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El Gobierno apuesta a descartar la desaparición forzada. Buscará responsabilizar a "casos aislados" de Gendarmería. "Pato se equivocó en creerles tanto", responden ante las sospechas de encubrimiento.
Redacción 12/09/2017 10:05 PM

"Lo más importante del caso Maldonado hoy es para nosotros fundamental, muy profundo y muy importante. Es que todos los ADN han dado negativo en todos los transportes de la Gendarmería", dijo este martes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando había terminado la declaración conjunta que ofrecieron el presidente Mauricio Macri junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Las palabras de la funcionaria más respaldada por el Gobierno reflejó la inflexión que vive el Gobierno en las últimas 48 horas. “Ahora todo podría ser una acción desgraciada de un grupo de gendarmes, pero no una acción institucional de la fuerza, acusada de desaparecer de manera forzosa al joven”, confió a Letra P una alta fuente del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.

Las certezas que espetó Bullrich en público blanquearon el alivio que comenzó a respirar el Gobierno apenas supo el resultado de esas pericias. Fue el punto de partida para una nueva ofensiva del oficialismo con el fin de retomar la iniciativa, que ya había comenzado por la mañana, pasadas las 10.30, cuando el jefe de Gabinete Marcos Peña se reunió con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Calcaterra, y le comunicó la negativa del Presidente para conformar un grupo de expertos independientes que investiguen la desaparición forzosa.

“En un primer momento queríamos hacer participar al Alto Comisionado y así se lo planteó Garavano en las reuniones que mantuvo con Calcaterra, pero estas comisiones se dan en circunstancias donde hay casos de desaparición forzada y hasta ahora vemos que se trataría de una acción particular, o de un grupo, pero no de una desaparición forzada. Lo pensamos en base a las pericias que recibió el juez, que concluyó que en las camionetas no había ADN de Maldonado”, explicó una fuente de la Casa Rosada, para dimensionar el interés del Gobierno en el avance de los nuevos indicios, que podrían conducir a la responsabilidad penal de casos aislados, pero no a una participación corporativa de la fuerza, cuyos efectivos fueron acusados por la población mapuche de lavar las camionetas y borrar pruebas. Son los mismos vehículos donde no aparecieron rastros de ADN inculpatorios para los gendarmes.

“Nosotros no ponemos las manos en el fuego por nadie, y eso ya lo dijo Garavano”, se atajaron en Justicia. Tal cautela tiene una razón procesal de peso, porque la hipótesis de las “manzanas podridas” no alcanza a diluir las sospechas que giran en torno a la defensa cerrada de Gendarmería que hizo Bullrich. Tampoco a los esfuerzos que hizo para dilatar el inicio de sumarios para los efectos involucrados. “En la medida que crezca cualquier imputación contra los gendarmes, crecerán las dudas sobre Patricia y eso tiene una explicación: ella no debería haber confiado ciegamente en mandos que, al parecer, no le dijeron la verdad”, razonó otra fuente de la Casa Rosada, que asume el creciente desgaste de la funcionaria.

“Ella se equivocó en descartar la responsabilidad de Gendarmería y creer mucho en los gendarmes, que evidentemente le han mentido. Pero tampoco puede salir a acusar, sin pruebas, a los principales aliados que tiene en la lucha contra el narcotráfico. Eso ya lo ha dicho en las reuniones que mantuvo con el Presidente”, agregó un escudero que responde a “Pato”. Pero esa muestra de fidelidad que le dedicó Bullrich a su fuerza preferida aumenta las sospechas de encubrimiento, que el fiscal federal Federico Delgado ya plasmó en una investigación penal que ahora también está en manos del juez federal de Esquel, Guido Otranto.

“Eso es un disparate. Las instituciones funcionan, las investigaciones avanzan desde el 4 de agosto y el Gobierno reaccionó de manera acorde”, se defendió un secretario de Estado, para deslindar las responsabilidad de encubrimiento que le achacan a Bullrich y que desconoce el requerimiento que la semana pasada le tuvo que enviar el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, para que la cartera de Seguridad iniciara los sumarios que no habían comenzado, a 30 días de la desaparición.

Sin embargo, el pronostico de creciente desgaste que le deparan a Bullrich es más laxo que la expectativa de la Casa Rosada sobre el expediente que instruyen la fiscal federal Silvina Ávila y Otranto. “Le dijimos a Calcaterra lo que esperamos que pase en el expediente: que la carátula de desaparición forzada sea descartada”, confiaron desde el primer piso de Balcarce 50. En esos despachos, desde las últimas pericias, no muestran el alivio que sobreactuó Bullrich, pero aseguran que el incremento de testimonios y pruebas, posiblemente, orienten el caso hacia una hipótesis menos corrosiva para el Gobierno que la desaparición forzosa del joven de 27 años, visto con vida por última vez el 1 de agosto. 

En medio del cambio de clima, en la Casa Rosada prefieren eludir el silencio corporativo que reinó sobre todos los efectivos de Gendarmería en Esquel durante 40 días. "Si crece la nueva hipótesis, habrá responsables materiales dentro de poco. Y sobre la desaparición forzosa sólo hemos descartado, por ahora, la posibilidad de conformar al grupo de expertos. Pero si todo empeora, podríamos volver a retomar esa posibilidad", agregaron desde Balcarce 50 para abrir el paraguas, ante la indeseada alternativa de que el presunto encubrimiento se transforme en una nueva tormenta para el Gabinete cuyos ministros, hasta hace 48 horas, se debatían en espinosas internas alrededor de Bullrich y de su jefe de asesores, Pablo Noceti. 

La hipótesis menos mala genera alivio en la Rosada y le da oxígeno a Bullrich

El Gobierno apuesta a descartar la desaparición forzada. Buscará responsabilizar a "casos aislados" de Gendarmería. "Pato se equivocó en creerles tanto", responden ante las sospechas de encubrimiento.

"Lo más importante del caso Maldonado hoy es para nosotros fundamental, muy profundo y muy importante. Es que todos los ADN han dado negativo en todos los transportes de la Gendarmería", dijo este martes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando había terminado la declaración conjunta que ofrecieron el presidente Mauricio Macri junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Las palabras de la funcionaria más respaldada por el Gobierno reflejó la inflexión que vive el Gobierno en las últimas 48 horas. “Ahora todo podría ser una acción desgraciada de un grupo de gendarmes, pero no una acción institucional de la fuerza, acusada de desaparecer de manera forzosa al joven”, confió a Letra P una alta fuente del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.

Las certezas que espetó Bullrich en público blanquearon el alivio que comenzó a respirar el Gobierno apenas supo el resultado de esas pericias. Fue el punto de partida para una nueva ofensiva del oficialismo con el fin de retomar la iniciativa, que ya había comenzado por la mañana, pasadas las 10.30, cuando el jefe de Gabinete Marcos Peña se reunió con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Calcaterra, y le comunicó la negativa del Presidente para conformar un grupo de expertos independientes que investiguen la desaparición forzosa.

“En un primer momento queríamos hacer participar al Alto Comisionado y así se lo planteó Garavano en las reuniones que mantuvo con Calcaterra, pero estas comisiones se dan en circunstancias donde hay casos de desaparición forzada y hasta ahora vemos que se trataría de una acción particular, o de un grupo, pero no de una desaparición forzada. Lo pensamos en base a las pericias que recibió el juez, que concluyó que en las camionetas no había ADN de Maldonado”, explicó una fuente de la Casa Rosada, para dimensionar el interés del Gobierno en el avance de los nuevos indicios, que podrían conducir a la responsabilidad penal de casos aislados, pero no a una participación corporativa de la fuerza, cuyos efectivos fueron acusados por la población mapuche de lavar las camionetas y borrar pruebas. Son los mismos vehículos donde no aparecieron rastros de ADN inculpatorios para los gendarmes.

“Nosotros no ponemos las manos en el fuego por nadie, y eso ya lo dijo Garavano”, se atajaron en Justicia. Tal cautela tiene una razón procesal de peso, porque la hipótesis de las “manzanas podridas” no alcanza a diluir las sospechas que giran en torno a la defensa cerrada de Gendarmería que hizo Bullrich. Tampoco a los esfuerzos que hizo para dilatar el inicio de sumarios para los efectos involucrados. “En la medida que crezca cualquier imputación contra los gendarmes, crecerán las dudas sobre Patricia y eso tiene una explicación: ella no debería haber confiado ciegamente en mandos que, al parecer, no le dijeron la verdad”, razonó otra fuente de la Casa Rosada, que asume el creciente desgaste de la funcionaria.

“Ella se equivocó en descartar la responsabilidad de Gendarmería y creer mucho en los gendarmes, que evidentemente le han mentido. Pero tampoco puede salir a acusar, sin pruebas, a los principales aliados que tiene en la lucha contra el narcotráfico. Eso ya lo ha dicho en las reuniones que mantuvo con el Presidente”, agregó un escudero que responde a “Pato”. Pero esa muestra de fidelidad que le dedicó Bullrich a su fuerza preferida aumenta las sospechas de encubrimiento, que el fiscal federal Federico Delgado ya plasmó en una investigación penal que ahora también está en manos del juez federal de Esquel, Guido Otranto.

“Eso es un disparate. Las instituciones funcionan, las investigaciones avanzan desde el 4 de agosto y el Gobierno reaccionó de manera acorde”, se defendió un secretario de Estado, para deslindar las responsabilidad de encubrimiento que le achacan a Bullrich y que desconoce el requerimiento que la semana pasada le tuvo que enviar el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, para que la cartera de Seguridad iniciara los sumarios que no habían comenzado, a 30 días de la desaparición.

Sin embargo, el pronostico de creciente desgaste que le deparan a Bullrich es más laxo que la expectativa de la Casa Rosada sobre el expediente que instruyen la fiscal federal Silvina Ávila y Otranto. “Le dijimos a Calcaterra lo que esperamos que pase en el expediente: que la carátula de desaparición forzada sea descartada”, confiaron desde el primer piso de Balcarce 50. En esos despachos, desde las últimas pericias, no muestran el alivio que sobreactuó Bullrich, pero aseguran que el incremento de testimonios y pruebas, posiblemente, orienten el caso hacia una hipótesis menos corrosiva para el Gobierno que la desaparición forzosa del joven de 27 años, visto con vida por última vez el 1 de agosto. 

En medio del cambio de clima, en la Casa Rosada prefieren eludir el silencio corporativo que reinó sobre todos los efectivos de Gendarmería en Esquel durante 40 días. "Si crece la nueva hipótesis, habrá responsables materiales dentro de poco. Y sobre la desaparición forzosa sólo hemos descartado, por ahora, la posibilidad de conformar al grupo de expertos. Pero si todo empeora, podríamos volver a retomar esa posibilidad", agregaron desde Balcarce 50 para abrir el paraguas, ante la indeseada alternativa de que el presunto encubrimiento se transforme en una nueva tormenta para el Gabinete cuyos ministros, hasta hace 48 horas, se debatían en espinosas internas alrededor de Bullrich y de su jefe de asesores, Pablo Noceti.