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El Gobierno busca cambiar la carátula de desaparición forzada. Aumentan los tironeos y las internas entre Garavano y la Rosada. Tensión por Noceti, los audios y la causa por encubrimiento.
Redacción 25/09/2017 08:30 PM

El cambio de manos de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado genera posiciones divergentes dentro del Gobierno, en el marco de una solapada interna alrededor de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que esta semana transita su segunda semana de “perfil bajo” respecto al paradero del joven que el próximo domingo cumplirá dos meses desaparecido. Dentro del Ejecutivo, un alto funcionario que sigue el caso Maldonado, confió a Letra P que alrededor del presidente Mauricio Macri estaban preparados para la partida del juez federal de Esquel Guido Otranto. “Nosotros ya sabíamos que quería irse de la causa y cuando vimos el reportaje que le dio al diario La Nación, interpretamos que puso en marcha una forma para dejar el caso y que fuera recusado”, tal como finalmente sucedió luego de la entrevista en dos partes que concedió al matutino, donde deslizó su certeza de que el joven podría haberse ahogado en el río Chubut, algo que fue descartado por expertos pocos días después. 

“Corremos el riesgo de que la foto del expediente se quede donde está. En Esquel no se respira la urgencia que se vive acá en Buenos Aires con el caso y por más que el nuevo juez se mude de Rawson a Esquel, no creemos que ocurran grandes cambios”, confió un funcionario de Balcarce 50, respecto al rol que puede tener el juez subrogante del caso Gustavo Lleral, confirmado el viernes por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia al frente de las causas de habeas corpus y desaparición forzada de Maldonado tras la recusación de Otranto. El magistrado se mudará a Esquel esta semana y posiblemente se quede en esa ciudad para dedicarse exclusivamente con ese expediente.

 

 

Las pocas expectativas de un cambio determinante en el expediente difiere con la inquina que destila el Presidente desde la semana pasada, empeñado en señalar como “irresponsables” a quienes se refieren al caso Maldonado como una “desaparición forzada”. A diferencia de la autodefensa cerrada que hacen algunos funcionarios para negar la carátula de la causa, dentro de Balcarce 50 también hay otros que se animan a asegurar, en reserva, “que es muy posible que Maldonado sea otro desaparecido en democracia, como es el caso de Iván Eladio Torres, desaparecido en la provincia de Chubut en octubre de 2003. Nosotros ya tenemos una condena desde 2011 (junto al gobierno de Mario Das Neves) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese caso", recordó el funcionario. En la lista también mencionó a Jorge Julio López, sobreviviente de la última dictadura militar y desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006, luego de aportar un testimonio clave contra su torturador, el genocida Miguel Etchecolatz, que fue condenado a prisión perpetua un día después. 

La frase resuena incómoda en el medio de una discreta pero espinosa disputa dentro del Ejecutivo respecto a la crisis interna que estalló luego de la desaparición del joven. Desde hace diez días, los mayores cuestionamientos internos corrieron a nombre de Bullrich, por su cerrada defensa de Gendarmería Nacional y su negativa a dudar del rol que tuvieron los uniformados del escuadrón 35 de Esquel el 1° de agosto, cuando desalojaron la ruta 40, donde Maldonado fue visto por última vez, según algunos testimonios dentro del expediente que desde el Gobierno todavía se empeñan con refutar.

Los señalamientos internos sobre Bullrich no la desautorizaron. Ante las consultas de este medio, la funcionaria goza del respaldo continuo del Presidente al frente de la cartera de Seguridad, pero con un rol público menos activo que la vehemencia que destiló desde que comenzó el caso. Desde que “Pato” desempeña un segundo plano en el tema, reporta a una “mesa chica judicial” creada específicamente al respecto, que integran el ministro Germán Garavano, Bullrich, Peña y el titular de la AFI Gustavo Arribas.

La negativa presidencial a reconocer la carátula de desaparición forzada generó cimbronazos dentro del Gobierno. Una de esas controversias se conoció este fin de semana, cuando se ventilaron las contramarchas para recibir una comisión investigadora del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que había sido solicitada por la familia del joven desaparecido al ministro Garavano. El funcionario avanzó con esa instancia autorizado por Macri y Peña, pero cuando estaba en pleno desarrollo de esa instrucción, tuvo que dar marcha atrás.

El giro desató más cortocircuitos dentro del Gabinete, que se sumaron al rol de Bullrich en su relación con Gendarmería Nacional. Esa fuerza, y sus efectivos, aparecen cada vez más cuestionados por las pericias de sus teléfonos, por el análisis de los audios que intercambiaron mediante whatsapp y por el inexplicable rol del jefe de asesores de Bullrich, Pablo Noceti, que estuvo en la zona como principal interlocutor de su ministerio con Gendarmería y con los juzgados de la zona.

Mientras pasan los días, aparecen nuevos elementos que confirman la presunta responsabilidad de Noceti en el caso. A esas sospechas se sumaron el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Gonzalo Cané y el secretario de Violencia Institucional Daniel Barberis, ambos parte del organigrama que encabeza Bullrich. Ahora, cuando falta poco para que se cumplan dos meses de la desaparición, tanto Cané como Barberis aparecen en distintos audios, donde sus declaraciones resultan casi incriminatorias respecto a la responsabilidad política del Gobierno. Todo en medio de una creciente filtración de pruebas a la prensa, que no solo conmueve el caso, sino al Ejecutivo, atravesado por una sorda disputa que también podría ser parte de la investigación judicial iniciada en Buenos Aires por una denuncia presentada por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, cuyos letrados acusaron a Macri; Peña, Garavano, Bullrich, Noceti, al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y los jefes de Gendarmería de encubrir la desaparición del joven. En la denuncia, que la Casa Rosada se empeña en defenestrar, la LADH sostuvo que existió un "pacto de silencio" de las autoridades en busca de "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

 

 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral consideró que ese expediente debía ir a manos del juez Otranto, pero el fiscal federal Federico Delgado apeló esa decisión y este lunes fue respaldado por un viejo enemigo suyo, el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes que dictaminó que el caso debe continuar en los tribunales porteños de Comodoro Py. La controversia deberá ser definida por la Sala I de la Cámara Federal en una audiencia prevista para el 10 de octubre. Hasta entonces, la relojería interna del Gobierno seguirá latiendo al calor de una interna que, según sostienen en Balcarce 50, todavía no ha generado consecuencias políticas para el oficialismo, a un mes de las elecciones legislativas de octubre.

“Al parecer, la certeza del Presidente para respaldar a Bullrich y para negarse a una investigación internacional tiene que ver con las mediciones en las encuestas. Pero así como todavía no se explica por qué algunos funcionarios de Patricia se resisten a colaborar con la Justicia, tampoco se entiende por qué los jefes del escuadrón mantienen tanto silencio. Habrá que ver qué hace Lleral con todo eso, pero no creemos que nada suceda pronto”, se resignó la fuente. 

Maldonado: el cambio de juez recrudece dudas y cortocircuitos en el Gabinete

El Gobierno busca cambiar la carátula de desaparición forzada. Aumentan los tironeos y las internas entre Garavano y la Rosada. Tensión por Noceti, los audios y la causa por encubrimiento.

El cambio de manos de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado genera posiciones divergentes dentro del Gobierno, en el marco de una solapada interna alrededor de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que esta semana transita su segunda semana de “perfil bajo” respecto al paradero del joven que el próximo domingo cumplirá dos meses desaparecido. Dentro del Ejecutivo, un alto funcionario que sigue el caso Maldonado, confió a Letra P que alrededor del presidente Mauricio Macri estaban preparados para la partida del juez federal de Esquel Guido Otranto. “Nosotros ya sabíamos que quería irse de la causa y cuando vimos el reportaje que le dio al diario La Nación, interpretamos que puso en marcha una forma para dejar el caso y que fuera recusado”, tal como finalmente sucedió luego de la entrevista en dos partes que concedió al matutino, donde deslizó su certeza de que el joven podría haberse ahogado en el río Chubut, algo que fue descartado por expertos pocos días después. 

“Corremos el riesgo de que la foto del expediente se quede donde está. En Esquel no se respira la urgencia que se vive acá en Buenos Aires con el caso y por más que el nuevo juez se mude de Rawson a Esquel, no creemos que ocurran grandes cambios”, confió un funcionario de Balcarce 50, respecto al rol que puede tener el juez subrogante del caso Gustavo Lleral, confirmado el viernes por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia al frente de las causas de habeas corpus y desaparición forzada de Maldonado tras la recusación de Otranto. El magistrado se mudará a Esquel esta semana y posiblemente se quede en esa ciudad para dedicarse exclusivamente con ese expediente.

 

 

Las pocas expectativas de un cambio determinante en el expediente difiere con la inquina que destila el Presidente desde la semana pasada, empeñado en señalar como “irresponsables” a quienes se refieren al caso Maldonado como una “desaparición forzada”. A diferencia de la autodefensa cerrada que hacen algunos funcionarios para negar la carátula de la causa, dentro de Balcarce 50 también hay otros que se animan a asegurar, en reserva, “que es muy posible que Maldonado sea otro desaparecido en democracia, como es el caso de Iván Eladio Torres, desaparecido en la provincia de Chubut en octubre de 2003. Nosotros ya tenemos una condena desde 2011 (junto al gobierno de Mario Das Neves) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese caso", recordó el funcionario. En la lista también mencionó a Jorge Julio López, sobreviviente de la última dictadura militar y desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006, luego de aportar un testimonio clave contra su torturador, el genocida Miguel Etchecolatz, que fue condenado a prisión perpetua un día después. 

La frase resuena incómoda en el medio de una discreta pero espinosa disputa dentro del Ejecutivo respecto a la crisis interna que estalló luego de la desaparición del joven. Desde hace diez días, los mayores cuestionamientos internos corrieron a nombre de Bullrich, por su cerrada defensa de Gendarmería Nacional y su negativa a dudar del rol que tuvieron los uniformados del escuadrón 35 de Esquel el 1° de agosto, cuando desalojaron la ruta 40, donde Maldonado fue visto por última vez, según algunos testimonios dentro del expediente que desde el Gobierno todavía se empeñan con refutar.

Los señalamientos internos sobre Bullrich no la desautorizaron. Ante las consultas de este medio, la funcionaria goza del respaldo continuo del Presidente al frente de la cartera de Seguridad, pero con un rol público menos activo que la vehemencia que destiló desde que comenzó el caso. Desde que “Pato” desempeña un segundo plano en el tema, reporta a una “mesa chica judicial” creada específicamente al respecto, que integran el ministro Germán Garavano, Bullrich, Peña y el titular de la AFI Gustavo Arribas.

La negativa presidencial a reconocer la carátula de desaparición forzada generó cimbronazos dentro del Gobierno. Una de esas controversias se conoció este fin de semana, cuando se ventilaron las contramarchas para recibir una comisión investigadora del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que había sido solicitada por la familia del joven desaparecido al ministro Garavano. El funcionario avanzó con esa instancia autorizado por Macri y Peña, pero cuando estaba en pleno desarrollo de esa instrucción, tuvo que dar marcha atrás.

El giro desató más cortocircuitos dentro del Gabinete, que se sumaron al rol de Bullrich en su relación con Gendarmería Nacional. Esa fuerza, y sus efectivos, aparecen cada vez más cuestionados por las pericias de sus teléfonos, por el análisis de los audios que intercambiaron mediante whatsapp y por el inexplicable rol del jefe de asesores de Bullrich, Pablo Noceti, que estuvo en la zona como principal interlocutor de su ministerio con Gendarmería y con los juzgados de la zona.

Mientras pasan los días, aparecen nuevos elementos que confirman la presunta responsabilidad de Noceti en el caso. A esas sospechas se sumaron el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales Gonzalo Cané y el secretario de Violencia Institucional Daniel Barberis, ambos parte del organigrama que encabeza Bullrich. Ahora, cuando falta poco para que se cumplan dos meses de la desaparición, tanto Cané como Barberis aparecen en distintos audios, donde sus declaraciones resultan casi incriminatorias respecto a la responsabilidad política del Gobierno. Todo en medio de una creciente filtración de pruebas a la prensa, que no solo conmueve el caso, sino al Ejecutivo, atravesado por una sorda disputa que también podría ser parte de la investigación judicial iniciada en Buenos Aires por una denuncia presentada por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, cuyos letrados acusaron a Macri; Peña, Garavano, Bullrich, Noceti, al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y los jefes de Gendarmería de encubrir la desaparición del joven. En la denuncia, que la Casa Rosada se empeña en defenestrar, la LADH sostuvo que existió un "pacto de silencio" de las autoridades en busca de "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

 

 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral consideró que ese expediente debía ir a manos del juez Otranto, pero el fiscal federal Federico Delgado apeló esa decisión y este lunes fue respaldado por un viejo enemigo suyo, el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes que dictaminó que el caso debe continuar en los tribunales porteños de Comodoro Py. La controversia deberá ser definida por la Sala I de la Cámara Federal en una audiencia prevista para el 10 de octubre. Hasta entonces, la relojería interna del Gobierno seguirá latiendo al calor de una interna que, según sostienen en Balcarce 50, todavía no ha generado consecuencias políticas para el oficialismo, a un mes de las elecciones legislativas de octubre.

“Al parecer, la certeza del Presidente para respaldar a Bullrich y para negarse a una investigación internacional tiene que ver con las mediciones en las encuestas. Pero así como todavía no se explica por qué algunos funcionarios de Patricia se resisten a colaborar con la Justicia, tampoco se entiende por qué los jefes del escuadrón mantienen tanto silencio. Habrá que ver qué hace Lleral con todo eso, pero no creemos que nada suceda pronto”, se resignó la fuente.