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Es Hernán Gómez. Fue designado por el ex gobernador en ese cargo. Su segundo es yerno del ex ministro Ricardo Casal. Se presentó como particular damnificado, pero no impulsó medidas de prueba.
Por 14/07/2017 11:08 AM

El 2 de junio de 2016, la diputada nacional Elisa Carrió llegó hasta el fuero penal de la capital bonaerense para denunciar al ex gobernador Daniel Scioli y a otros altos ex funcionarios de su administración por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y lavado de dinero. También, de enriquecimiento ilícito para el actual quinto candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Al día siguiente, la Fiscalía de Estado, encabezada por el radical Hernán Gómez, se presentó como particular damnificada en la causa. El planteo fue aceptado por el juez de Garantías al entender que está debidamente legitimado. Pero, desde entonces, la Fiscalía no impulsó ninguna medida de prueba, una de las facultades que le otorga el Código Procesal Penal y la Constitución provinciales.

A más de un año de la denuncia, la causa que tiene a su cargo el fiscal Álvaro Garganta registra un importante cúmulo de información, datos y documentación que, una vez tamizado por el ojo judicial, se transformará (o no) en pruebas que las defensas deberán intentar refutar.

El planteo de Carrió fue divido en dos partes. Por un lado, se investigan las figuras de defraudación a la administración pública y lavado de dinero. Por otro expediente corre la denuncia de enriquecimiento ilícito. En esta última, el fiscal Garganta no puede avanzar ya que en la Suprema Corte bonaerense está pendiente de resolución la apelación al sobreseimiento por ese delito que dictó el Juez de Garantías de La Plata Pablo Raele tras la denuncia de un abogado platense, en plena campaña electoral de 2015, cuando Scioli soñaba con el sillón y la quinta presidencial que hoy ocupa Mauricio Macri.

 

 

LA PRESENTE AUSENCIA EN EL EXPEDIENTE. La Fiscalía de Estado (FDE) está legalmente habilitada para ser “parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”, según establece la Constitución bonaerense.

La repartición “es el órgano constitucional encargado de la defensa judicial de la Provincia de Buenos Aires (…) una pieza esencial del sistema de tutela de los intereses patrimoniales del fisco…”, se lee en su sitio oficial.

Se trata de uno de los órganos de contralor establecidos por la Constitución provincial. Representa a la provincia en la defensa de su patrimonio o, mejor, del patrimonio de todos los ciudadanos bonaerenses. También puede impugnar, administrativa o judicialmente, medidas de gobierno que no se compadezcan con la legislación provincial y que comprometan bienes o intereses fiscales.

La relevancia de la FDE se vio mucho, por ejemplo, en la emblemática causa contra la Provincia por la inundación de La Plata ocurrida el 2 de abril de 2013, donde fue muy activa buscando proteger a Scioli. Ahora también lo estaría haciendo, por omisión. Si bien cumplió con la formalidad de presentarse como particular damnificado, también lo es que no impulsó ninguna medida de prueba.

 

EL DESCARGO
“La Fiscalía de Estado se presenta como particular damnificado y ejerce el control del proceso”, señalaron voceros del organismo ante l’a consulta de Letra P sobre su actuación en la causa Scioli.
Agregaron que “en el caso, la carga e impulso le corresponde al Ministerio Publico Fiscal. Sin perjuicio de lo cual, en esta causa, se realiza un seguimiento a la intensa labor investigativa, habiéndose mantenido numerosas reuniones con el Fiscal interviniente”.

 

EL FANTASMA DE LA COSA JUZGADA ÍRRITA. La denuncia de Carrió por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Scioli no registrará movimientos hasta que la Suprema Corte defina el planteo de "cosa juzgada írrita" que fue interpuesto por el abogado platense Marcelo Peña. Se trata de una denuncia anterior por el mismo delito que había recibido el ex gobernador por parte de otro abogado platense, Rafael Velischek, durante la última campaña presidencial.

El expediente quedó en manos del fiscal Jorge Paolini, quien no apeló el sobreseimiento exprés que dictó el juez Raele, el mismo magistrado que ordenó la detención de Mariano Bruera en dos oportunidades.

El abogado Peña, como ciudadano particular, logró que el expediente llegara hasta la Suprema Corte, donde esperan un dictamen del procurador general, Julio Conte Grand, para expedirse sobre el fondo del caso. En este expediente que llegó a la máxima instancia judicial de la Provincia, la actuación de la Fiscalía de Estado no existe. Ni siquiera se presentó como querrellante. Toda una línea de conducta.

Peña no estaba legitimado para resucitar la causa, tal como fue expresado en distintas instancias por la Sala IV de la Cámara Criminal platense y por el fiscal de Casación Carlos Altuve en su recurso ante la Corte. Pero en ambos dictámenes se dejó claron que existen "graves irregularidades que deben ser investigadas".

PERFILES. ¿Quiénes son los funcionarios de relevancia en la Fiscalía de Estado? Gómez es su titular. Llegó al cargo por un acuerdo político entre el sciolismo y el radicalismo bonaerense.

Uno de los fiscales adjuntos es Mariano Carlos Cervellini, yerno del ex ministro de Seguridad y Justicia del sciolismo, Ricardo Blas Casal. El joven funcionario fue designado en el cargo pocas semanas antes de la salida del peronismo de la Gobernación bonaerense. Antes, había ocupado otros cargos en la administración del ex motonauta viajero.

Fue tan rústica la maniobra de ponerlo a Cervellini en la Fiscalía de Estado, que ni siquiera guardaron las formas: ya había un fiscal adjunto llamado Guillermo Claudio Spacapan, que es un profesional de carrera, de perfil técnico, que sigue en funciones. Nunca, hasta el gobierno de Scioli, hubo dos fiscales adjuntos en la Provincia.

Otro dato: el padre de Cervellini fue el segundo de Casal en el Ministerio de Justicia. Todo queda en familia.

Por qué el fiscal de Estado duerme la causa de Carrió contra Scioli

Es Hernán Gómez. Fue designado por el ex gobernador en ese cargo. Su segundo es yerno del ex ministro Ricardo Casal. Se presentó como particular damnificado, pero no impulsó medidas de prueba.

El 2 de junio de 2016, la diputada nacional Elisa Carrió llegó hasta el fuero penal de la capital bonaerense para denunciar al ex gobernador Daniel Scioli y a otros altos ex funcionarios de su administración por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y lavado de dinero. También, de enriquecimiento ilícito para el actual quinto candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Al día siguiente, la Fiscalía de Estado, encabezada por el radical Hernán Gómez, se presentó como particular damnificada en la causa. El planteo fue aceptado por el juez de Garantías al entender que está debidamente legitimado. Pero, desde entonces, la Fiscalía no impulsó ninguna medida de prueba, una de las facultades que le otorga el Código Procesal Penal y la Constitución provinciales.

A más de un año de la denuncia, la causa que tiene a su cargo el fiscal Álvaro Garganta registra un importante cúmulo de información, datos y documentación que, una vez tamizado por el ojo judicial, se transformará (o no) en pruebas que las defensas deberán intentar refutar.

El planteo de Carrió fue divido en dos partes. Por un lado, se investigan las figuras de defraudación a la administración pública y lavado de dinero. Por otro expediente corre la denuncia de enriquecimiento ilícito. En esta última, el fiscal Garganta no puede avanzar ya que en la Suprema Corte bonaerense está pendiente de resolución la apelación al sobreseimiento por ese delito que dictó el Juez de Garantías de La Plata Pablo Raele tras la denuncia de un abogado platense, en plena campaña electoral de 2015, cuando Scioli soñaba con el sillón y la quinta presidencial que hoy ocupa Mauricio Macri.

 

 

LA PRESENTE AUSENCIA EN EL EXPEDIENTE. La Fiscalía de Estado (FDE) está legalmente habilitada para ser “parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”, según establece la Constitución bonaerense.

La repartición “es el órgano constitucional encargado de la defensa judicial de la Provincia de Buenos Aires (…) una pieza esencial del sistema de tutela de los intereses patrimoniales del fisco…”, se lee en su sitio oficial.

Se trata de uno de los órganos de contralor establecidos por la Constitución provincial. Representa a la provincia en la defensa de su patrimonio o, mejor, del patrimonio de todos los ciudadanos bonaerenses. También puede impugnar, administrativa o judicialmente, medidas de gobierno que no se compadezcan con la legislación provincial y que comprometan bienes o intereses fiscales.

La relevancia de la FDE se vio mucho, por ejemplo, en la emblemática causa contra la Provincia por la inundación de La Plata ocurrida el 2 de abril de 2013, donde fue muy activa buscando proteger a Scioli. Ahora también lo estaría haciendo, por omisión. Si bien cumplió con la formalidad de presentarse como particular damnificado, también lo es que no impulsó ninguna medida de prueba.

 

EL DESCARGO
“La Fiscalía de Estado se presenta como particular damnificado y ejerce el control del proceso”, señalaron voceros del organismo ante l’a consulta de Letra P sobre su actuación en la causa Scioli.
Agregaron que “en el caso, la carga e impulso le corresponde al Ministerio Publico Fiscal. Sin perjuicio de lo cual, en esta causa, se realiza un seguimiento a la intensa labor investigativa, habiéndose mantenido numerosas reuniones con el Fiscal interviniente”.

 

EL FANTASMA DE LA COSA JUZGADA ÍRRITA. La denuncia de Carrió por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Scioli no registrará movimientos hasta que la Suprema Corte defina el planteo de "cosa juzgada írrita" que fue interpuesto por el abogado platense Marcelo Peña. Se trata de una denuncia anterior por el mismo delito que había recibido el ex gobernador por parte de otro abogado platense, Rafael Velischek, durante la última campaña presidencial.

El expediente quedó en manos del fiscal Jorge Paolini, quien no apeló el sobreseimiento exprés que dictó el juez Raele, el mismo magistrado que ordenó la detención de Mariano Bruera en dos oportunidades.

El abogado Peña, como ciudadano particular, logró que el expediente llegara hasta la Suprema Corte, donde esperan un dictamen del procurador general, Julio Conte Grand, para expedirse sobre el fondo del caso. En este expediente que llegó a la máxima instancia judicial de la Provincia, la actuación de la Fiscalía de Estado no existe. Ni siquiera se presentó como querrellante. Toda una línea de conducta.

Peña no estaba legitimado para resucitar la causa, tal como fue expresado en distintas instancias por la Sala IV de la Cámara Criminal platense y por el fiscal de Casación Carlos Altuve en su recurso ante la Corte. Pero en ambos dictámenes se dejó claron que existen "graves irregularidades que deben ser investigadas".

PERFILES. ¿Quiénes son los funcionarios de relevancia en la Fiscalía de Estado? Gómez es su titular. Llegó al cargo por un acuerdo político entre el sciolismo y el radicalismo bonaerense.

Uno de los fiscales adjuntos es Mariano Carlos Cervellini, yerno del ex ministro de Seguridad y Justicia del sciolismo, Ricardo Blas Casal. El joven funcionario fue designado en el cargo pocas semanas antes de la salida del peronismo de la Gobernación bonaerense. Antes, había ocupado otros cargos en la administración del ex motonauta viajero.

Fue tan rústica la maniobra de ponerlo a Cervellini en la Fiscalía de Estado, que ni siquiera guardaron las formas: ya había un fiscal adjunto llamado Guillermo Claudio Spacapan, que es un profesional de carrera, de perfil técnico, que sigue en funciones. Nunca, hasta el gobierno de Scioli, hubo dos fiscales adjuntos en la Provincia.

Otro dato: el padre de Cervellini fue el segundo de Casal en el Ministerio de Justicia. Todo queda en familia.