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Obliga a los tres poderes del Estado a comunicar cada reunión que afecte al interés público. “El objetivo es transparentar”, adelantaron a Letra P técnicos del Gobierno. Claves de la normativa.
Por 19/04/2017 03:24 PM

En las próximas horas se presentará en el Congreso Nacional la Ley de Lobby que elaboró el Ejecutivo con el objetivo de transparentar las gestiones de intereses en el ámbito del Estado y organismos descentralizados. Según adelantaron a Letra P técnicos que trabajaron en la norma, el texto está a la firma de los ministros. La idea nació a principios del año pasado, bajo la tutela del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justo cuando se debatía el blanqueo del negocio de la obra pública; y se transformó en realidad en manos del “lilito” Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional.

La norma en cuestión tiene algunas particularidades: es hija del modelo chileno. En ese país se intentó inicialmente copiar la ley estadounidense, que tiene como eje el Registro de Lobbystas. Pero no funcionó y terminó mutando en el actual régimen trasandino, que obliga a reportar y poner a disposición del público cada reunión de funcionarios que represente una afectación de intereses del Estado. En el caso argentino, esta obligatoriedad regirá para los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); para las empresas en las que el Estado tenga participación, para los entes reguladores (Enargas, Enre, Ente del Agua, etc.) y los organismos descentralizados (Universidad, Incaa, etc.). En cada uno de los poderes habrá un órgano de ejecución, y las reuniones de funcionarios deberán ser publicadas en las páginas web de cada uno de ellos. Entre los colaboradores de Pérez explicaron a Letra P que hay algunos puntos difíciles de controlar, como las reuniones fuera de esos ámbitos. En ese caso también hay obligatoriedad de informar, y si no llegan a ser reportadas y alguien las denuncia pueden aplicarse sanciones incluidas en la Ley de Ética Pública.

Cabe aclarar que la norma no dispone sanciones especial por fuera de la Ley de Ética. Incluye además una garantía de igualdad de trato. Por ejemplo: si en el Congreso estuviera tratándose una Ley para regular a la medicina prepaga, hay que hacer públicas las reuniones de funcionarios con empresarios. Y una vez que estén publicadas, las otras partes vinculadas en el tema (asociaciones de consumidores, gremios, etc.) pueden reclamar ser recibidos por los mismos funcionarios para plantear su punto de vista.

La ley Cambiemos sólo exceptúa dos situaciones que están reservadas de ser publicadas: por un lado, los secretos de Estado; y en segundo lugar los encuentros que ocurran entre funcionarios y que respondan a temas de gestión interna.

En el proceso de elaboración se consideró la opción de un registro de lobbystas, pero es complejo aplicarlo en Argentina por varias razones: en primer lugar, en Estados Unidos ese registro obliga a todos aquellos que quieran hacer “cabildeo” a contratar a los anotados en esa lista. Una situación que iguala para abajo las posibilidades de que personas con recursos acotados accedan al beneficio de peticionar.

Ley de Lobby: se publicarán reuniones especiales y resguardan secreto de Estado

Obliga a los tres poderes del Estado a comunicar cada reunión que afecte al interés público. “El objetivo es transparentar”, adelantaron a Letra P técnicos del Gobierno. Claves de la normativa.

En las próximas horas se presentará en el Congreso Nacional la Ley de Lobby que elaboró el Ejecutivo con el objetivo de transparentar las gestiones de intereses en el ámbito del Estado y organismos descentralizados. Según adelantaron a Letra P técnicos que trabajaron en la norma, el texto está a la firma de los ministros. La idea nació a principios del año pasado, bajo la tutela del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justo cuando se debatía el blanqueo del negocio de la obra pública; y se transformó en realidad en manos del “lilito” Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional.

La norma en cuestión tiene algunas particularidades: es hija del modelo chileno. En ese país se intentó inicialmente copiar la ley estadounidense, que tiene como eje el Registro de Lobbystas. Pero no funcionó y terminó mutando en el actual régimen trasandino, que obliga a reportar y poner a disposición del público cada reunión de funcionarios que represente una afectación de intereses del Estado. En el caso argentino, esta obligatoriedad regirá para los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); para las empresas en las que el Estado tenga participación, para los entes reguladores (Enargas, Enre, Ente del Agua, etc.) y los organismos descentralizados (Universidad, Incaa, etc.). En cada uno de los poderes habrá un órgano de ejecución, y las reuniones de funcionarios deberán ser publicadas en las páginas web de cada uno de ellos. Entre los colaboradores de Pérez explicaron a Letra P que hay algunos puntos difíciles de controlar, como las reuniones fuera de esos ámbitos. En ese caso también hay obligatoriedad de informar, y si no llegan a ser reportadas y alguien las denuncia pueden aplicarse sanciones incluidas en la Ley de Ética Pública.

Cabe aclarar que la norma no dispone sanciones especial por fuera de la Ley de Ética. Incluye además una garantía de igualdad de trato. Por ejemplo: si en el Congreso estuviera tratándose una Ley para regular a la medicina prepaga, hay que hacer públicas las reuniones de funcionarios con empresarios. Y una vez que estén publicadas, las otras partes vinculadas en el tema (asociaciones de consumidores, gremios, etc.) pueden reclamar ser recibidos por los mismos funcionarios para plantear su punto de vista.

La ley Cambiemos sólo exceptúa dos situaciones que están reservadas de ser publicadas: por un lado, los secretos de Estado; y en segundo lugar los encuentros que ocurran entre funcionarios y que respondan a temas de gestión interna.

En el proceso de elaboración se consideró la opción de un registro de lobbystas, pero es complejo aplicarlo en Argentina por varias razones: en primer lugar, en Estados Unidos ese registro obliga a todos aquellos que quieran hacer “cabildeo” a contratar a los anotados en esa lista. Una situación que iguala para abajo las posibilidades de que personas con recursos acotados accedan al beneficio de peticionar.