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Con apoyo político y críticas empresarias salió la ley de alquileres de Larreta

La Legislatura aprobó una modificación que obliga a los propietarios a pagar los costos de la comisión e informes administrativos. Consenso en la política, críticas en el sector privado.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves 51 votos positivos y 2 abstenciones una modificación a la ley de alquileres que beneficia los inquilinos y establece que el valor de la comisión inmobiliaria y los gastos de informes oficiales de administración de inmuebles destinados a viviendas deben ser abonados obligatoriamente por el propietario.

 

Esta disminución del dinero que debe abonar un inquilino a la hora de ingresar a un alquiler beneficiaría a un porcentaje alto de la Ciudad: se estima que el 35% de los porteños alquila una vivienda. A pesar del amplio consenso político, la normativa trajo cuestionamientos en el sector empresario, principalmente del Colegio Profesional Inmobiliario y de los corredores inmobiliarios.

 

“Había una necesidad de reglas más claras que permitieran un salto cualitativo en la forma de alquilar”, evaluó el jefe del bloque del PRO en la Legislatura porteña, Francisco Quintana.

 

“Casi 400 mil familias se verán beneficiadas. La amplia mayoría parlamentaria con la que fue aprobado el proyecto da cuenta de la necesidad que había de reglas más claras que permitieran un salto cualitativo en la forma de alquilar”, aseguró Quintana.

 

“Esta ley cercena los derechos a cobrar por el trabajo que hacemos los corredores inmobiliarios, que somos profesionales universitarios”, cuestionó el fundador de la Cámara Argentina Inmobiliaria Armando Pepe en diálogo con Radio Rivadavia.

 

“En la Ciudad de Buenos Aires hay siete mil corredores, de los cuales un 95% son unipersonales. Son inmobiliarias que atiende el corredor con su señora y con un hijo que ayuda. Esas inmobiliarias van a tener que cerrar las puertas”, sentenció. Según Pepe, “al no poder cobrar honorario por su trabajo, van a tener que cerrar las puertas”.

 

“A la larga el más perjudicado va a ser a quien se pretende proteger, que es el inquilino. Cuando los propietarios tengan que pagar honorario van a subir el valor de los alquileres y lo va a terminar pagando el inquilino”, concluyó.

 

Para el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Del Sol, la sanción de la modificación “es un primer paso muy importante que beneficiará a miles de porteños, ya que significará una reducción de la inversión que se hace al acceder a un alquiler”. Junto a la presidenta de la Comisión de Vivienda, Lía Rueda, el macrista Del Sol negoció con la oposición la ley que Rodríguez Larreta exigió que se apruebe antes del mes de septiembre.

 

“Regular esta problemática era una necesidad de la población y legislamos de acuerdo a ello. Este nuevo sistema mejorará la oferta y demanda en la actividad”, destacó el legislador del PRO.

 

“El proyecto aprobado es una prioridad en la agenda de varios bloques de esta  Legislatura porque busca fortalecer la política de acceso a la vivienda que se está llevando a cabo tanto desde el Gobierno de la Ciudad como desde el Gobierno Nacional, y busca resolver la situación habitacional de muchos porteños, por eso es necesario avanzar con mejoras en las condiciones de acceso y permanencia al mercado de locaciones con destino habitacional, como primer paso y con la mejor ley posible decidida entre varios bloques”, destacó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

 

“Estamos discutiendo 10 años de ausencia por parte del Estado del resguardo de intereses de los que más lo necesitan, como son los inquilinos, que mayoritariamente comprenden a la población joven”, evaluó el peronista Gabriel Fuks.   

 

 “Si bien la ley aprobada no contempla la totalidad de las reivindicaciones de los inquilinos, significa un importante alivio para aquellos que deben dar inicio a un contrato de locación de una vivienda y que, hasta ahora, debían pagar el equivalente a 4 o 5 meses de alquiler al momento de firmar la documentación" sostuvo el diputado socialista”, sostuvo el diputado del Partido Socialista Auténtico Adrián Camps.

 

En tanto, la kirchnerista Andrea Conde justificó el acompañamiento a la iniciativa del macrismo pero agregó que “no podemos dejar de decir que es una solución muy parcial a una problemática que excede por mucho lo contenido en este proyecto”.

 

Alex Wahnish, el rabino de Javier Milei. 
Pullaro, el ministro Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penitenciarios. Con más de 1.800 celulares incautados en requisas en las unidades penitenciarias santafesinas.   

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