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Tras el culebrón por ploteo de patrulleros está la lucha por la Policía Local

Los intendentes bonaerenses se sumaron a los cruces entre Magario y Ritondo. Desde el año pasado, los jefes comunales quieren el control de las fuerzas distritales. El proyecto de ley que duerme.
Por 19/04/2017 09:50 PM

El ploteo de los patrulleros de La Matanza encendió señales en los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Los jefes comunales aprovecharon la discusión mediática con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para volver a poner en discusión un proyecto de ley que presentaron el año pasado para hacerse cargo de las fuerzas distritales. Además, la intendenta de La Mantaza, Verónica Magario, giró a los medios órdenes de compra que hizo el municipio y que correspondían a la Provincia. 

El municipio de La Matanza gastó el año pasado 89.129.560 pesos. Así se supo en una serie de documentos que el Ejecutivo matancero giró a los medios el miércoles por la tarde. Se trata de gastos “en equipamiento, viandas, comunicación, infraestructura y becas de formación para la Policía Local y para combustible, lubricante, mantenimiento y repuestos móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, camionetas pick up”. El pago correspondía a la Provincia, pero lo hizo el municipio. 

Luego de que Ritondo tildara a Magario de mentirosa, la intendenta fue a fondo. En un fuerte comunicado aclara que “los fondos que recibió La Matanza durante el año 2016 en concepto de Seguridad corresponden a recursos establecidos por la Legislatura provincial” y que fue “gracias a una firme iniciativa de los intendentes peronistas, que prácticamente le 'arrancaron' a la Gobernadora la decisión de establecer un Fondo de Seguridad derivado del endeudamiento adquirido por la Provincia”. De hecho, políticamente, ésa fue una de las llaves que destrabó y le dio los votos a Cambiemos para tener el endeudamiento (necesitó el acompañamiento de un sector del peronismo). 

También se explica que, en el Fondo de Seguridad, el Ejecutivo provincial estableció que “los municipios están impedidos de adquirir –con esos recursos-, móviles policiales, chalecos antibalas, etc., así como tampoco se permite afrontar con los mismos, gastos corrientes en seguridad como personal, combustible, lubricantes, mantenimiento de patrulleros”.

Los patrulleros, insisten en La Matanza, fueron comprados con fondos municipales y, desde que María Eugenia Vidal es gobernadora, el distrito “no ha recibido ni un solo patrullero”. 

Asimismo, se marcó que, “mientras el ministro Ritondo asegura que se entregaron 1546 chalecos antibalas en La Matanza, la realidad es que sólo llegaron 500 usados y refaccionados. Actualmente, se necesitan más de 3000 chalecos para la policía provincial y exactamente 800 para la Policía Local”.

Sobre esta situación, el jefe de Gabinete matancero, Alejandro “Topo” Rodríguez apuntó que existen “dos certezas”: “Verónica Magario no miente y Ritondo no tiene la más pálida idea de lo que pasa en su Ministerio. La gobernadora Vidal debería llamarlo a la calma a Ritondo, porque con tal de tapar las denuncias que le sacudió Elisa Carrió, arma cualquier circo para distraer".

Más allá del contrapunto, lo que emerge es el pedido de los intendentes de tener el control total de la fuerza de seguridad que hoy opera bajo el nombre de Policía Local. El reclamo viene desde el año pasado. 

Desatada la polémica, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, respaldó a Magario y apuntó a la Provincia por el tema de la seguridad. Con una serie de tuits, el jefe comunal que integra el Grupo Esmeralda (del que no participa Magario) remarcó que “es incomprensible que se cuestione la inversión en seguridad que hacemos los municipios”. 

 

 

En julio de 2016, en pos de un ensayo de unidad –al menos legislativa- los bloques de diputados y senadores del Frente Renovador y Frente para la Victoria convocaron a los intendentes y lanzaron un proyecto de ley que traspasa la Policía Local y la Policía Distrital a los municipios. 

Se trata de transferencia de “las competencias, funciones y servicios policiales de seguridad, distrital conducidos y administrados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito territorial de dicho municipio”.

En definitiva, la polémica por el ploteo de los patrulleros sacó a la luz nuevamente el reclamo por el control de la Policía Local. Será un tema que también se meterá –sugieren algunos intendentes- en la campaña electoral. 

 

Tras el culebrón por ploteo de patrulleros está la lucha por la Policía Local

Los intendentes bonaerenses se sumaron a los cruces entre Magario y Ritondo. Desde el año pasado, los jefes comunales quieren el control de las fuerzas distritales. El proyecto de ley que duerme. 

 

El ploteo de los patrulleros de La Matanza encendió señales en los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Los jefes comunales aprovecharon la discusión mediática con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para volver a poner en discusión un proyecto de ley que presentaron el año pasado para hacerse cargo de las fuerzas distritales. Además, la intendenta de La Mantaza, Verónica Magario, giró a los medios órdenes de compra que hizo el municipio y que correspondían a la Provincia. 

El municipio de La Matanza gastó el año pasado 89.129.560 pesos. Así se supo en una serie de documentos que el Ejecutivo matancero giró a los medios el miércoles por la tarde. Se trata de gastos “en equipamiento, viandas, comunicación, infraestructura y becas de formación para la Policía Local y para combustible, lubricante, mantenimiento y repuestos móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, camionetas pick up”. El pago correspondía a la Provincia, pero lo hizo el municipio. 

Luego de que Ritondo tildara a Magario de mentirosa, la intendenta fue a fondo. En un fuerte comunicado aclara que “los fondos que recibió La Matanza durante el año 2016 en concepto de Seguridad corresponden a recursos establecidos por la Legislatura provincial” y que fue “gracias a una firme iniciativa de los intendentes peronistas, que prácticamente le 'arrancaron' a la Gobernadora la decisión de establecer un Fondo de Seguridad derivado del endeudamiento adquirido por la Provincia”. De hecho, políticamente, ésa fue una de las llaves que destrabó y le dio los votos a Cambiemos para tener el endeudamiento (necesitó el acompañamiento de un sector del peronismo). 

También se explica que, en el Fondo de Seguridad, el Ejecutivo provincial estableció que “los municipios están impedidos de adquirir –con esos recursos-, móviles policiales, chalecos antibalas, etc., así como tampoco se permite afrontar con los mismos, gastos corrientes en seguridad como personal, combustible, lubricantes, mantenimiento de patrulleros”.

Los patrulleros, insisten en La Matanza, fueron comprados con fondos municipales y, desde que María Eugenia Vidal es gobernadora, el distrito “no ha recibido ni un solo patrullero”. 

Asimismo, se marcó que, “mientras el ministro Ritondo asegura que se entregaron 1546 chalecos antibalas en La Matanza, la realidad es que sólo llegaron 500 usados y refaccionados. Actualmente, se necesitan más de 3000 chalecos para la policía provincial y exactamente 800 para la Policía Local”.

Sobre esta situación, el jefe de Gabinete matancero, Alejandro “Topo” Rodríguez apuntó que existen “dos certezas”: “Verónica Magario no miente y Ritondo no tiene la más pálida idea de lo que pasa en su Ministerio. La gobernadora Vidal debería llamarlo a la calma a Ritondo, porque con tal de tapar las denuncias que le sacudió Elisa Carrió, arma cualquier circo para distraer".

Más allá del contrapunto, lo que emerge es el pedido de los intendentes de tener el control total de la fuerza de seguridad que hoy opera bajo el nombre de Policía Local. El reclamo viene desde el año pasado. 

Desatada la polémica, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, respaldó a Magario y apuntó a la Provincia por el tema de la seguridad. Con una serie de tuits, el jefe comunal que integra el Grupo Esmeralda (del que no participa Magario) remarcó que “es incomprensible que se cuestione la inversión en seguridad que hacemos los municipios”. 

 

 

En julio de 2016, en pos de un ensayo de unidad –al menos legislativa- los bloques de diputados y senadores del Frente Renovador y Frente para la Victoria convocaron a los intendentes y lanzaron un proyecto de ley que traspasa la Policía Local y la Policía Distrital a los municipios. 

Se trata de transferencia de “las competencias, funciones y servicios policiales de seguridad, distrital conducidos y administrados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito territorial de dicho municipio”.

En definitiva, la polémica por el ploteo de los patrulleros sacó a la luz nuevamente el reclamo por el control de la Policía Local. Será un tema que también se meterá –sugieren algunos intendentes- en la campaña electoral.