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Larreta teme tensión con gremios en la campaña y retrasa el contrato del subte

La Ciudad extenderá la prórroga a Metrovías, que busca un socio externo para retener el servicio. La nueva concesión sería autorizada después de octubre. Las condiciones de las empresas extranjeras.
Por 05/09/2017 05:19 PM

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta autorizará una nueva prórroga del contrato de explotación del servicio de subterráneos a Metrovías para evitar tensión con gremios y la oposición porteña durante la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre.

La orden llegó desde la Jefatura de Gobierno y el interbloque Vamos Juntos cumplirá al dedillo: la discusión por la nueva licitación del subte quedará frizada en la Legislatura porteña hasta fines de 2017. Por pedido del Ejecutivo, el Parlamento capitalino debe avalar un nuevo contrato de operación del servicio de transporte subterráneo de pasajeros de entre 12 y 15 años de duración. Antes de la aprobación de ese pedido gubernamental, se deberá poner en funcionamiento la prórroga, como adelantó el diario La Nación.

Al continuar Metrovías con la explotación del servicio, Rodríguez Larreta patea el debate para más adelante y ahorra cruces con la oposición. El kirchnerismo, la izquierda y el bloque Evolución, que responde a Martín Lousteau, presentaron iniciativas para reclamar la estatización del subte porteño y cuestionaron la “re-privatización” que propone la administración larretista.

No sólo se demoró el interés de las empresas extranjeras por el servicio, sino que los tiempos y la vorágine de la campaña electoral impidieron que se avanzara mínimamente con el debate de la ley que duerme entre las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas y Transporte. El Gobierno presentó el expediente en abril y recién en junio envió al presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el licenciado en sistemas Eduardo de Montmollin, a brindar detalles sobre el nuevo proceso de licitación.

La reunión dejó con un sabor amargo a los legisladores porque el funcionario confirmó que la Legislatura no tendría acceso al borrador del pliego que se diseñó (aún en construcción) con los requisitos y condiciones para el futuro concesionario del servicio. Ni la Constitución ni el reglamento parlamentario hacen alusión al reclamo de los diputados opositores, aunque la historia reciente ha brindado excepciones: para mostrar “buena voluntad”, algunos ministros giraron información a legisladores de manera personal, en otras oportunidades.

Desde esa reunión hasta la actualidad, el expediente no se movió. La decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Mientras el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a cargo del Franco Moccia, empezaba con las conversaciones con operadores extranjeros para terminar de cerrar el pliego, el alcalde dejaba entrever en la intimidad del gabinete que había que extender el contrato con Metrovías para avanzar en tiempo y en forma con el objetivo final: renovar y renegociar el contrato del subte sin que ello incluya un recambio de la compañía que lo explota.

Los operadores extranjeros quieren tres aspectos claros para sentarse a negociar. Reclaman una concesión mínima de 12 años y extensible a 15 (ya quedó establecida en la ley de autorización que debe aprobar la Legislatura), abrir una discusión sobre un futuro aumento de la tarifa y, quizás lo más polémico, “tranquilidad” sindical.

 

 

TENSIÓN GREMIAL. Rodríguez Larreta no quiere que la discusión por el futuro del subte porteño se inmiscuya en la campaña electoral. Busca navegar con tranquilidad en el 50,13% de los votos que le regaló Elisa Carrió y apostar, nuevamente, a la nacionalización y la polarización, estrategias que le rindieron por partida doble: desequilibraron a Martín Lousteau y posicionaron a la líder de la Coalición Cívica a varios puntos de las otras opciones electorales.

La intención de evadir tensión gremial durante la campaña se replica en las negociaciones con las empresas extranjeras. La disputa eterna entre la Unión de Tranviaria Automotor (UTA) y Metrodelegados amenaza la imagen de “tranquilidad” y buena relación con los gremios que el Ejecutivo quiere presentar del otro lado del Océano Atlántico.

Lo cierto es que, a lo largo de dos décadas, Metrovías y los sindicalistas han desarrollado una gimnasia que deja satisfecho a ambos sectores: los trabajadores logran hacer oír sus reclamos y la compañía ha sabido negociar la masa de subsidios que el Gobierno porteño gira para mantener el valor del pasaje.

La tarifa que paga el usuario es fijada por la administración local a través de Sbase, tal como lo establece la ley de traspaso del subte de la Nación a la Ciudad, aprobada durante el segundo mandato de Mauricio Macri en la Jefatura porteña. La diferencia entre el valor real (tarifa técnica) y lo que se abona por cada ticket es cubierta por el Estado con subsidios que debe convenir con la operadora del servicio. Las empresas extranjeras piden discutir la tarifa, pero el larretismo asegura que mantendrá la potestad de fijar ese valor, como lo obliga la normativa vigente desde 2012 (Ley N°4472).

 

El metro de Madrid. Larreta quiere en Buenos Aires al consorcio estatal que lo opera.

 

Las operadoras interesadas (los consorcios estatales que administran el metro de París y de Madrid) tienen años de experiencia en el servicio de transporte terrestre y el subterráneo que administran tiene una tarifa mucho más alta que la que se cobra en Buenos Aires. Sin embargo, operan sobre un tendido ferroviario de mayores dimensiones y, consecuentemente, con una cantidad superior de pasajeros.

El Gobierno busca la licitación “más amplia y transparente” posible. Por esa razón, quiere pluralidad de ofertantes y envió una licitación a la Legislatura que abre la posibilidad a empresas extranjeras. Como informó Letra P, en Uspallata 3160 apuntan a operadores europeos. El propio Rodríguez Larreta tiene predilección por el metro francés y antes de las PASO se reunió con la alcadesa de Paris, Anne Hidalgo. Previamente, se entrevistó con su par de Madrid, Manuela Carmena, con quien también dialogó sobre movilidad y transporte.

 

 

Sin embargo, las condiciones de las compañías internacionales y el tiempo que conllevaría un nuevo proceso licitatorio desafían ese deseo. Por eso, el directorio de Sbase ve con buenos ojos que Metrovías continúe al frente del servicio. Esa salida tiene dos ventajas claras: la operadora actual tiene buen diálogo con los gremios y no plantea, por el momento, un incremento tarifario apenas se reinicie el contrato. “Metrovías ha aprendido a convivir con estos trabajadores y hacer negocios con estos niveles de conflictividad. Consiguieron muchos más subsidios”, asegura una fuente oficial al tanto de la negociación.

El oficialismo trabaja y quiere diseñar un pliego “abierto y plural” que atraiga y fomente la llegada de compañías internacionales, pero ese interés no aparece en el futuro inmediato. Ante ese escenario, Metrovías seguiría al frente del subterráneo por dos razones. La primera es de manual: al vencer su propio contrato (31 de diciembre de 2017), debe continuar con el servicio porque el subte es un transporte “esencial” y no puede estar sin operar (ahí entra en juego el valor de la prórroga, que sería por decreto). La segunda va a contramano de la intención del PRO: como no hay interés de jugadores externos, la operadora sigue siendo la opción viable para volver a presentarse y ganar la licitación.

 

 

Según voceros de la compañía, la empresa del Grupo Roggio es la única de la Argentina con capacidad para hacerse cargo del subte. Ante la decisión de Larreta de abrir el contrato y escuchar ofertas del extranjero, reaccionó con velocidad: buscará un socio externo para presentar un consorcio y competir para continuar al frente del servicio. Ese esquema ya lo ensayó en Brasil, con trabajos en la operación de los metros de San Pablo y Río de Janeiro.

La prórroga sería por medio año pero, si se tienen en cuenta los plazos de la renegociación de un nuevo contrato, ese período no alcanzaría. Metrovías abre el paraguas y advierte que “lo lógico” sería que se extiendiera por dos años, siempre en caso de que la Ciudad avance en la negociación con un operador extranjero. Situación que, salvo conversaciones muy informales, no está próxima a suceder.

El punto de “tranquilidad sindical” que exigen los operadores extranjeros no es más que una de las peleas de fondo sobre el tema: la vieja lucha del Gobierno y la UTA para desplazar a Metrodelegados (que llegó a la Corte Suprema) y mostrar a operadores externos que hay condiciones para invertir y no un escenario de conflictividad gremial. Sin embargo, Larreta pidió que la ley de autorización de nuevo contrato “aclare” que todos los trabajadores deben mantener su fuente laboral si hay un cambio de compañía, tal cual indica el proyecto enviado a principios de año y frizado hace meses.

DISCUSIÓN LEGISLATVA. La prórroga, a pesar de que aún no fue notificada a Metrovías, es ineludible a esta altura del año porque de acá a diciembre no hay otra opción y Sbase no puede operar el servicio. Esta situación es indiscutible para el oficialismo y la oposición.

No obstante, los bloques opositores a Vamos Juntos plantean que la autorización de un nuevo contrato se debe aprobar con 40 votos, mientras que el oficialismo jura que la Constitución porteña indica que alcanza con mayoría simple. “Lo que se concesiona es el servicio. El subte es un servicio público, no es un espacio público de la Ciudad el que se concesiona”, justifican en la gobernación porteña. La oposición opina exactamente lo contrario y reclama estatizar el servicio.

Larreta teme tensión con gremios en la campaña y retrasa el contrato del subte

La Ciudad extenderá la prórroga a Metrovías, que busca un socio externo para retener el servicio. La nueva concesión sería autorizada después de octubre. Las condiciones de las empresas extranjeras.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta autorizará una nueva prórroga del contrato de explotación del servicio de subterráneos a Metrovías para evitar tensión con gremios y la oposición porteña durante la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre.

La orden llegó desde la Jefatura de Gobierno y el interbloque Vamos Juntos cumplirá al dedillo: la discusión por la nueva licitación del subte quedará frizada en la Legislatura porteña hasta fines de 2017. Por pedido del Ejecutivo, el Parlamento capitalino debe avalar un nuevo contrato de operación del servicio de transporte subterráneo de pasajeros de entre 12 y 15 años de duración. Antes de la aprobación de ese pedido gubernamental, se deberá poner en funcionamiento la prórroga, como adelantó el diario La Nación.

Al continuar Metrovías con la explotación del servicio, Rodríguez Larreta patea el debate para más adelante y ahorra cruces con la oposición. El kirchnerismo, la izquierda y el bloque Evolución, que responde a Martín Lousteau, presentaron iniciativas para reclamar la estatización del subte porteño y cuestionaron la “re-privatización” que propone la administración larretista.

No sólo se demoró el interés de las empresas extranjeras por el servicio, sino que los tiempos y la vorágine de la campaña electoral impidieron que se avanzara mínimamente con el debate de la ley que duerme entre las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas y Transporte. El Gobierno presentó el expediente en abril y recién en junio envió al presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el licenciado en sistemas Eduardo de Montmollin, a brindar detalles sobre el nuevo proceso de licitación.

La reunión dejó con un sabor amargo a los legisladores porque el funcionario confirmó que la Legislatura no tendría acceso al borrador del pliego que se diseñó (aún en construcción) con los requisitos y condiciones para el futuro concesionario del servicio. Ni la Constitución ni el reglamento parlamentario hacen alusión al reclamo de los diputados opositores, aunque la historia reciente ha brindado excepciones: para mostrar “buena voluntad”, algunos ministros giraron información a legisladores de manera personal, en otras oportunidades.

Desde esa reunión hasta la actualidad, el expediente no se movió. La decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Mientras el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a cargo del Franco Moccia, empezaba con las conversaciones con operadores extranjeros para terminar de cerrar el pliego, el alcalde dejaba entrever en la intimidad del gabinete que había que extender el contrato con Metrovías para avanzar en tiempo y en forma con el objetivo final: renovar y renegociar el contrato del subte sin que ello incluya un recambio de la compañía que lo explota.

Los operadores extranjeros quieren tres aspectos claros para sentarse a negociar. Reclaman una concesión mínima de 12 años y extensible a 15 (ya quedó establecida en la ley de autorización que debe aprobar la Legislatura), abrir una discusión sobre un futuro aumento de la tarifa y, quizás lo más polémico, “tranquilidad” sindical.

 

 

TENSIÓN GREMIAL. Rodríguez Larreta no quiere que la discusión por el futuro del subte porteño se inmiscuya en la campaña electoral. Busca navegar con tranquilidad en el 50,13% de los votos que le regaló Elisa Carrió y apostar, nuevamente, a la nacionalización y la polarización, estrategias que le rindieron por partida doble: desequilibraron a Martín Lousteau y posicionaron a la líder de la Coalición Cívica a varios puntos de las otras opciones electorales.

La intención de evadir tensión gremial durante la campaña se replica en las negociaciones con las empresas extranjeras. La disputa eterna entre la Unión de Tranviaria Automotor (UTA) y Metrodelegados amenaza la imagen de “tranquilidad” y buena relación con los gremios que el Ejecutivo quiere presentar del otro lado del Océano Atlántico.

Lo cierto es que, a lo largo de dos décadas, Metrovías y los sindicalistas han desarrollado una gimnasia que deja satisfecho a ambos sectores: los trabajadores logran hacer oír sus reclamos y la compañía ha sabido negociar la masa de subsidios que el Gobierno porteño gira para mantener el valor del pasaje.

La tarifa que paga el usuario es fijada por la administración local a través de Sbase, tal como lo establece la ley de traspaso del subte de la Nación a la Ciudad, aprobada durante el segundo mandato de Mauricio Macri en la Jefatura porteña. La diferencia entre el valor real (tarifa técnica) y lo que se abona por cada ticket es cubierta por el Estado con subsidios que debe convenir con la operadora del servicio. Las empresas extranjeras piden discutir la tarifa, pero el larretismo asegura que mantendrá la potestad de fijar ese valor, como lo obliga la normativa vigente desde 2012 (Ley N°4472).

 

El metro de Madrid. Larreta quiere en Buenos Aires al consorcio estatal que lo opera.

 

Las operadoras interesadas (los consorcios estatales que administran el metro de París y de Madrid) tienen años de experiencia en el servicio de transporte terrestre y el subterráneo que administran tiene una tarifa mucho más alta que la que se cobra en Buenos Aires. Sin embargo, operan sobre un tendido ferroviario de mayores dimensiones y, consecuentemente, con una cantidad superior de pasajeros.

El Gobierno busca la licitación “más amplia y transparente” posible. Por esa razón, quiere pluralidad de ofertantes y envió una licitación a la Legislatura que abre la posibilidad a empresas extranjeras. Como informó Letra P, en Uspallata 3160 apuntan a operadores europeos. El propio Rodríguez Larreta tiene predilección por el metro francés y antes de las PASO se reunió con la alcadesa de Paris, Anne Hidalgo. Previamente, se entrevistó con su par de Madrid, Manuela Carmena, con quien también dialogó sobre movilidad y transporte.

 

 

Sin embargo, las condiciones de las compañías internacionales y el tiempo que conllevaría un nuevo proceso licitatorio desafían ese deseo. Por eso, el directorio de Sbase ve con buenos ojos que Metrovías continúe al frente del servicio. Esa salida tiene dos ventajas claras: la operadora actual tiene buen diálogo con los gremios y no plantea, por el momento, un incremento tarifario apenas se reinicie el contrato. “Metrovías ha aprendido a convivir con estos trabajadores y hacer negocios con estos niveles de conflictividad. Consiguieron muchos más subsidios”, asegura una fuente oficial al tanto de la negociación.

El oficialismo trabaja y quiere diseñar un pliego “abierto y plural” que atraiga y fomente la llegada de compañías internacionales, pero ese interés no aparece en el futuro inmediato. Ante ese escenario, Metrovías seguiría al frente del subterráneo por dos razones. La primera es de manual: al vencer su propio contrato (31 de diciembre de 2017), debe continuar con el servicio porque el subte es un transporte “esencial” y no puede estar sin operar (ahí entra en juego el valor de la prórroga, que sería por decreto). La segunda va a contramano de la intención del PRO: como no hay interés de jugadores externos, la operadora sigue siendo la opción viable para volver a presentarse y ganar la licitación.

 

 

Según voceros de la compañía, la empresa del Grupo Roggio es la única de la Argentina con capacidad para hacerse cargo del subte. Ante la decisión de Larreta de abrir el contrato y escuchar ofertas del extranjero, reaccionó con velocidad: buscará un socio externo para presentar un consorcio y competir para continuar al frente del servicio. Ese esquema ya lo ensayó en Brasil, con trabajos en la operación de los metros de San Pablo y Río de Janeiro.

La prórroga sería por medio año pero, si se tienen en cuenta los plazos de la renegociación de un nuevo contrato, ese período no alcanzaría. Metrovías abre el paraguas y advierte que “lo lógico” sería que se extiendiera por dos años, siempre en caso de que la Ciudad avance en la negociación con un operador extranjero. Situación que, salvo conversaciones muy informales, no está próxima a suceder.

El punto de “tranquilidad sindical” que exigen los operadores extranjeros no es más que una de las peleas de fondo sobre el tema: la vieja lucha del Gobierno y la UTA para desplazar a Metrodelegados (que llegó a la Corte Suprema) y mostrar a operadores externos que hay condiciones para invertir y no un escenario de conflictividad gremial. Sin embargo, Larreta pidió que la ley de autorización de nuevo contrato “aclare” que todos los trabajadores deben mantener su fuente laboral si hay un cambio de compañía, tal cual indica el proyecto enviado a principios de año y frizado hace meses.

DISCUSIÓN LEGISLATVA. La prórroga, a pesar de que aún no fue notificada a Metrovías, es ineludible a esta altura del año porque de acá a diciembre no hay otra opción y Sbase no puede operar el servicio. Esta situación es indiscutible para el oficialismo y la oposición.

No obstante, los bloques opositores a Vamos Juntos plantean que la autorización de un nuevo contrato se debe aprobar con 40 votos, mientras que el oficialismo jura que la Constitución porteña indica que alcanza con mayoría simple. “Lo que se concesiona es el servicio. El subte es un servicio público, no es un espacio público de la Ciudad el que se concesiona”, justifican en la gobernación porteña. La oposición opina exactamente lo contrario y reclama estatizar el servicio.