¿Está en peligro la democracia en América Latina, como planteó CFK?

En la reciente entrevista a la accedió en el marco de la campaña bonaerense por las elecciones de medio término, Cristina Fernández de Kirchner abordó la cuestión internacional, puntualmente el conflictivo tema Venezuela, y, en ese marco, la ex presidenta y candidata a senadora dijo que ni en ese país ni en Argentina rige el Estado de Derecho y fue por más al agregar que en Latinoamérica la democracia está en peligro. ¿Tras más de 30 años de vigencia, hay en verdad riesgo para ese sistema en la región? La pregunta es válida porque, más allá de las respuestas, las luces amarillas son cada vez más.

 

Por supuesto, más aún en plena campaña, la mirada de CFK es parcial. Política al fin, buscó desmarcarse del gobierno de Nicolás Maduro buscando emparentarlo con el de Mauricio Macri. Traducido al sentido común, sería algo así como “él es malo pero el que lo critica (que es mi rival) también lo es”. Y, aunque no profundizó, su mención al resto de la región se emparenta en esa línea y linkea a gobiernos que ideológicamente están del otro lado de la “grieta”, como el de Brasil, México e incluso Perú, por mencionar solo algunos.

 

Es posible, incluso, ir más allá y ver que la democracia está, si no en peligro, al menos en crisis en todo Occidente - de donde es originaria - y que su implementación forzada en países de medio oriente y África no ha sido hasta ahora exitosa. La polémica generada alrededor de la elección que ganó Donald Trump nada menos que en Estados Unidos, el auge de los llamados populismos de derecha en Europa y el fracaso de la llamada “Primavera árabe”, que fomentó indirectamente el crecimiento de espacios políticos islamistas, son muestras de esto. En paralelo, el sistema chino, que combina comunismo político con libre mercado, se consolida cada día más.

 

En nuestra región, donde, tras años de dictaduras lideradas por militares, en los 80 se abrió paso la democracia, se da una crisis que excede el caso venezolano.

 

 

 

Mucho se ha escrito ya sobre la legalidad y la legitimidad o no del gobierno chavista. Las denuncias sobre la manipulación del recuento en la ya de por sí polémica elección constituyente dejan poco margen para seguir considerando a Venezuela una democracia formal. El principal argumento que sostenía la condición democrática del país caribeño era que el sistema de voto electrónico que se utiliza gozaba de amplia legitimidad en la región y el mundo, amparado incluso por organismos difíciles de catalogar como pro chavistas, como la Fundación Carter.

 

Había, sí, denuncias fundadas sobre la utilización de recursos del Estado para favorecer al oficialismo (nada nuevo bajo el sol) y la cuestión con más visibilidad mediática de la represión a las marchas de la oposición, sobre todo en el aspecto tan justamente sensible en la Argentina de grupos para-estatales reprimiendo desde la ilegalidad para el Estado. Ahora, la nueva convocatoria a elecciones regionales (suspendidas el año pasado por el Gobierno) abren la puerta a la esperanza, pero la crisis del sistema está en carne viva y hasta es utilizada por Trump para recuperar el viejo (pero no perimido) argumento de la intervención militar en la región.

 

Pero conviene salir del manoseado caso venezolano. En el país más importante del barrio, las cosas no están mejor. El de Michel Temer es un gobierno legal pero cada día que pasa más ilegítimo y la crisis en sus dimensiones política, económica y judicial ampara otros “retornos” del pasado: militares como el general Antonio Hamilton Mourao amenazan con la intervención del Ejército para frenar la crisis enfundados en su “deber moral”.

 

 

 

Temer acumula denuncias de corrupción de las que solo sale airoso porque el juicio que podría destituirlo es “político” y no estrictamente judicial. Pero los audios que difundieron los medios son tan obvios que su popularidad no supera el 5%: es el más impopular de los mandatarios democráticos desde el retorno de la democracia en 1984. ¿Por qué se sostiene? Hay dos razones principales. Primero, los diputados que deberían juzgarlo – la mitad tiene causas judiciales - temen que la ola justiciera los lleve puestos. Segundo, Temer, desligado de conseguir el respaldo popular – factótum de la democracia -, aplica sin contratiempos las reformas económicas que el Mercado exige para que Brasil, en teoría, vuelva a la senda del crecimiento económico.

 

Por si esto fuera poco, el principal líder opositor, Lula Da Silva, está condenado por la Justicia a nueve años y medio de prisión y fue llamado a declarar hace unos días en otra causa donde se lo imputa. Más allá de las especulaciones políticas sobre esto, Lula en su momento le habría “confesado” a José Mujica que tuvo que hacer cosas inmorales para poder gobernar. La convicción que también tienen muchos brasileros sobre la veracidad de esta “confesión” es, probablemente, lo que le impide a Lula romper su techo de popularidad y, consecuentemente, lo que en parte le permite a Temer seguir gobernando.

 

El caso del otro “grande” de la región no es mucho mejor. Para el jefe de Gabinete de Estados Unidos, John Kelly, México es un “narcoestado”, “estado fallido” y está “al borde del colapso”. Y no se lo dijo a su señora mientras desayunaba, sino en un encuentro del Gabinete con líderes demócratas del Congreso.

 

La preocupación de Estados Unidos y de Trump es por su frontera y la cuestión migratoria, pero para alimentar el concepto es posible recordar que hay 47 estudiantes desaparecidos y que el Estado, además de no poder dar certezas sobre su paradero ni resolver el caso, está fuertemente sospechado, sobre todo en su versión local y regional, de haber sido parte de la desaparición y de ser cómplice de los narcos.

 

Por si fuera poco con lo que sucede en estos países, también debe ponerse la mira en Perú: todos sus ex presidentes vivos están presos, prófugos o fuertemente involucrados en causas judiciales por corrupción y con un descrédito popular importante. En Chile y Colombia, donde el voto no es obligatorio, la participación en las elecciones cae cada vez más y, con ella, la legitimidad de los que resultan electos, que tienen después que afrontar reformas estructurales con apenas el 20 o el 25 por ciento de respaldo del total de electores.

 

 

 

Más: Uruguay acaba de perder a su vicepresidente y promesa de la izquierda para el 2019 por denuncias de corrupción y, en Guatemala, solo el Congreso salvó al presidente Jimmy Morales de terminar en la cárcel como su antecesor, Otto Pérez. Mientras tanto, el caso Odebretch promete seguir abriendo cajas de Pandora en al menos diez países latinoamericanos.

 

Las grietas, siempre existentes, pero hoy profundizadas, no ayudan a aclarar el panorama. El Mercado y sus defensores creen que la democracia limita las reformas “imprescindibles” porque la gente, en teoría, no entiende que los ajustes son necesarios y termina apoyando a los demagogos populistas, pero, del otro lado, promotores del Estado intervencionista creen que la democracia limita las reformas “de fondo” porque la gente es manipulada por los medios de comunicación y vota en contra de sus intereses reales. ¿Quién queda en el medio? La democracia, que, por ahora al menos, tiene muchísimas fallas, pero ningún sistema superador.

 

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
El gobierno de Gustavo Petro echó a diplomáticos argentinos de Colombia.

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