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Doctrina para la tribuna norte

Además de maniobras para sacar el foco de la economía, el relanzamiento de la política de seguridad es un gesto de la Casa Rosada para las potencias que vienen a la Cumbre y, en especial, para Trump.
Por 12/02/2018 11:14

El presidente Mauricio Macri “decidió relanzar la política de seguridad” con una serie de medidas que generaron duras polémicas en las últimas semanas, como el “cambio en la doctrina” del accionar policial que anunció la ministra Patricia Bullrich cuando puso como ejemplo a seguir la “mano dura” del policía Luis Chocobar. A esas reformas, que el Gobierno podría impulsar a través de una reforma en el Código Penal, se sumaron el proyecto que esta semana le entregará el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para “reformular el rol de las Fuerzas Armadas” (FF.AA.) de manera que colaboren “brindando apoyo logístico” en seguridad interior, en temas como narcotráfico, terrorismo y defensa de los recursos naturales; y el anuncio del Ministerio del Interior sobre el endurecimiento en los controles a inmigrantes que tengan antecedentes penales, que se vio reflejado en la firma de convenios con provincias que comparten fronteras con países limítrofes. Fuentes del Gobierno admitieron a Letra P que la proactividad oficial “no sólo responde a una estrategia de comunicación” diseñada para retomar la agenda política perdida en el mes de enero, sino que “se trata de una decisión política de Macri” para “mostrar de cara a la Cumbre del G-20” que se realizará en Buenos Aires a mediados de este año.

 

 

En el Gobierno –ante las denuncias de la oposición y de organismos de derechos humanos contra Macri y Bullrich por supuesta apología del delito y violaciones a los derechos constitucionales- intentan esquivar el mote de “mano dura” y prefieren calificar las medidas como de “mano justa”.

El argumento es que la administración Cambiemos buscará “un equilibrio”. “Macri decidió reimpulsar la política de seguridad poniéndose del lado de las víctimas que reclaman meter presos a los delincuentes. Ni mano dura, ni mano blanca: mano justa”, argumentan en Balcarce 50 en defensa de las medidas que volvieron a dejar en el centro de las críticas, como en los casos Maldonado y Nahuel, a la ministra Bullrich por su encendida defensa de uniformados sospechados y hasta procesados por acciones que podrían constituir excesos en el uso de la fuerza.

 

 

Siguiendo el plan de Macri, Bullrich viajó esta semana a Washington para reunirse con autoridades del FBI, la DEA y la Secretaría de Seguridad Interior de la administración Trump y luego se sumó el ministro de Defensa para terminar de diseñar lo que será el operativo de seguridad para la cumbre del G20, que traerá al país a mediados de este año a los presidentes de las principales potencias del mundo.

“Macri banca a muerte a Bullrich”, repiten en los pasillos de la Casa Rosada, más allá de las diferencias que mantienen con ella algunos ministros como Marcos Peña y Rogelio Frigerio, por el estilo autónomo de la titular de Seguridad, que se puso al frente en los medios en defensa de lo que la funcionaria bautizó mano una "nueva doctrina" que le otorga el beneficio de la duda a los policías.   

Macri miró las encuestas, según admitió públicamente su asesor en comunicación, Jaime Durán Barba, pero también mira al norte y al G20 que le reclama garantías para evitar cualquier tipo de atentados terroristas o las protestas que suelen acompañar ese tipo de cumbres presidenciales en todo el mundo. En ese marco, el Gobierno no quiere perder de vista el ingreso de inmigrantes en los pasos de la triple frontera, pero también pretende vigilar de cerca las acciones de la RAM en la Patagonia, algo que ya acordó con varios gobernadores de esa región, admitieron las fuentes.

 

Doctrina para la tribuna norte

Además de maniobras para sacar el foco de la economía, el relanzamiento de la política de seguridad es un gesto de la Casa Rosada para las potencias que vienen a la Cumbre y, en especial, para Trump.

El presidente Mauricio Macri “decidió relanzar la política de seguridad” con una serie de medidas que generaron duras polémicas en las últimas semanas, como el “cambio en la doctrina” del accionar policial que anunció la ministra Patricia Bullrich cuando puso como ejemplo a seguir la “mano dura” del policía Luis Chocobar. A esas reformas, que el Gobierno podría impulsar a través de una reforma en el Código Penal, se sumaron el proyecto que esta semana le entregará el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para “reformular el rol de las Fuerzas Armadas” (FF.AA.) de manera que colaboren “brindando apoyo logístico” en seguridad interior, en temas como narcotráfico, terrorismo y defensa de los recursos naturales; y el anuncio del Ministerio del Interior sobre el endurecimiento en los controles a inmigrantes que tengan antecedentes penales, que se vio reflejado en la firma de convenios con provincias que comparten fronteras con países limítrofes. Fuentes del Gobierno admitieron a Letra P que la proactividad oficial “no sólo responde a una estrategia de comunicación” diseñada para retomar la agenda política perdida en el mes de enero, sino que “se trata de una decisión política de Macri” para “mostrar de cara a la Cumbre del G-20” que se realizará en Buenos Aires a mediados de este año.

 

 

En el Gobierno –ante las denuncias de la oposición y de organismos de derechos humanos contra Macri y Bullrich por supuesta apología del delito y violaciones a los derechos constitucionales- intentan esquivar el mote de “mano dura” y prefieren calificar las medidas como de “mano justa”.

El argumento es que la administración Cambiemos buscará “un equilibrio”. “Macri decidió reimpulsar la política de seguridad poniéndose del lado de las víctimas que reclaman meter presos a los delincuentes. Ni mano dura, ni mano blanca: mano justa”, argumentan en Balcarce 50 en defensa de las medidas que volvieron a dejar en el centro de las críticas, como en los casos Maldonado y Nahuel, a la ministra Bullrich por su encendida defensa de uniformados sospechados y hasta procesados por acciones que podrían constituir excesos en el uso de la fuerza.

 

 

Siguiendo el plan de Macri, Bullrich viajó esta semana a Washington para reunirse con autoridades del FBI, la DEA y la Secretaría de Seguridad Interior de la administración Trump y luego se sumó el ministro de Defensa para terminar de diseñar lo que será el operativo de seguridad para la cumbre del G20, que traerá al país a mediados de este año a los presidentes de las principales potencias del mundo.

“Macri banca a muerte a Bullrich”, repiten en los pasillos de la Casa Rosada, más allá de las diferencias que mantienen con ella algunos ministros como Marcos Peña y Rogelio Frigerio, por el estilo autónomo de la titular de Seguridad, que se puso al frente en los medios en defensa de lo que la funcionaria bautizó mano una "nueva doctrina" que le otorga el beneficio de la duda a los policías.   

Macri miró las encuestas, según admitió públicamente su asesor en comunicación, Jaime Durán Barba, pero también mira al norte y al G20 que le reclama garantías para evitar cualquier tipo de atentados terroristas o las protestas que suelen acompañar ese tipo de cumbres presidenciales en todo el mundo. En ese marco, el Gobierno no quiere perder de vista el ingreso de inmigrantes en los pasos de la triple frontera, pero también pretende vigilar de cerca las acciones de la RAM en la Patagonia, algo que ya acordó con varios gobernadores de esa región, admitieron las fuentes.