Cambiemos

Denuncian que Sánchez Zinny busca tercerizar servicios en Educación

Los gremios docentes ya ponen la lupa en el ministro por un accionar que comienza a repetirse en el gobierno de Vidal. En los últimos días se firmó un acta acuerdo con una nueva fundación.

Luego de la firma de un acta acuerdo entre la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense con la fundación Observatorio Argentinos por la Educación, desde Suteba salieron al cruce del ministro Gabriel Sánchez Zinny porque argumentan que se está excluyendo a los docentes y se busca lentamente transferir responsabilidades del Estado y del Gobierno, posibilitando procesos de mercantilización de la Educación. Los gremios ya presionan para que se los convoque a comisiones técnicas paritarias.

 

Con este nuevo acuerdo, el gobierno de María Eugenia Vidal busca darle visibilidad a una selección de datos e indicadores de información pública. Según lo informado por la cartera educativa provincial, esto permitirá promover la apertura y transparencia de la información del sistema educativo y el monitoreo continuo del mismo: la Fundación creará una plataforma de acceso gratuito que permitirá a los padres, alumnos, miembros de la comunidad educativa y la sociedad en general, conocer el estado de situación y la evolución del sistema educativo argentino.

 

En este sentido, Sánchez Zinny remarcó “la necesidad de trabajar con la comunidad educativa, entendiendo a la educación como un proceso social que requiere la participación y el compromiso de todos los actores de la sociedad civil”. Y por su parte, Ricardo Torres, cofundador de Argentinos por la Educación, indicó: "como país hacemos un esfuerzo grande invirtiendo el 5,5% de nuestro PBI en educación. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes de bajo nivel socioeconómico no termina la secundaria, y de aquellos que aún cursan el último año de la secundaria estatal, muy pocos alcanzan un nivel satisfactorio en matemáticas”.

 

Desde el gremio conducido por Roberto Baradel sostienen que "Sánchez Zinny mantiene la línea de continuidad de gestión educativa de la provincia de Buenos Aires de transferir responsabilidades del Estado y del Gobierno a las fundaciones" y que esto "son puertas que se van abriendo a procesos de mercantilización de la educación". Para el gremio, las tareas que llevarán a cabo desde la Fundación podrían hacerse tranquilamente por los propios trabajadores de las áreas de la DGCyE y del Gobierno.

 

"En todo caso, si se requiere profundizar un análisis del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, la propia DGCyE cuenta con información relevada que ha estado requiriendo periódicamente a las instituciones educativas bonaerenses. En consecuencia, el ministerio provincial tiene direcciones, secretarías y subsecretarías que pueden construir perfectamente una caracterización de la situación de la educación pública de la Provincia", agregaron.

 

Este nuevo convenio se suma a los ya firmados con anterioridad con otras fundaciones, como Muy Bien 10 y Enseñá por Argentina. Por eso, desde Suteba ponen la lupa en este accionar que comienza a repetirse y plantean que lo que hay es "una política de transferencia de responsabilidades del Estado provincial y de la DGCyE a las fundaciones". "Los excluidos en la incidencia de esas definiciones somos los Trabajadores de la educación. Reclamamos, una vez más, que el ámbito para la construcción de políticas de mejoramiento para la educación pública es el ámbito de la paritaria provincial", cerraron.

 

Muy bien 10 es un proyecto que surge de una iniciativa de la ONG Proyecto Educar 2050, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Grupo Clarín, La Nación y el banco Santander Río. En 2017 ya se encuentra implementado en una decena de colegios bonaerenses, como Tigre y Lanús, entre otros.
Enseñá por Argentina forma parte de Teach for all, una red global de más de 40 organizaciones asociadas independientes, dirigidas y financiadas a nivel local, con la visión compartida de aumentar las oportunidades educativas en sus países. Teach for All, ofrece una plataforma que permite a los diferentes países de la red conectarse y aprender unos de otros, para acelerar su impacto individual y colectivo. Así se define en su propia web.

Por su parte, desde Educación aclararon que el Observatorio es una fundación sin fines de lucro comprometida a no recibir aportes gubernamentales. "Es una iniciativa plural y apartidaria, impulsada por un movimiento de referentes educativos, empresarios, emprendedores, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales", detallaron y continuaron: "con el fin de garantizar la rigurosidad en el manejo de datos, el Observatorio cuenta con una mesa independiente de expertos quienes colaboran en la definición de la metodología de trabajo y auditan el trabajo del equipo de investigación del observatorio".

 

El fin de semana previo al comienzo de las vacaciones de invierno, en plena polémica por la negativa de los docentes a dar clases -tal como lo pedía el Gobierno para que se recuperen los días perdidos por los paros-, Baradel le anticipó a Letra P que la futura disputa con las nuevas autoridades tiene que ver con el ingreso de las fundaciones a la gestión diaria. "No lo conozco personalmente (a Sánchez Zinny). Lo que sí, creo que viene más sofisticada la política del Gobierno actual, referida a lo que yo planteé el año pasado: vienen a hacer negocios con la educación pública", respondió el secretario general del gremio educativo más poderoso de la Provincia.

 

"Esa es la puerta de entrada a las grandes fundaciones del sector privado en la educación pública, empezando por la multinacional Pearson, que es la que lleva adelante las prueba PISA. Si la política va a ser la entrada a las fundaciones, vamos a salir a denunciarlo fuertemente. Nosotros queremos que la educación sea pública; podemos tener diferencias con el Gobierno pero estamos dispuestos a discutirlas. Lo que no queremos es que hagan negocios con la educación pública. En eso vamos a ser absolutamente intransigentes", cerró.

 

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
El gobierno de Gustavo Petro echó a diplomáticos argentinos de Colombia.

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