X

Mala semana para Etchevehere: cosecha récord de problemas judiciales

El menú de tres pasos incluye confirmación de llamado a indagatoria en Entre Ríos, imputación por el bono de $500 mil que cobró de la Rural y diferencias de $25M en sus declaraciones patrimoniales.
Gabino Rebagliati 10/02/2018 12:16

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, cerró su peor semana desde que asumió como funcionario del Gobierno con la confirmación del llamado a declaración indagatoria por administración fraudulenta en Entre Ríos, una imputación en la justicia federal por el bono de los 500 mil pesos que cobró y devolvió a La Rural y una diferencia de 25 millones de pesos entre su declaración patrimonial ante la AFIP y la que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

Esta semana, los abogados defensores del ministro hicieron circular la versión de que la indagatoria de la familia Etchevehere por la causa que se le sigue en la justicia entrerriana, que incluye al funcionario, a sus dos hermanos y a su madre, estaba caída ante la adopción de una medida cautelar. Pero la jueza de la causa, Susana Firpo, desmintió esa versión.

“La indagatoria sigue en pie, yo no suspendí nada”, dijo la jueza en declaraciones a la prensa entrerriana y explicó que lo que hizo fue “conceder un recurso de apelación” que debe ser resuelto por ella “previa vista del fiscal”, añadió.

 

 

Fuentes del Ministerio Público de Entre Ríos explicaron a Letra P que van a insistir en el pedido de indagatoria y que cuentan con que la jueza haga lo mismo. En rigor, la magistrada ya adelantó su parecer esta semana, cuando ratificó los llamados a indagatoria después de que la defensa del ministro había difundido lo contrario.

“Creemos que hay material suficiente para mantener los llamados a indagatoria tanto del ministro como de sus hermanos y su madre”, confiaron a este medio voceros del Ministerio Público Fiscal. Para la parte acusadora, hay “un caso más que probado” en lo que hace a la investigación sobre los créditos que la familia Etchevehere tomó del Banco Itaú en 2011, que aparentemente fueron utilizados con otros fines.

Si bien se trata de un hecho ocurrido antes de su llegada a la función pública, en caso de confirmarse la indagatoria, sería la primera a la que se sometería un ministro del actual Gobierno.

 

 

EL BONO SIN FIN. No sólo la confirmación del llamado a indagatoria afectó esta semana al ministro de Agroindustria. El jueves el fiscal federal Ramiro González imputó al ministro por el presunto delito de cohecho activo por el bono que cobró -y devolvió la semana pasada- de la Sociedad Rural.

Inclusive, el fiscal pidió allanar la Sociedad Rural y “el secuestro de toda la documentación contable y administrativa” y su peritaje posterior “a los fines de establecer los movimientos dinerarios de la Sociedad Rural Argentina con relación al pago del bono cuestionado y si el mismo corresponde acorde con los estatutos de dicha entidad”.

Etchevehere había dispuesto la devolución del bono de 500 mil pesos a la Rural la semana pasada, ante la presión de la jefatura de Gabinete y la Oficina Anticorrupción, en un intento de dar por cerrado el tema en el marco del escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el nombramiento de su empleada doméstica durante la intervención del SOMU.

 

Dolores de cabeza para el ministro: su hermana lo denuncia por fraude.

 

LA FAMILIA, LA PEOR ALIADA. Pese a que esta semana uno de los hermanos del ministro, Juan Diego, que estaba a cargo de la oficina de Paraná del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), renunció a su cargo en el marco del decreto antinepotismo del presidente Mauricio Macri, su hermana Dolores sigue siendo un problema.

Justamente, los peritos de Dolores, que actúa como querellante contra su madre y sus hermanos ante la justicia entrerriana, denunciaron, a partir de la documentación, que la AFIP entregó a la fiscalía que Etchevehere tenía declarados cerca 4,8 millones de pesos de patrimonio en 2015, contra los más de 29 millones que el ministro dijo tener ante la Oficina Anticorrupción en 2017.

Ese incremento patrimonial nominal de un 600 por ciento en dos años podría ser un dolor de cabeza para el ministro, en un contexto judicial adverso como el actual.

Mala semana para Etchevehere: cosecha récord de problemas judiciales

El menú de tres pasos incluye confirmación de llamado a indagatoria en Entre Ríos, imputación por el bono de $500 mil que cobró de la Rural y diferencias de $25M en sus declaraciones patrimoniales.

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, cerró su peor semana desde que asumió como funcionario del Gobierno con la confirmación del llamado a declaración indagatoria por administración fraudulenta en Entre Ríos, una imputación en la justicia federal por el bono de los 500 mil pesos que cobró y devolvió a La Rural y una diferencia de 25 millones de pesos entre su declaración patrimonial ante la AFIP y la que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

Esta semana, los abogados defensores del ministro hicieron circular la versión de que la indagatoria de la familia Etchevehere por la causa que se le sigue en la justicia entrerriana, que incluye al funcionario, a sus dos hermanos y a su madre, estaba caída ante la adopción de una medida cautelar. Pero la jueza de la causa, Susana Firpo, desmintió esa versión.

“La indagatoria sigue en pie, yo no suspendí nada”, dijo la jueza en declaraciones a la prensa entrerriana y explicó que lo que hizo fue “conceder un recurso de apelación” que debe ser resuelto por ella “previa vista del fiscal”, añadió.

 

 

Fuentes del Ministerio Público de Entre Ríos explicaron a Letra P que van a insistir en el pedido de indagatoria y que cuentan con que la jueza haga lo mismo. En rigor, la magistrada ya adelantó su parecer esta semana, cuando ratificó los llamados a indagatoria después de que la defensa del ministro había difundido lo contrario.

“Creemos que hay material suficiente para mantener los llamados a indagatoria tanto del ministro como de sus hermanos y su madre”, confiaron a este medio voceros del Ministerio Público Fiscal. Para la parte acusadora, hay “un caso más que probado” en lo que hace a la investigación sobre los créditos que la familia Etchevehere tomó del Banco Itaú en 2011, que aparentemente fueron utilizados con otros fines.

Si bien se trata de un hecho ocurrido antes de su llegada a la función pública, en caso de confirmarse la indagatoria, sería la primera a la que se sometería un ministro del actual Gobierno.

 

 

EL BONO SIN FIN. No sólo la confirmación del llamado a indagatoria afectó esta semana al ministro de Agroindustria. El jueves el fiscal federal Ramiro González imputó al ministro por el presunto delito de cohecho activo por el bono que cobró -y devolvió la semana pasada- de la Sociedad Rural.

Inclusive, el fiscal pidió allanar la Sociedad Rural y “el secuestro de toda la documentación contable y administrativa” y su peritaje posterior “a los fines de establecer los movimientos dinerarios de la Sociedad Rural Argentina con relación al pago del bono cuestionado y si el mismo corresponde acorde con los estatutos de dicha entidad”.

Etchevehere había dispuesto la devolución del bono de 500 mil pesos a la Rural la semana pasada, ante la presión de la jefatura de Gabinete y la Oficina Anticorrupción, en un intento de dar por cerrado el tema en el marco del escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el nombramiento de su empleada doméstica durante la intervención del SOMU.

 

Dolores de cabeza para el ministro: su hermana lo denuncia por fraude.

 

LA FAMILIA, LA PEOR ALIADA. Pese a que esta semana uno de los hermanos del ministro, Juan Diego, que estaba a cargo de la oficina de Paraná del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), renunció a su cargo en el marco del decreto antinepotismo del presidente Mauricio Macri, su hermana Dolores sigue siendo un problema.

Justamente, los peritos de Dolores, que actúa como querellante contra su madre y sus hermanos ante la justicia entrerriana, denunciaron, a partir de la documentación, que la AFIP entregó a la fiscalía que Etchevehere tenía declarados cerca 4,8 millones de pesos de patrimonio en 2015, contra los más de 29 millones que el ministro dijo tener ante la Oficina Anticorrupción en 2017.

Ese incremento patrimonial nominal de un 600 por ciento en dos años podría ser un dolor de cabeza para el ministro, en un contexto judicial adverso como el actual.