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Organizaciones sociales y el club Darling, en pie de guerra contra las torres en Catalinas Sur que el macrismo habilitó en la Legislatura. El plan de judicialización para trabar el proyecto.
Francisco Basualdo 14/09/2017 08:21 PM

Todavía asimilando la aprobación en primera lectura del proyecto oficial para Catalinas Sur, los vecinos y organizaciones de ese barrio empiezan a perfilar cuáles serán las herramientas y recursos para detener, o al menos negociar, la implementación de una iniciativa que, según denuncian, amenaza con cambiar la fisonomía de esta zona de la ciudad.

Preocupados por la celeridad con la que el Gobierno porteño se propone tratar el tema -apenas 24 horas después de la primera votación realizada el jueves pasado, el Boletín Oficial ya había publicado los cambios de normativa-, los vecinos pulen por estas horas cuál será la estrategia que contenga los intereses de los diferentes actores que se oponen al desarrollo inmobiliario.

El primer paso lo dieron esta semana, cuando una docena de organizaciones le enviaron una carta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que la Audiencia Pública, que obligatoriamente tiene que hacerse antes de la segunda votación en la Legislatura, se realice en el propio barrio y en un horario que facilite la asistencia de los vecinos.

"Reclamamos que los vecinos tengamos espacio para expresarnos en la Audiencia Pública porque estamos hablando de un proyecto que pueden cambiar la calidad de vida del barrio" expresó Luciana Rizzi, una de las vecinas del barrio de Catalinas Sur, en relación a la carta en la que propusieron que la audiencia se lleve a cabo en la Usina del Arte, el Teatro de la Ribera o en la Escuela Carlos Della Penna, todos estos edificios públicos cercanos a los terrenos en cuestión.

En la carta firmada por miembros de la Comisión Directiva del club Darling (que perdería casi el 40% de sus instalaciones), la asociación cooperadora del colegio pública de Catalinas Sur, el Galpón Cultural de Catalinas y la comunera del Frente para la Victoria (FpV) Victoria Colombo reclaman “facilitar la accesibilidad de los vecinos de nuestro barrios a las exposiciones de un tema tan relevante”.

 

 

Lo cierto es que este pedido fue más bien un acto reflejo frente a la decisión gubernamental de avanzar rápidamente con el proyecto, pero anticipa también que el camino para la aprobación definitiva del desarrollo inmobiliario no va a ser tan sencilla.

"Nuestra principal impugnación es que el proyecto rompe totalmente la trama urbana del barrio porque van a construir 150.000 metros cuadrados en dos hectáreas y media, cuando todo Catalinas tiene 140.000 metros construidos" denunció Rizzi, en diálogo con Letra P. Explica que otra de las demandas que van a presentar durante los próximos días ante las autoridades de la Legislatura es el pedido para abrir una mesa de negociación que reúnan las organizaciones barriales y a las autoridades para alcanzar un consenso.

Inicialmente, el proyecto oficial, que no tiene la potestad de vender los terrenos fiscales porque son nacionales aunque facilita su valorización a partir del cambio de zonificación, contemplaba la construcción de tres torres en el predio que hoy tiene concesionado la Asociación Civil Catalinas Sur, conocido como “El Quincho”.

Sin embargo, el Ejecutivo porteño descartó la construcción de torres en ese predio, una decisión que presentó como una marcha atrás producto del reclamo vecinal, cuando en realidad lo que hizo fue mantener el predio dentro del proyecto global pero considerarlo parte del 65% del terreno que el convenio ordena destinar a espacios públicos.

EL DARLING. La Comisión Directiva del Club Darling no descarta judicializar del conflicto aunque aún apelan a una salida negociada. "Somos un club de barrio que pretende sostener una actividad deportiva, que tiene todos sus números ordenados y que hoy tiene a sus socios muy movilizados para no cambiar un pulmón verde para meter cemento" consideró Eduardo Marchetti, secretario del club que, no sin preocupación, se muestra confiado en que “la ley está de nuestro lado”.

Esto último tiene que ver con que este club, que cumplirá un siglo de vida en 2018, podría encontrar amparo en la ley de Protección de Clubes de Barrio, aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2014, que brinda especial protección a las entidades deportivas que funcionan sobre terrenos del Estado.

El terreno del Darling, en litigio.

Esta podría ser la llave para la presentación de una medida cautelar si se pone en marcha la obra sin que se haya logrado un acuerdo.

El artículo 18 de esta ley contempla que se debe garantizar "el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio y de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos fiscales", una situación que coincide en todo con la de este club boquense.

Desde hace 33 años, el Darling tiene un permiso de uso sobre el predio de la Administración General de Puertos que está afectado a la nueva urbanización, un punto sobre el que Marchetti es determinante: “Queremos, y por ley contamos con la posibilidad, adquirir ese espacio, al igual que lo hicimos con el resto del club”.

Una posibilidad, que propondrán como incentivo para adquirir los terrenos, es incluir una cláusula en la que un eventual cambio en el uso deportivo del predio pueda ser causal de rescisión de la compra por parte del Estado, una condición que les permitió adquirir los terrenos donde hoy funciona buena parte del club.

Los dirigentes del Darling esperan encontrar acuerdos tanto en la Audiencia Pública como en otras instancias de diálogo, para evitar llegar a los tribunales una vez que quede firme la rezonificación y se ponga a la venta el predio que irremediablemente va a obligarlos a achicarse.

La Boca vs. Larreta: el barrio se planta contra el mega negocio inmobiliario

Organizaciones sociales y el club Darling, en pie de guerra contra las torres en Catalinas Sur que el macrismo habilitó en la Legislatura. El plan de judicialización para trabar el proyecto.

Todavía asimilando la aprobación en primera lectura del proyecto oficial para Catalinas Sur, los vecinos y organizaciones de ese barrio empiezan a perfilar cuáles serán las herramientas y recursos para detener, o al menos negociar, la implementación de una iniciativa que, según denuncian, amenaza con cambiar la fisonomía de esta zona de la ciudad.

Preocupados por la celeridad con la que el Gobierno porteño se propone tratar el tema -apenas 24 horas después de la primera votación realizada el jueves pasado, el Boletín Oficial ya había publicado los cambios de normativa-, los vecinos pulen por estas horas cuál será la estrategia que contenga los intereses de los diferentes actores que se oponen al desarrollo inmobiliario.

El primer paso lo dieron esta semana, cuando una docena de organizaciones le enviaron una carta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que la Audiencia Pública, que obligatoriamente tiene que hacerse antes de la segunda votación en la Legislatura, se realice en el propio barrio y en un horario que facilite la asistencia de los vecinos.

"Reclamamos que los vecinos tengamos espacio para expresarnos en la Audiencia Pública porque estamos hablando de un proyecto que pueden cambiar la calidad de vida del barrio" expresó Luciana Rizzi, una de las vecinas del barrio de Catalinas Sur, en relación a la carta en la que propusieron que la audiencia se lleve a cabo en la Usina del Arte, el Teatro de la Ribera o en la Escuela Carlos Della Penna, todos estos edificios públicos cercanos a los terrenos en cuestión.

En la carta firmada por miembros de la Comisión Directiva del club Darling (que perdería casi el 40% de sus instalaciones), la asociación cooperadora del colegio pública de Catalinas Sur, el Galpón Cultural de Catalinas y la comunera del Frente para la Victoria (FpV) Victoria Colombo reclaman “facilitar la accesibilidad de los vecinos de nuestro barrios a las exposiciones de un tema tan relevante”.

 

 

Lo cierto es que este pedido fue más bien un acto reflejo frente a la decisión gubernamental de avanzar rápidamente con el proyecto, pero anticipa también que el camino para la aprobación definitiva del desarrollo inmobiliario no va a ser tan sencilla.

"Nuestra principal impugnación es que el proyecto rompe totalmente la trama urbana del barrio porque van a construir 150.000 metros cuadrados en dos hectáreas y media, cuando todo Catalinas tiene 140.000 metros construidos" denunció Rizzi, en diálogo con Letra P. Explica que otra de las demandas que van a presentar durante los próximos días ante las autoridades de la Legislatura es el pedido para abrir una mesa de negociación que reúnan las organizaciones barriales y a las autoridades para alcanzar un consenso.

Inicialmente, el proyecto oficial, que no tiene la potestad de vender los terrenos fiscales porque son nacionales aunque facilita su valorización a partir del cambio de zonificación, contemplaba la construcción de tres torres en el predio que hoy tiene concesionado la Asociación Civil Catalinas Sur, conocido como “El Quincho”.

Sin embargo, el Ejecutivo porteño descartó la construcción de torres en ese predio, una decisión que presentó como una marcha atrás producto del reclamo vecinal, cuando en realidad lo que hizo fue mantener el predio dentro del proyecto global pero considerarlo parte del 65% del terreno que el convenio ordena destinar a espacios públicos.

EL DARLING. La Comisión Directiva del Club Darling no descarta judicializar del conflicto aunque aún apelan a una salida negociada. "Somos un club de barrio que pretende sostener una actividad deportiva, que tiene todos sus números ordenados y que hoy tiene a sus socios muy movilizados para no cambiar un pulmón verde para meter cemento" consideró Eduardo Marchetti, secretario del club que, no sin preocupación, se muestra confiado en que “la ley está de nuestro lado”.

Esto último tiene que ver con que este club, que cumplirá un siglo de vida en 2018, podría encontrar amparo en la ley de Protección de Clubes de Barrio, aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2014, que brinda especial protección a las entidades deportivas que funcionan sobre terrenos del Estado.

El terreno del Darling, en litigio.

Esta podría ser la llave para la presentación de una medida cautelar si se pone en marcha la obra sin que se haya logrado un acuerdo.

El artículo 18 de esta ley contempla que se debe garantizar "el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio y de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos fiscales", una situación que coincide en todo con la de este club boquense.

Desde hace 33 años, el Darling tiene un permiso de uso sobre el predio de la Administración General de Puertos que está afectado a la nueva urbanización, un punto sobre el que Marchetti es determinante: “Queremos, y por ley contamos con la posibilidad, adquirir ese espacio, al igual que lo hicimos con el resto del club”.

Una posibilidad, que propondrán como incentivo para adquirir los terrenos, es incluir una cláusula en la que un eventual cambio en el uso deportivo del predio pueda ser causal de rescisión de la compra por parte del Estado, una condición que les permitió adquirir los terrenos donde hoy funciona buena parte del club.

Los dirigentes del Darling esperan encontrar acuerdos tanto en la Audiencia Pública como en otras instancias de diálogo, para evitar llegar a los tribunales una vez que quede firme la rezonificación y se ponga a la venta el predio que irremediablemente va a obligarlos a achicarse.