El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, separó a dos funcionarios de su gobierno y a dos empleados, involucrados en una investigación judicial por presunto lavado de activos.
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El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, separó a dos funcionarios de su gobierno y a dos empleados, involucrados en una investigación judicial por presunto lavado de activos.
Por decreto, separó al secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y al subsecretario de Comercios y Servicios, Roberto Lugo, según confirmó a través de un comunicado. También a Susana Fernández e Ismael Fernández, quienes cumplían actividades en la oficina privada del gobernador.
Los funcionarios y empleados mencionados son investigados por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, quién ordenó allanamientos realizados en siete oficinas gubernamentales.
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También se allanaron el domicilio particular de uno de los funcionarios y de dos guarderías náuticas en la localidad de Antequeras -a 10 kilómetros de Resistencia- donde se secuestraron entre 3 y 5 embarcaciones.
Una fuente cercana al gobernador dijo que "Peppo no dudó en tomar esta decisión para que la investigación de la causa se realice sin ningún tipo de limitación y permita esclarecer si se cometieron o no los delitos que dieron lugar a los numerosos allanamientos realizados ayer y hoy".
En el comunicado oficial destaca que la separación de los funcionarios y empleados tiene el objetivo de "contribuir al esclarecimiento de la investigación judicial".
Dejó en claro además que "se ordenó a todas las áreas del Estado provincial a prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial".
Por medio del decreto el gobernador chaqueño también dispuso la suspensión de "todo paso y ejecución de contratos de pautas publicitarias" y ordenó que se forme una "unidad de control, gestión y auditoría para verificar los contratos en vigencia".