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Con guiño a Claro y Telefónica, Cambiemos giró al Senado una ley que permite a las empresas telefónicas brindar tv satelital. Contenidos y servicios audiovisuales a demanda, las deudas del expediente.
Redacción 06/04/2018 17:22

El gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley apodado como “corto” que autoriza a las telefónicas a brindar servicio de tv satelital, refuerza normas para que los operadores de telecomunicaciones y TIC compartan infraestructuras (torres, postes, ductos), e incluye una cláusula por la que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias”.

Los trece artículos del proyecto, que reforman parcialmente leyes aprobadas durante el kirchnerismo y decretos  firmados por Macri, hacen honor al mote de “corto” que podría sumar también el calificativo de directo y limitado. La iniciativa viene a compensar a Telefónica y Claro accediendo a su viejo reclamo de ser habilitados a brindar tv paga por vía satelital -algo que Telefónica hace en varios países de la región- ante la expansión del Grupo Clarín al sector de las telecomunicaciones que dominó la agenda del gobierno en este sector hasta hoy. Después de cobrar para un solo lado, el arbitraje gubernamental busca una gratificación diferente.

Si el Congreso sanciona el proyecto, la fusionada Cablevisión-Telecom, cuyos accionistas mayoritarios son los del Grupo Clarín, ya no será el único conglomerado en condiciones de ofertar a la gran masa de hogares paquetes de cuádruple play (televisión de pago, telefonía móvil, telefonía fija y conexión a Internet) a partir de enero de 2019. Ni Telefónica ni Claro cuentan con la capacidad de competirle a Cablevisión en el segmento de tv por cable, pero sí pueden desplegar una propuesta “convergente” con los servicios de tv satelital. Después de dos años y medio, el gobierno descubre con esta iniciativa que la distinción regulatoria entre tv cable y tv satelital “distorsiona el mercado”.

 

 

Apocado, el proyecto no aborda otras cuestiones centrales en la estructuración de las comunicaciones, como los contenidos; los servicios audiovisuales a demanda; el espectro radioeléctrico para telefonía móvil y tv digital; los gravámenes que reglan parte de la economía del sector o la desgubernamentalización de la autoridad de aplicación, por ejemplo.

Además de corto y limitado, el proyecto es ambiguo: queda en manos del Ministerio de Modernización (no cita específicamente al ente gubernamental ENaCom) definir los detalles de varias de las disposiciones mencionadas, sin establecer un marco de referencia objetivo. Y en un sector acostumbrado al imperio de la interpretación de la letra chica por parte de la administración, sin contrapesos institucionales, el efecto de este proyecto de ley dependerá de su proceso de implementación.

 

En febrero de 2018, Macri se reunió en la Quinta Presidencial de Olivos con el CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (FOTO: Presidencia)

 

Además de corto y directo, el proyecto de ley es apocado frente a la promesa oficial de tramitar una “ley de la convergencia” integral para la que entretuvo a la opinión pública durante dos años y medio en los que, a espaldas del Congreso, estimuló por decreto la concentración de las comunicaciones, erosionó la competencia, pregonó primero y silenció después el compromiso de generar un cuarto operador de telefonía móvil, y vaticinó una epopeya de las inversiones.

Después de tanto relato refundacional, los hechos dicen que el proyecto de ley que el próximo martes comenzará a tramitar en comisión el Senado cita objetivos de leyes denostadas del gobierno anterior (como la 27078 de telecomunicaciones y TIC, “Argentina Digital”), conserva parte de su encuadre y modifica parcialmente algunos artículos para adaptarlos a las necesidades de grandes actores de la industria que habían sido postergados y prometerle a pequeños y medianos, así como a cooperativas, que la futura reglamentación contemplará su sustentabilidad y promoverá la competencia.

El autor es investigador del ICEP-UNQ (http://icepunq.wix.com/icepunq). En Twitter: @aracalacana

Comunicaciones: ley corta, directa y limitada

Con guiño a Claro y Telefónica, Cambiemos giró al Senado una ley que permite a las empresas telefónicas brindar tv satelital. Contenidos y servicios audiovisuales a demanda, las deudas del expediente.

El gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley apodado como “corto” que autoriza a las telefónicas a brindar servicio de tv satelital, refuerza normas para que los operadores de telecomunicaciones y TIC compartan infraestructuras (torres, postes, ductos), e incluye una cláusula por la que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias”.

Los trece artículos del proyecto, que reforman parcialmente leyes aprobadas durante el kirchnerismo y decretos  firmados por Macri, hacen honor al mote de “corto” que podría sumar también el calificativo de directo y limitado. La iniciativa viene a compensar a Telefónica y Claro accediendo a su viejo reclamo de ser habilitados a brindar tv paga por vía satelital -algo que Telefónica hace en varios países de la región- ante la expansión del Grupo Clarín al sector de las telecomunicaciones que dominó la agenda del gobierno en este sector hasta hoy. Después de cobrar para un solo lado, el arbitraje gubernamental busca una gratificación diferente.

Si el Congreso sanciona el proyecto, la fusionada Cablevisión-Telecom, cuyos accionistas mayoritarios son los del Grupo Clarín, ya no será el único conglomerado en condiciones de ofertar a la gran masa de hogares paquetes de cuádruple play (televisión de pago, telefonía móvil, telefonía fija y conexión a Internet) a partir de enero de 2019. Ni Telefónica ni Claro cuentan con la capacidad de competirle a Cablevisión en el segmento de tv por cable, pero sí pueden desplegar una propuesta “convergente” con los servicios de tv satelital. Después de dos años y medio, el gobierno descubre con esta iniciativa que la distinción regulatoria entre tv cable y tv satelital “distorsiona el mercado”.

 

 

Apocado, el proyecto no aborda otras cuestiones centrales en la estructuración de las comunicaciones, como los contenidos; los servicios audiovisuales a demanda; el espectro radioeléctrico para telefonía móvil y tv digital; los gravámenes que reglan parte de la economía del sector o la desgubernamentalización de la autoridad de aplicación, por ejemplo.

Además de corto y limitado, el proyecto es ambiguo: queda en manos del Ministerio de Modernización (no cita específicamente al ente gubernamental ENaCom) definir los detalles de varias de las disposiciones mencionadas, sin establecer un marco de referencia objetivo. Y en un sector acostumbrado al imperio de la interpretación de la letra chica por parte de la administración, sin contrapesos institucionales, el efecto de este proyecto de ley dependerá de su proceso de implementación.

 

En febrero de 2018, Macri se reunió en la Quinta Presidencial de Olivos con el CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (FOTO: Presidencia)

 

Además de corto y directo, el proyecto de ley es apocado frente a la promesa oficial de tramitar una “ley de la convergencia” integral para la que entretuvo a la opinión pública durante dos años y medio en los que, a espaldas del Congreso, estimuló por decreto la concentración de las comunicaciones, erosionó la competencia, pregonó primero y silenció después el compromiso de generar un cuarto operador de telefonía móvil, y vaticinó una epopeya de las inversiones.

Después de tanto relato refundacional, los hechos dicen que el proyecto de ley que el próximo martes comenzará a tramitar en comisión el Senado cita objetivos de leyes denostadas del gobierno anterior (como la 27078 de telecomunicaciones y TIC, “Argentina Digital”), conserva parte de su encuadre y modifica parcialmente algunos artículos para adaptarlos a las necesidades de grandes actores de la industria que habían sido postergados y prometerle a pequeños y medianos, así como a cooperativas, que la futura reglamentación contemplará su sustentabilidad y promoverá la competencia.

El autor es investigador del ICEP-UNQ (http://icepunq.wix.com/icepunq). En Twitter: @aracalacana