Denuncias cruzadas

Carrió endurece la guerra contra Lorenzetti y pide su juicio político

El titular de la Corte intimó a la diputada con una carta documento y ella respondió con un proyecto en la Cámara baja, donde lo acusa de mal desempeño y eventuales delitos.

La guerra entre Elisa Carrió y Ricardo Lorenzetti alcanzó este miércoles su pico máximo de tensión. El titular de la Corte Suprema de Justicia intimó a la líder de la Coalición Cívica a retractarse de las “difamaciones” y “falsas acusaciones” contra su persona, y la diputada nacional le respondió con un pedido de juicio político en la Cámara baja.

 

En el proyecto, Carrió acusa a Lorenzetti de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, violación de los deberes éticos y probable comisión de delitos, y agrega que el presidente del Máximo Tribunal “no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce”.

 

“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene la legisladora en los fundamentos del proyecto, que difundió a través de las redes sociales. Horas antes, había ironizado sobre la amenaza legal del juez supremo: "Yo no afecté su imagen, porque no hablé del botox", tuiteó.

 

La cofundadora de Cambiemos pidió que se cite a declarar a una extensa lista de personalidades, encabezada por la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien disparó contra Lorenzetti por el fallo que fijó en 75 años el límite de edad para los magistrados.

 

La nómina también incluye al juez Ariel Lijo; el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla; el ex secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini; el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, y su antecesor en el cargo, Leandro Despouy; la diputada porteña Paula Oliveto Lago y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros. 

 

El pedido de juicio político contiene varios capítulos donde se hace referencia al “oscuro patrimonio” de Lorenzetti, al “canje de cheques de clubes de fútbol”, a “irregularidades” en la administración del Poder Judicial, a la “cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para concentrar el poder” y a una supuesta negativa a someterse a controles de la AGN.

 

Como si no bastara con esos antecedentes, Carrió agrega “irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución del presupuesto” y en el manejo de la obra social del Poder Judicial, la “designación arbitraria de personal” y “el aparato de Inteligencia paralelo”, caratulado con un curioso título: “Lorenzetti te escucha”.

 

Horas antes de la presentación del pedido, el titular del máximo tribunal había respondido a las denuncias de Carrió –y también a las de Servini de Cubría- con sendas cartas documento. En el caso de la diputada, explicó que presentó "voluntariamente" todas sus declaraciones juradas desde su ingreso a la Corte Suprema y aclaró que su patrimonio "fue investigado y hay una sentencia firme"; sin embargo, advirtió que la diputada "continuó con sus acusaciones" y la invitó a retractarse públicamente.

 

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es la que debe abrir el debate sobre el proyecto de Carrió. Está presidida por un macrista, Álvaro González, y tiene una composición fragmentada, que dificulta la mayoría calificada necesaria para el avance de cualquier iniciativa: de sus treinta miembros, diez son de Cambiemos, otros diez del kirchnerismo, cinco del Frente Renovador y cinco de otros bloques.

 

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Martín Menem y Karina Milei.

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