DETRÁS DE ESCENA. AJUSTE MAYOR

Un descuento PA'MÍ

Macri les pide a sus amigos de la industria farmacéutica que paren un año de amasar fortunas y bajen los remedios para jubilados. El elefante indomable y la pelea sorda del Sr. Farmacity.

Con el ajuste como mandamiento vital, Mauricio Macri se topó con una evidencia que le enseñaron desde la jefatura de Gabinete: el peso desproporcionado de los medicamentos en los costos que afronta el Estado en el rubro de la salud. El Presidente apuesta a ahorrar entre tres mil y cinco mil millones de pesos este año en la renegociación del PAMI con la industria farmacéutica, un gigante que nunca pierde.

 

Como informó Marcelo Zlotogwiazda en Infobae, el Gobierno se encamina a comprar en licitación los medicamentos especiales y a fijar precios máximos para los remedios ambulatorios.

 

En línea directa con Gustavo Lopetegui, el encargado de reducir las ganancias siderales de los laboratorios es Silvio Cassinotti, el titular de la obra social de los jubilados que reemplazó a Carlos Regazzoni, hace casi un año, en circunstancias similares a las actuales.

 

Cainotti, de las droguerías a UPCN, al IOMA de Scioli y Vidal y al PAMI de Macri.

 

 

De padre farmacéutico, ligado al peronismo, Cassinotti tiene un pasado frondoso en el sector privado en el que conviven su rol de director de la Cámara de Droguerías y la creación de Accord -la prepaga de Unión Personal- con el único antecedente en la función pública en el IOMA durante las gestión de Daniel Scioli. Considerado un técnico, tiene una misión clara: reducir los costos y diferenciarse de gestiones anteriores que usaron al PAMI como aguantadero de la política. Las denuncias contra Cassinotti por su trabajo en la obra social de los estatales bonaerenses quedaron perdidas en la justicia bonaerense, también conmovida por la ternura de María Eugenia Vidal, que se lo quedó en la transición de 2015.

 

Según un informe de 2017 del ex titular de Auditoría de PAMI Mario Borini, la industria farmacéutica es oligo-monopólica en Argentina: 20 entre 300 laboratorios facturan el 80% del gasto en medicamentos, cuatro entre 450 droguerías concentran el 70% del mercado y cuatro distribuidoras realizan el 99% de las ventas. Borini remarca que PAMI desmanteló sus áreas de control de medicamentos, de manera que carece de estadísticas propias del consumo real del producto que representa su mayor gasto. Y destaca que Argentina dispone de 39 laboratorios públicos (estatales) distribuidos en 17 Provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, pero PAMI no los contrata, renunciando así a precios mucho más bajos que los que paga por el Convenio. La única excepción es la del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, porque produce factores exclusivos contra las fallas de coagulación.

 

El contrato actual con las tres cámaras que dominan el negocio de los medicamentos vence el 1 de abril y los funcionarios de Cambiemos apuestan a sellar el nuevo acuerdo entre el 10 y el 15 de marzo. Representa entre el 25 y el 27% del Presupuesto de la obra social, que atiende a cinco millones de jubilados y pensionados.

 

 

 

Según le dijo a Letra P uno de los empresarios del rubro, la industria farmacéutica está dispuesta a reducir costos y “poner el hombro”. Difícil negarse a una dosis de austeridad después de la fiesta despampanante de uno de sus miembros principales, Alejandro Roemmers, en Marrakech. Alejandro Bercovich informó en el diario Bae que la fiesta para 600 invitados costó 11 millones de dólares y cayó mal en el gobierno de Macri. Quizás advertidos de que la señal de Roemmers no era la mejor, esta vez los funcionarios de Cambiemos que asistieron a festejos anteriores decidieron bajarse del charter. Macri y Nicolás Caputo, que estaban entre los habitués, prefirieron ausentarse en los últimos años.

 

Nucleados en CILFA, Caeme y Cooperala, los laboratorios sacaron una ventaja relevante en 1997, cuando firmaron un contrato con el PAMI de Víctor Alderete y la guía de Pablo Challú. Es la fecha en la que se inicia la cartelización del sector que no hizo más que profundizarse en las últimas dos décadas.

 

En Argentina: 20 entre 300 laboratorios facturan el 80% del gasto en medicamentos, cuatro entre 450 droguerías concentran el 70% del mercado y cuatro distribuidoras realizan el 99% de las ventas.

En esa época, Roemmers era un jugador menor en comparación con otros como Bagó y no tenía entre sus amigos al presidente de la Nación. Comparte esa cercanía con otros destacados exponentes de la industria, como Daniel Sielecki, socio de Hugo Sigman en el laboratorio Phoenix.

 

Según pudo saber Letra P, Macri hizo llegar un mensaje que tranquilizó a los grandes laboratorios: busca “preservar la industria nacional”, más allá de la guerra de Mario Quintana -fundador de Farmacity- con el sector. Los conocedores del rubro coinciden: 2018 es un buen año para que los laboratorios ganen un poco menos. No hay elecciones, el momento culmine en que la alta política suele acudir a los empresarios del sector para financiar sus campañas. En 2019, se verá.

 

SUPERMARIO. Por haber sido el creador de Farmacity y haber desafiado a la industria con la cadena creada en hace dos décadas que hoy tiene alrededor de 300 sucursales en todo el país, Mario de Mataderos no puede intervenir en ningún conflicto con sus competidores, los farmacéuticos que actúan -en este punto- en línea con los laboratorios. Aunque renunció al directorio de la empresa, Quintana todavía no informó si cumplió con la promesa que le hizo a Elisa Carrió de desprenderse de sus acciones. El que tiene línea directa con Cassinotti es Lopetegui, el otro vicejefe de Gabinete que actúa en tándem con Quintana y que además es socio suyo.

 

Para los laboratorios, como para muchos funcionarios de la administración Cambiemos, Quintana y Lopetegui son la misma persona. Consolidada como poder permanente, la industria farmacéutica está convencida de que, cuando la alianza Cambiemos abandone el poder, el fundador del Fondo Pegasus volverá al negocio en busca de monopolizar la venta minorista de medicamentos.

 

Ahora, la pelea entre gigantes puede redundar en un beneficio tardío para el PAMI y para los distintos organismos y niveles del Estado, los principales compradores de remedios.

 

“Los medicamentos para enfermos crónicos aumentaron 170% sólo en 2016 y 300 % en los últimos dos años.”

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, desde que Macri ganó las elecciones, la industria ya se aseguró un colchón confortable para ceder algo de sus ganancias. Los aumentos en los medicamentos, incluso antes de que asumiera la Presidencia, fueron astronómicos, duplicando y triplicando la inflación, con incrementos que se ubican incluso por encima de lo que subieron los servicios públicos en plena era del tarifazo.

 

“Los medicamentos para enfermos crónicos aumentaron 170% sólo en 2016 y 300 % en los últimos dos años”, le dijo Semino a Letra P. Los empresarios nucleados en CILFA dicen que apenas se pusieron al día después de los años en que Guillermo Moreno los corría con el control de precios. 

 

Para un hombre del Gobierno que conoce el proyecto oficial, los precios de los remedios no aumentaron -en promedio- ese porcentaje y ya venían subiendo incluso en tiempos del secretario de Comercio del kirchnerismo. Aunque, reconoce, que en Argentina hay drogas que salen 10 veces más caras que en el exterior.

 

El PAMI PRO. Como es habitual también con Cambiemos cuando, hace casi un año, Regazzoni se fue eyectado del Gobierno los motivos no quedaron claros. Se dijo que se negó a ajustar en los servicios esenciales y hasta se publicó que se metió en un negocio personal del Presidente. Las fuentes consultadas por Letra P discrepan. Algunos dicen que tenía una relación demasiado cercana al laboratorio Bagó y otros destacan la tropa propia que metió en la obra social de los jubilados en función de su principal obsesión, llegar a la intendencia de Almirante Brown.

 

 

 

De bajo perfil, la gestión de Cassinotti como director ejecutivo del PAMI es puro contraste, más aún si logra reducir el precio de los medicamentos que paga el organismo. Llegó al tercer piso del edificio de Avenida Corrientes 655 junto a su mano derecha, Víctor López Monti -subdirector ejecutivo-; el coordinador de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios, Ricardo De Los Santos, y un núcleo reducido de colaboradores.

 

Promovió a empleados de carrera y sólo mantuvo en la plana mayor al secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación del PAMI, Martín Voss, y al militar Fernando Andrés Domínguez al frente de la Secretaría General Técnico Operativa. Además, redujo la estructura del organismo. Dejó tres de las ocho secretarías que existían y 38 de las 74 gerencias que tenía Regazzoni. Algo similar hizo con las subgerencias. Así ahorró 217 millones de pesos por año, una cifra menor en la ecuación general de un presupuesto de 145 mil millones de pesos, pero simbólica y más a tono con la austeridad que el cumpleaños de Roemmers.

 

“Se han cronificado los problemas. Esta semana, los proveedores cortaron la entrega de pañales. Hay pacientes que están esperando una prótesis de rodilla hace tres años. Son importadas y cuando no se hace el reemplazo de la rodilla se rompe después la cadera. El otro tema es la falta de camas: los prestadores están quebrando y en el conurbano directamente no hay camas de terapia intensiva. La semana pasada quebró el centro gallego y en zona sur no hay prestadores. El PAMI se va hundiendo como todo”, afirma Semino. Todo, en el marco de la crisis extendida del sistema de salud, que afronta problemas terminales, con las obras sociales más chicas al borde de la quiebra.

 

 Desde el Gobierno, afirman que se trata de un problema estructural que lleva décadas y aseguran que la cantidad de camas no disminuyó, sino que aumentó. En cuanto a las prótesis, dicen que hoy no hay demoras y atribuyen las mil prótesis de retraso a gestiones anteriores, incluida la de Regazzoni.

 

Sería un exceso pedirle a Cassinotti que, además, desista de la designación -como asesor- de Nicolás Siseles, el director de Protección de Trabajo de la gestión de Macri en la Ciudad que en 2002 fue condenado por la justicia del Trabajo por mantener en negro, durante tres años, a un empleado en su estudio jurídico.

 

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