Judiciales

Instancia clave para el jury a Cartasegna: convocan al jurado

Mientras el fiscal licenciado sigue internado en una clínica psiquiátrica, la aplicación de una figura legal pone en crisis su estrategia para seguir en el cargo o lograr una jubilación anticipada.

La aplicación de un principio jurídico que apunta a preservar a la sociedad de una deficiente administración de justicia es la herramienta que tienen los integrantes del jurado de enjuiciamiento que deberán analizar si el fiscal platense Fernando Cartasegna debe volver a la sede del fuero penal, pero en calidad de procesado. Cartasegna será juzgado, entre otros conjueces, por un abogado que fue defensor de un comisario asesino de piqueteros.

 

Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de justicia bonaerense, citó para el próximo 24 de agosto al plenario en el que se definirá si ordena la instrucción de un sumario y tratará también el pedido de apartamiento preventivo de Cartasegna solicitado por la Procuración General, confirmaron fuentes del máximo organismo judicial bonaerense a Letra P.

 

A esa audiencia no puede ingresar la defensa del acusado. Cabe recordar que el antecedente inmediato es el del ex juez de Garantías platense César Melazzo, quien intentó ingresar pero le fue vedado el paso.

 

La defensa de Cartasegna está en manos del abogado Fernando Burlando, quien, consultado sobre la posible destitución a futuro de su asistido, fue contundente: "Definitivamente no podrían" sin aportar, en esta oportunidad, más fundamentación que esa.

 

Tal como informó este medio, Cartasegna se aferra a su salud mental para esquivar un futuro que, en principio, no sería favorable para sus aspiraciones, ya que una pericia oficial determinó que es imputable.

 

Pero el plan B de los juzgadores es la aplicación del principio jurídico in dubio pro societatis, que, en la instancia del próximo jueves, desplaza al beneficio de la duda en favor del acusado (in dubio pro reo).

 

El abogado y conjuez de la Suprema Corte Juan José Losinno -cuyo estudio tiene una efectividad del 100% en la defensa de magistrados- explicó que la aplicación de este principio jurídico "preserva a la sociedad para tener una sana y correcta administración de justicia" y recordó que "es un criterio utilizado varias veces en los procesos de destitución de magistrados".

 

SIN SECRETO DE SUMARIO. El apartamiento preventivo del fiscal es una figura que le permite a quienes conforman el jurado separar por 90 días al funcionario una vez iniciado el proceso de juzgamiento.

 

Si el Jurado ordena la instrucción del sumario, la Secretaría Permanente tendrá 90 días para hacerlo, tras lo cual deberá dar traslado a la parte denunciante para que ratifique la acusación y luego al denunciado para que en el plazo de 30 días haga su descargo.

 

Según la denuncia del procurador Julio Conte Grand, Cartasegna cometió los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del cargo e incumplimiento de promover la persecución y represión”.

 

Manuel Mosca. El macrista presidente de la Cámara de Diputados integra el jurado que juzgará a Cartasegna.

 

 

EL JURADO. Los legisladores Pablo Garate y Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador; Manuel Mosca y Marcelo Di Leo, de Cambiemos, y Héctor Vitale, del Bloque Justicialista, son los integrantes de la pata política de la acusación.

 

Los conjueces abogados titulares que resultaron sorteados son Ricardo Naredo, Pedro Toma, Amílcar Chiodo, Víctor Bernabéu y María Victoria Lorences. Entre los suplentes se anotan Omar Luis Daer, Leandro Adolfo Matilla y Hugo Galderisi.

 

Naredo, oriundo de Lomas de Zamora, es conjuez desde el año 2012 y se desempeña actualmente como secretario del Colegio de Abogados de ese departamento judicial.

 

Toma, también de Lomas de Zamora, se destaca como profesor titular en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de ese distrito.

 

Chiodo, de Quilmes, fue abogado del ex comisario Alfredo Fanchiotti, condenado por la ejecución de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Proviene de una familia radical pero trabajó para el núcleo duro del PJ quilmeño.

 

Bernabeu, de Morón, es director honorario del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Morón.

 

Lorences es la titular del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.

 

Por su parte, Daer, primero en la lista de suplentes, fue abogado defensor de Carlos Menem en la causa por tráfico de armas a Croacia y Ecuador y del ex policía Carlos Quevedo, también condenado por la masacre en la estación de avellaneda ocurrida en junio de 2002.

 

Todos ellos, bajo la presidencia de la jueza suprema Kogan, deberán expedirse sobre las acusaciones presentadas contra el fiscal Cartasegna.

 

El funcionario estaba al frente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 de La Plata. En esa fiscalía no solo se tramitaban causas habituales de inseguridad. También se instruían expedientes sobre trata de personas, pedofilia y grooming. Se investigaba a barrabravas y allí estaba radicado el expediente por la búsqueda de los restos de Miguel Bru, el estudiante de Periodismo de La Plata desaparecido en 1993, hecho del que este jueves se cumplen 24 años.

 

Sin embargo, una auditoría realizada luego en su fiscalía detectó graves anormalidades en el funcionamiento, lo que motivó una denuncia penal ante el fiscal Álvaro Garganta, quien citó a indagatoria a Cartasegna, trámite que no puede ejecutarse hasta tanto sea suspendido por el Jury.

 

 

Alvaro Garganta, uno de los dos fiscales que investigan a Cartasegna.

 

 

LA CAJA DE PANDORA. Fuentes de la Procuración General detallaron que en la auditoría se encontraron causas que estaban con mucho retraso y el faltante de elementos que se secuestran en las investigaciones, entre ellos dinero.

 

También en la fiscalía se encontró cocaína que había sido secuestrada en un procedimiento pero que no existía ninguna causa vinculada a esa droga incautada.

 

Además, llamó la atención el hallazgo de carátulas en blanco pero a las que se les asignaba un número de causa, por lo que los investigadores sospechan que podían ser utilizadas para lo que en la jerga judicial se denomina “saltear” al fiscal de turno.

 

Junto a Cartasegna, el fiscal Garganta procesó a parte de su equipo de trabajo: el secretario, un auxiliar letrado y una empleada encargada de la mesa de entrada de la fiscalía.

 

Cartasegna también fue imputado por la fiscal Ana Medina, que investigaba el presunto ataque que sufrió en su despacho, donde supuestamente intentaron ahorcarlo y fue –según su propio relato- golpeado y maniatado. Allí apareció en el piso escrito con azúcar el apellido “Nisman”, en referencia al fallecido fiscal de la causa AMIA.

 

Medina comprobó en la causa que unos panfletos que habían aparecido en el baño de los tribunales con la foto de Cartasegna y la leyenda “Sos el próximo Nisman” fueron impresos “en un dispositivo instalado en el despacho del fiscal, conectado a su PC y que era de su uso exclusivo”.

 

Cuatro días antes del supuesto ataque a su despacho, Cartasegna había denunciado también que había sufrido el primer ataque cuando se dirigía a la fiscalía y, al menos dos hombres y una mujer vestidos con ropa de policía antigua, lo golpearon cuando bajaba del auto.

 

Si bien los investigadores sospecharon en un principio que los ataques podrían estar vinculados a alguna causa que investigaba Cartasegna, no descartaron tampoco que pudieran estar relacionados a una cuestión personal del funcionario judicial, algo que comenzó a tener mayor sustento con el correr de los días.

 

Además, de su fiscalía desapareció el expediente en el que se investiga la desaparición de Bru, aunque luego fue encontrado en un armario que ya había sido requisado.

 

 

 

 

 

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