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El acuerdo ARSAT-Hughes y la delegación de la política satelital

Una carta de intención entre la empresa nacional y la estadounidense pone en jaque la soberanía satelital, el respeto por la ley y el interés público como objetivo de gestión y desarrollo del ARSAT-3.

El acuerdo ARSAT-Hughes y la delegación de la política satelital

18/07/2017 11:09 AM

El domingo pasado en C5N el periodista Darío Gannio dio a conocer un documento que muestra un pre-acuerdo entre la empresa estatal ARSAT y la estadounidense Hughes. Este entendimiento consiste en la asociación de ambos actores para la fabricación, lanzamiento y explotación del tercer satélite geoestacionario argentino, el ARSAT-3. Este satélite operará en la banda Ka y tendrá la posibilidad (y principal ventaja) de ofrecer internet de banda ancha satelital a menores costos. En la carta de intenciones se deja en claro que la construcción y puesta en funcionamiento del satélite implica una inversión de US$ 280 millones.

Los términos de este acuerdo -ver archivo adjunto, gentileza de ElDestape.com- consisten en la creación de una nueva compañía (de ahí la mencionada “Newco”, del inglés “New Company”) que será la encargada de gestionar el nuevo satélite. Esta empresa dividirá su accionariado, según los términos pre-acordados, en favor de Hughes, que resultará la firma dominante con un mínimo del 51% de las acciones. De haber terceros interesados, el documento establece que será ARSAT el encargado de descapitalizarse. Hughes es una de las principales proveedoras de internet satelital en el mundo. El satélite resultante de este acuerdo operaría sobre uno de los recursos más valiosos y escasos con los que cuenta la empresa argentina: las órbitas geoestacionarias.

Si el acuerdo entre Hughes y ARSAT se concretara, el Estado argentino perdería la capacidad de decisión y gestión sobre uno de los principales activos y desarrollos tecnológicos. La firma controlante de “Newco”, los estadounidenses, obtendría la capacidad de designar la mayoría del directorio de y, a sus vez, a los gestores del satélite.

La política de desarrollo y explotación de satélites geoestacionarios lleva una década de evolución en el país y sus principales logros son las versiones anteriores al satélite en cuestión: los ARSAT 1 y 2. Al mismo tiempo, la actual gestión muestra entre sus créditos la comercialización de buena parte de la capacidad de ambos satélites con resultados económicos favorables para la firma estatal. ¿Por qué ceder esta potestad y este recurso finito a una empresa privada?

La construcción del ARSAT 3 está postergada desde diciembre de 2015, a la espera de un modelo de ingresos que le permita al Estado prescindir de la inversión del tesoro nacional para su construcción. Este es uno de los objetivos de la gestión de Rodrigo De Loredo, presidente de la empresa ARSAT. En una entrevista con Fernando Krakowiak (Página 12), De Loredo explicó la estrategia de asociación con capitales privados para el desarrollo de ARSAT-3. “Decidimos hacerla sin aportes del Tesoro y sin asistencia crediticia que le quite crédito a otros proyectos de infraestructura básica que se propone llevar adelante el Gobierno nacional. (…) Hay distintas opciones. Negociar una preventa de capacidad, una opción de financiamiento a riesgo de ARSAT o una opción de participación de un privado en el capex del lanzamiento”.

Uno de los principales problemas que presenta esta política es que cede poder de decisión y gestión sobre activos estratégicos, esenciales y soberanos del Estado argentino (órbitas geoestacionarias y satélites de desarrollo nacional).

De confirmarse el acuerdo, deberá ser validado previamente por el Congreso de la Nación con votos de las dos terceras partes. Así lo dispone la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.208, sancionada en noviembre de 2015, que además establece “el interés público nacional” sobre el “Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035” y pone a la empresa ARSAT al frente y como responsable de su ejecución.

El artículo 10 de la ley plantea que “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación". La carta de intención difundida el domingo no es respetuosa de la letra de esta norma, vigente.

En resumen, la carta de intención de acuerdo entre ARSAT y la estadounidense Hughes no privatiza a la primera, no privatiza a los satélites que el Estado ya gestiona ni vende las órbitas geoestacionarias de su propiedad. Este pre-acuerdo implica la posibilidad y la intención del Estado argentino de ceder la potestad de explotar y dirigir el proyecto satelital ARSAT-3 con fines y objetivos de interés público al relegar su capacidad de decisión frente a un acuerdo comercial con una empresa privada extranjera en contra de lo dispuesto por la ley vigente en la materia.

Desde la empresa estatal presentan este hecho como la muestra del interés de capitales extranjeros en el desarrollo de la industria satelital nacional. Sin embargo, la subordinación de una política pública estratégica a los intereses de capitales extranjeros deja ver que podría tratarse del retiro del Estado en favor de negocios privados.

(*) Becario doctoral del CONICET e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes

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El acuerdo ARSAT-Hughes y la delegación de la política satelital

Becario CONICET - Universidad Nacional de Quilmes 

Una carta de intención entre la empresa nacional y la estadounidense pone en jaque la soberanía satelital, el respeto por la ley y el interés público como objetivo de gestión y desarrollo del ARSAT-3.

El domingo pasado en C5N el periodista Darío Gannio dio a conocer un documento que muestra un pre-acuerdo entre la empresa estatal ARSAT y la estadounidense Hughes. Este entendimiento consiste en la asociación de ambos actores para la fabricación, lanzamiento y explotación del tercer satélite geoestacionario argentino, el ARSAT-3. Este satélite operará en la banda Ka y tendrá la posibilidad (y principal ventaja) de ofrecer internet de banda ancha satelital a menores costos. En la carta de intenciones se deja en claro que la construcción y puesta en funcionamiento del satélite implica una inversión de US$ 280 millones.

Los términos de este acuerdo -ver archivo adjunto, gentileza de ElDestape.com- consisten en la creación de una nueva compañía (de ahí la mencionada “Newco”, del inglés “New Company”) que será la encargada de gestionar el nuevo satélite. Esta empresa dividirá su accionariado, según los términos pre-acordados, en favor de Hughes, que resultará la firma dominante con un mínimo del 51% de las acciones. De haber terceros interesados, el documento establece que será ARSAT el encargado de descapitalizarse. Hughes es una de las principales proveedoras de internet satelital en el mundo. El satélite resultante de este acuerdo operaría sobre uno de los recursos más valiosos y escasos con los que cuenta la empresa argentina: las órbitas geoestacionarias.

Si el acuerdo entre Hughes y ARSAT se concretara, el Estado argentino perdería la capacidad de decisión y gestión sobre uno de los principales activos y desarrollos tecnológicos. La firma controlante de “Newco”, los estadounidenses, obtendría la capacidad de designar la mayoría del directorio de y, a sus vez, a los gestores del satélite.

La política de desarrollo y explotación de satélites geoestacionarios lleva una década de evolución en el país y sus principales logros son las versiones anteriores al satélite en cuestión: los ARSAT 1 y 2. Al mismo tiempo, la actual gestión muestra entre sus créditos la comercialización de buena parte de la capacidad de ambos satélites con resultados económicos favorables para la firma estatal. ¿Por qué ceder esta potestad y este recurso finito a una empresa privada?

La construcción del ARSAT 3 está postergada desde diciembre de 2015, a la espera de un modelo de ingresos que le permita al Estado prescindir de la inversión del tesoro nacional para su construcción. Este es uno de los objetivos de la gestión de Rodrigo De Loredo, presidente de la empresa ARSAT. En una entrevista con Fernando Krakowiak (Página 12), De Loredo explicó la estrategia de asociación con capitales privados para el desarrollo de ARSAT-3. “Decidimos hacerla sin aportes del Tesoro y sin asistencia crediticia que le quite crédito a otros proyectos de infraestructura básica que se propone llevar adelante el Gobierno nacional. (…) Hay distintas opciones. Negociar una preventa de capacidad, una opción de financiamiento a riesgo de ARSAT o una opción de participación de un privado en el capex del lanzamiento”.

Uno de los principales problemas que presenta esta política es que cede poder de decisión y gestión sobre activos estratégicos, esenciales y soberanos del Estado argentino (órbitas geoestacionarias y satélites de desarrollo nacional).

De confirmarse el acuerdo, deberá ser validado previamente por el Congreso de la Nación con votos de las dos terceras partes. Así lo dispone la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.208, sancionada en noviembre de 2015, que además establece “el interés público nacional” sobre el “Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035” y pone a la empresa ARSAT al frente y como responsable de su ejecución.

El artículo 10 de la ley plantea que “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación". La carta de intención difundida el domingo no es respetuosa de la letra de esta norma, vigente.

En resumen, la carta de intención de acuerdo entre ARSAT y la estadounidense Hughes no privatiza a la primera, no privatiza a los satélites que el Estado ya gestiona ni vende las órbitas geoestacionarias de su propiedad. Este pre-acuerdo implica la posibilidad y la intención del Estado argentino de ceder la potestad de explotar y dirigir el proyecto satelital ARSAT-3 con fines y objetivos de interés público al relegar su capacidad de decisión frente a un acuerdo comercial con una empresa privada extranjera en contra de lo dispuesto por la ley vigente en la materia.

Desde la empresa estatal presentan este hecho como la muestra del interés de capitales extranjeros en el desarrollo de la industria satelital nacional. Sin embargo, la subordinación de una política pública estratégica a los intereses de capitales extranjeros deja ver que podría tratarse del retiro del Estado en favor de negocios privados.

(*) Becario doctoral del CONICET e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes