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Tras la presión gremial, presentaron un proyecto para crear una Comisión que controlará que en la transferencia de competencias de Nación a Ciudad no haya despidos.
Redacción 18/04/2017 02:12 PM

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el 6 de abril cuatro convenios referentes al traspaso de la Justicia del ámbito nacional al porteño. La sesión se retrasó más de una hora porque dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) irrumpieron en el recinto para bloquear la sanción de la transferencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) porque “no garantizaba las fuentes laborales” de 450 personas y la solución provino de un acuerdo entre el peronismo y el PRO para crear un cuerpo parlamentario que se dedique exclusivamente a seguir y controlar el futuro de esa plan ta de empleados.

Doce días después, el oficialismo cumplió su promesa y presentó el proyecto que crea la Comisión Especial de seguimiento de la transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia. La iniciativa fue redactada por el presidente del bloque PRO, Francisco Quintana, y el titular de la Comisión de Justicia y hombre clave en la negociación del Traspaso de la Justicia, Daniel Presti.

La iniciativa se aprobaría este jueves, tal cual señaló Letra P días atrás. Cuando habían pasado más de 60 minutos sin que pudiera comenzar la sesión, los diputados Carlos Tomada, Gabriel Fuks y Adrián Camps, a pedido del PRO, entablaron diálogo con el titular de ATE Capital, Daniel “el Tano” Catalano. Las negociaciones derivaron en una charla con el presidente de la Legislatura y vicejefe de Gobierno, Diego César Santilli. De ese encuentro también participaron Quintana y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, quienes habían convencido al resto de los presidentes de bloque para ir a cuarto intermedio y estirar la sesión por unos minutos hasta que se resuelva el conflicto.

Finalmente, ATE aceptó desalojar el recinto para que se voten los convenios de traspaso con el compromiso de la Legislatura de votar la Comisión de Seguimiento, que estará integrada por 11 legisladores, con mayoría oficialista. Se trata de un cuerpo de carácter “especial”, por lo cual su duración se extenderá conforme al proceso de transferencia de la IGJ. Si este convenio sigue el camino que recorre actualmente el traspaso de competencia, con una feroz interna y pases de facturas entre jueces nacionales y porteños, los diputados que integrarán esta comisión se reunirán más de lo previsto.

Serán designados para formar la Comisión de Seguimiento Daniel Presti, Gabriel Fuks, Carlos Tomada, Claudio Heredia, Paula Oliveto, Adrián Camps, Alejandro García, Clodomiro Risau, Eduardo Petrini, Victoria Roldán Méndez y Lía Rueda.

“La Comisión tendrá por objeto el tratamiento, seguimiento y análisis integral de las cuestiones relacionadas al Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Resolución 25-2017-, específicamente aquellas que conciernen a la efectiva transferencia de los trabajadores de la IGJ”, se detalla en el artículo N°4 del texto presentado este martes.

Vale destacara que la iniciativa posee una cláusula transitoria que reza lo siguiente: “La entrada en vigencia de la Comisión creada en la presente, se hará efectiva a partir de la aprobación legislativa por parte del Congreso de la Nación Argentina del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que por razones de necesidad  debidamente fundadas tenga que convocarse con anterioridad, y tendrá una duración de un año”.

El PRO y la oposición buscan “preservar” fuentes laborales en IGJ

Tras la presión gremial, presentaron un proyecto para crear una Comisión que controlará que en la transferencia de competencias de Nación a Ciudad no haya despidos.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el 6 de abril cuatro convenios referentes al traspaso de la Justicia del ámbito nacional al porteño. La sesión se retrasó más de una hora porque dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) irrumpieron en el recinto para bloquear la sanción de la transferencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) porque “no garantizaba las fuentes laborales” de 450 personas y la solución provino de un acuerdo entre el peronismo y el PRO para crear un cuerpo parlamentario que se dedique exclusivamente a seguir y controlar el futuro de esa plan ta de empleados.

Doce días después, el oficialismo cumplió su promesa y presentó el proyecto que crea la Comisión Especial de seguimiento de la transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia. La iniciativa fue redactada por el presidente del bloque PRO, Francisco Quintana, y el titular de la Comisión de Justicia y hombre clave en la negociación del Traspaso de la Justicia, Daniel Presti.

La iniciativa se aprobaría este jueves, tal cual señaló Letra P días atrás. Cuando habían pasado más de 60 minutos sin que pudiera comenzar la sesión, los diputados Carlos Tomada, Gabriel Fuks y Adrián Camps, a pedido del PRO, entablaron diálogo con el titular de ATE Capital, Daniel “el Tano” Catalano. Las negociaciones derivaron en una charla con el presidente de la Legislatura y vicejefe de Gobierno, Diego César Santilli. De ese encuentro también participaron Quintana y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, quienes habían convencido al resto de los presidentes de bloque para ir a cuarto intermedio y estirar la sesión por unos minutos hasta que se resuelva el conflicto.

Finalmente, ATE aceptó desalojar el recinto para que se voten los convenios de traspaso con el compromiso de la Legislatura de votar la Comisión de Seguimiento, que estará integrada por 11 legisladores, con mayoría oficialista. Se trata de un cuerpo de carácter “especial”, por lo cual su duración se extenderá conforme al proceso de transferencia de la IGJ. Si este convenio sigue el camino que recorre actualmente el traspaso de competencia, con una feroz interna y pases de facturas entre jueces nacionales y porteños, los diputados que integrarán esta comisión se reunirán más de lo previsto.

Serán designados para formar la Comisión de Seguimiento Daniel Presti, Gabriel Fuks, Carlos Tomada, Claudio Heredia, Paula Oliveto, Adrián Camps, Alejandro García, Clodomiro Risau, Eduardo Petrini, Victoria Roldán Méndez y Lía Rueda.

“La Comisión tendrá por objeto el tratamiento, seguimiento y análisis integral de las cuestiones relacionadas al Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Resolución 25-2017-, específicamente aquellas que conciernen a la efectiva transferencia de los trabajadores de la IGJ”, se detalla en el artículo N°4 del texto presentado este martes.

Vale destacara que la iniciativa posee una cláusula transitoria que reza lo siguiente: “La entrada en vigencia de la Comisión creada en la presente, se hará efectiva a partir de la aprobación legislativa por parte del Congreso de la Nación Argentina del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que por razones de necesidad  debidamente fundadas tenga que convocarse con anterioridad, y tendrá una duración de un año”.