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Responso para el Ministerio de Comunicaciones

Responso para el Ministerio de Comunicaciones

17/07/2017 02:49 PM

Con un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU 513) publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno de Mauricio Macri volvió a modificar la autoridad de aplicación de comunicaciones audiovisuales y telecomunicaciones, sin por ello desgubernamentalizar su subordinación al Poder Ejecutivo Nacional. El DNU 513 sepulta el Ministerio de Comunicaciones que gestionó en este año y medio de mandato Oscar Aguad, cuyo destino es la cartera de Defensa. El área, que involucra cuestiones tan sensibles como el derecho a la libertad de expresión, las obligaciones estatales de promover el pluralismo y la diversidad, el acceso a la cultura y a las comunicaciones, el tendido de redes y el control de abusos de poder dominante en redes audiovisuales y de telecomunicaciones, engrosará la abultada estructura del Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra.

La creación y eliminación del Ministerio de Comunicaciones en tan corto plazo es indicativa de un proceso intenso, transgresor y de importantes cambios de rumbo. La presidencia de Macri fue hiperactiva en los hechos para adecuar, vía decretos y resoluciones del Ministerio y del ente gubernamental ENaCom, las normas a los intereses de los actores industriales más concentrados –en especial, del Grupo Clarín- pero fue, al mismo tiempo, sobria en su discurso sobre estas cuestiones, con excepciones puntuales provocadas por la incontinencia verbal de Aguad.

La gestión de las comunicaciones comenzó en diciembre de 2015 con el desguace brusco de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido litigados por el Grupo Clarín y que la Corte Suprema de Justicia refrendó en 2013 como constitucionales (con seis votos sobre siete), con la gubernamentalización plena de los órganos reguladores y de aplicación y con la venia para que el mercado se concentre todavía más. El Ministerio de Comunicaciones fenece con la celebración de su titular a la fusión de Cablevisión y Telecom, que es inédita en toda América Latina.

Los objetivos enunciados como justificación de la política ejecutada en este año y medio contrastan con esos resultados. Los objetivos clamaban por inyectar competencia en un sector muy concentrado, estimular el pluralismo y retomar la senda de la institucionalidad republicana al prometer que los cambios por decreto serían transitorios y que a mediados de 2016 el gobierno enviaría al Congreso un proyecto de ley de comunicaciones convergentes, para la cual creó una comisión que se extendió el doble de ese plazo y cuyo resultado se oculta públicamente a pesar de que el propio gobierno dice que sus comisionados cumplieron la misión encomendada. El proyecto oficial luce por su ausencia y lo que sigue regulando el sector son decretos y resoluciones que se contradicen entre sí y que, en una exhibición de inseguridad jurídica, carecen de estabilidad a mediano plazo.

Como la brújula gubernamental sólo detecta a los grandes actores industriales como sujetos de derecho, los ejes de su política están orientados a potenciar la mercantilización de las comunicaciones. Mayor concentración equivale a menor competencia. Por eso las consecuencias son la erosión de la escasa competencia que existe en el sector, la desprotección de la mayor parte de las localidades del país que carecen de escala suficiente como para atraer a los grandes capitales industriales, amenaza a actores PyMes, cooperativos y comunitarios, la confusión de la noción de interés público con el interés corporativo de los principales conglomerados y la desatención de las obligaciones estatales de generar políticas públicas para compensar las desigualdades del mercado.

Además de la festejada fusión entre Cablevisión y Telecom, que transgrede los términos del Decreto 1340/16 de diciembre último y que, en consecuencia, demandará una nueva adecuación de las reglas de juego públicas a las necesidades de los grupos dominantes (en este caso, del Grupo Clarín), el gobierno asignó espectro radioeléctrico (un bien de dominio público) a demanda y sin concurso, bloqueó por decreto la competencia en las redes de fibra óptica por 15 años -una medida que hace ya una década fue descartada como anticoncurrencial en Europa-, prorrogó todas las licencias audiovisuales en otra demostración anticompetitiva, autorizó la transferencias de licencias sin control estatal, desmanteló la definición de eventos de interés general para garantizar el derecho social a acceder sin arancelamiento a contenidos relevantes, cercenó la representación de la sociedad civil y de las provincias en la definición de estrategias y continuó con la discrecionalidad a la hora de elegir qué señales deben ser subidas a la grilla de los cableoperadores y de la tv digital abierta.

Estas políticas se combinan con otras que exceden las competencias del extinto Ministerio de Comunicaciones y del ENaCom, como la gestión de los medios estatales –ciertamente, menos intemperante a la vez que menos relevante que durante el kirchnerismo- o la asignación de publicidad oficial –donde se redujo el volumen de intervención estatal y también la arbitrariedad de su distribución-.

Si la idea del gobierno es continuar con las líneas maestras de su política de comunicaciones, alterando de facto la estructura del sector a la medida de los principales grupos sin levantar polvareda en la opinión pública, el pasaje a Modernización revela la apertura de una etapa de mayor compostura que tiene en la lápida del Ministerio de Comunicaciones la inscripción de servicios prestados sin discreción alguna.

Responso para el Ministerio de Comunicaciones

Profesor e investigador. Universidad Nacional de Quilmes, UBA y Conicet.

Con un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU 513) publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno de Mauricio Macri volvió a modificar la autoridad de aplicación de comunicaciones audiovisuales y telecomunicaciones, sin por ello desgubernamentalizar su subordinación al Poder Ejecutivo Nacional. El DNU 513 sepulta el Ministerio de Comunicaciones que gestionó en este año y medio de mandato Oscar Aguad, cuyo destino es la cartera de Defensa. El área, que involucra cuestiones tan sensibles como el derecho a la libertad de expresión, las obligaciones estatales de promover el pluralismo y la diversidad, el acceso a la cultura y a las comunicaciones, el tendido de redes y el control de abusos de poder dominante en redes audiovisuales y de telecomunicaciones, engrosará la abultada estructura del Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra.

La creación y eliminación del Ministerio de Comunicaciones en tan corto plazo es indicativa de un proceso intenso, transgresor y de importantes cambios de rumbo. La presidencia de Macri fue hiperactiva en los hechos para adecuar, vía decretos y resoluciones del Ministerio y del ente gubernamental ENaCom, las normas a los intereses de los actores industriales más concentrados –en especial, del Grupo Clarín- pero fue, al mismo tiempo, sobria en su discurso sobre estas cuestiones, con excepciones puntuales provocadas por la incontinencia verbal de Aguad.

La gestión de las comunicaciones comenzó en diciembre de 2015 con el desguace brusco de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido litigados por el Grupo Clarín y que la Corte Suprema de Justicia refrendó en 2013 como constitucionales (con seis votos sobre siete), con la gubernamentalización plena de los órganos reguladores y de aplicación y con la venia para que el mercado se concentre todavía más. El Ministerio de Comunicaciones fenece con la celebración de su titular a la fusión de Cablevisión y Telecom, que es inédita en toda América Latina.

Los objetivos enunciados como justificación de la política ejecutada en este año y medio contrastan con esos resultados. Los objetivos clamaban por inyectar competencia en un sector muy concentrado, estimular el pluralismo y retomar la senda de la institucionalidad republicana al prometer que los cambios por decreto serían transitorios y que a mediados de 2016 el gobierno enviaría al Congreso un proyecto de ley de comunicaciones convergentes, para la cual creó una comisión que se extendió el doble de ese plazo y cuyo resultado se oculta públicamente a pesar de que el propio gobierno dice que sus comisionados cumplieron la misión encomendada. El proyecto oficial luce por su ausencia y lo que sigue regulando el sector son decretos y resoluciones que se contradicen entre sí y que, en una exhibición de inseguridad jurídica, carecen de estabilidad a mediano plazo.

Como la brújula gubernamental sólo detecta a los grandes actores industriales como sujetos de derecho, los ejes de su política están orientados a potenciar la mercantilización de las comunicaciones. Mayor concentración equivale a menor competencia. Por eso las consecuencias son la erosión de la escasa competencia que existe en el sector, la desprotección de la mayor parte de las localidades del país que carecen de escala suficiente como para atraer a los grandes capitales industriales, amenaza a actores PyMes, cooperativos y comunitarios, la confusión de la noción de interés público con el interés corporativo de los principales conglomerados y la desatención de las obligaciones estatales de generar políticas públicas para compensar las desigualdades del mercado.

Además de la festejada fusión entre Cablevisión y Telecom, que transgrede los términos del Decreto 1340/16 de diciembre último y que, en consecuencia, demandará una nueva adecuación de las reglas de juego públicas a las necesidades de los grupos dominantes (en este caso, del Grupo Clarín), el gobierno asignó espectro radioeléctrico (un bien de dominio público) a demanda y sin concurso, bloqueó por decreto la competencia en las redes de fibra óptica por 15 años -una medida que hace ya una década fue descartada como anticoncurrencial en Europa-, prorrogó todas las licencias audiovisuales en otra demostración anticompetitiva, autorizó la transferencias de licencias sin control estatal, desmanteló la definición de eventos de interés general para garantizar el derecho social a acceder sin arancelamiento a contenidos relevantes, cercenó la representación de la sociedad civil y de las provincias en la definición de estrategias y continuó con la discrecionalidad a la hora de elegir qué señales deben ser subidas a la grilla de los cableoperadores y de la tv digital abierta.

Estas políticas se combinan con otras que exceden las competencias del extinto Ministerio de Comunicaciones y del ENaCom, como la gestión de los medios estatales –ciertamente, menos intemperante a la vez que menos relevante que durante el kirchnerismo- o la asignación de publicidad oficial –donde se redujo el volumen de intervención estatal y también la arbitrariedad de su distribución-.

Si la idea del gobierno es continuar con las líneas maestras de su política de comunicaciones, alterando de facto la estructura del sector a la medida de los principales grupos sin levantar polvareda en la opinión pública, el pasaje a Modernización revela la apertura de una etapa de mayor compostura que tiene en la lápida del Ministerio de Comunicaciones la inscripción de servicios prestados sin discreción alguna.