento judicial de sus directores, el Grupo Indalo afronta una situación contable que no deja de agravarse. El expediente del concurso preventivo de Oil Combustibles, buque insignia del holding que tramita desde diciembre un concurso de acreedores, define un escenario en el que asoma el colapso, con la hipótesis de una quiebra inminente que sólo podría evitar una decisión política la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 

La definición de la AFIP -por lo tanto, del gobierno de Mauricio Macri- es un paso ineludible para que se concrete una compra total o parcial por parte de un tercero, algo de por sí problemático. Hasta ahora, competidores, clientes e inversores extranjeros dejaron saber su interés en ciertos activos e incluso participaron de negociaciones, pero todo en fase muy preliminar.    

 

De acuerdo al expediente al que tuvo acceso Letra P, que tramita en el juzgado comercial N°5 a cargo de Javier Cosentino, el organismo que todavía dirige Alberto Abad y que en breve quedará bajo la órbita de Leandro Cuccioli es acreedor de 10.474 millones de pesos verificados, lo que representa 70 por ciento de la deuda total concursada -15.000 millones de pesos-, y 1.366 millones de pesos impagos posteriores a la convocatoria de acreedores. Este último monto, al haber sido contraído luego del concurso y estar vencido, es embargable en el corto plazo. Se suma a cerca de 400 millones de pesos de deuda con privados posterior a la apertura del concurso.

 

“Con la venta de activos líquidos (de pronta disponibilidad) se podría reducir el pasivo postconcursal pero no atenderlo íntegramente ni mucho menos”, sentenciaron los interventores judiciales en el expediente. En un proceso de eventual liquidación, se produciría el remate de la refinería en San Lorenzo, plantas de almacenamiento, tres muelles sobre el Paraná y un puñado de estaciones de servicio propias. Pero fuentes con acceso a la contabilidad afirman que su valor sería apenas una parte menor del total de la deuda.

 

La refinería de Oil, en San Lorenzo, Santa Fe.

 

Con la refinería de Oil paralizada, la AFIP tiene frente a sí la opción de acelerar la quiebra, si sigue a rajatabla lo estipulado por la ley, dadas las circunstancias, o habilitar por excepción un esquema para garantizar la continuidad de la actividad, con la amenaza de la lupa judicial y de otorgar más tiempo a un holding que demostró intenciones de evasión o fraudulentas –lo discute el fuero federal-, no sólo los años pasados sino también en meses recientes.

 

Tras la liberación el viernes de los socios Cristóbal López y Fabián de Sousa dispuesta por la Cámara Federal, instancia que más allá del ruido mediático generó consenso jurídico en Tribunales, y el desplazamiento de la oscura dirección a cargo de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre dispuesta el martes por el juez comercial, es el expediente del concurso el que lleva la voz cantante.

 

La cesación de pagos actual implica una crisis laboral con epicentro en San Lorenzo, Santa Fe, donde se ubica la refinería, que atañe a 450 empleados; el aumento de la deuda impositiva y comercial; y la ruptura de contratos -por ejemplo, con cerca de 240 estacioneros a los que Oil no está abasteciendo de combustibles-. En suma, la empresa necesita ingresos mensuales por 2,7 millones de dólares, unos 55 millones de pesos, para afrontar gastos operativos, de acuerdo a lo informado en el expediente por los interventores judiciales Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva. La escena hoy es de “ausencia de ingresos”, firmaron los delegados del juzgado.

 

Mientras tanto, se define la suerte de los concursos solicitados por Indalo para sus otras empresas, entre ellas las controlantes de los medios de comunicación, como las radios 10, Pop, Mega, One y Vale; el canal C5N; los diarios Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald; y las webs, entre otros. Trabajadores de esas empresas vienen sufriendo severas demoras e irregularidades en el pago de salarios, en tanto que se registran incumplimientos de acuerdos de desvinculación homologados en el Ministerio de Trabajo, como los correspondientes al personal del Herald -cerrado en julio pasado-, Ámbito Financiero y productoras de televisión. El juzgado de Cosentino podría absorber todos los concursos y, en ese caso, no debería descartarse una quiebra en cascada. Aunque también podría encontrar mayor margen de maniobra.

 

 

 

Contrariamente a lo publicado, Abad no tenía la semana pasada la intención de empujar la quiebra dado el costo político, social y laboral que implicaría. La liberación de López y De Sousa, que trató de ser explotada por el oficialismo como un revés en su denominada “lucha contra las mafias”, pudo haber inducido un cambio de estrategia, indican interlocutores del jefe de la AFIP. Sin embargo, la proximidad al Gobierno de algunos de los interesados en quedarse con activos de Indalo impide la formulación de razonamientos lineales. 

 

La rusa Lukoil tiene a hombres operando en Buenos Aires desde la semana pasada. También se mueven competidores de Oil como YPF y la sociedad conformada por Daniel Vila y José Luis Manzano, o clientes como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Sin embargo, las hipótesis de compra de una empresa cuyo corazón está en una refinería en San Lorenzo con necesidad de reinversión y alto riesgo ecológico no está exenta de complicaciones.

En la fase final de su enigmática gestión, Rosner y Dellatorre informaron que los accionistas no estaban dispuestos a inyectar fondos propios ni dieron ninguna precisión que permitiera vislumbrar una salida. Esta semana, el Grupo Indalo formuló una presentación ante el juzgado en la que afirma tener activos ociosos por varias decenas de millones de dólares, entre los que cita el hotel Los Notros en El Calafate, un shopping en Chubut, un helicóptero, aviones, una pequeña petrolera y otras propiedades. El texto, firmado por el abogado Eduardo Favier Dubois -ex juez que factura una cifra millonaria al Grupo-, se priva de indicar la identidad del eventual comprador por razones “de confidencialidad”.

 

Los interventores Cárrega y Bianchi concluyeron en un escrito que si la AFIP no acuerda y, acto seguido, no aparece un inversor con fondos propios, “la continuidad sólo incrementará el pasivo postconcursal y cada día que pasa tornaría más difícil una posible superación de la crisis y, en consecuencia, el recupero de créditos de los acreedores, que tienen también el deber de velar para que ello no ocurra”. 

 

También te puede interesar