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Por 17/04/2017 07:05 PM
El "Hinterland del NarcoSur"

El “Operativo Sapucay” ya es considerado como una confirmación de los lazos existentes entre la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, pero en la investigación judicial hay cuatro focos que se dejan de lado, como si no tuviera relación con el fenómeno del tráfico de drogas: las superestructuras que están detrás las partes compradora y vendedora de toda la cadena comercial, conocer el origen y el destino de la droga, el lavado del dinero producido (más allá de los bienes incautados) y la trata de personas que suele existir alrededor de los protagonistas principales negocio de comercializar drogas.

Las fuentes judiciales que tramitan el “Operativo Sapucay” reconocen que en Itatí operan tres grupos narcos que importaban drogas (en total más de 10 toneladas semanales). Sin embargo, no queda claro si los detenidos en el operativo (desde el intendente Natividad “Roger” Terán, del Frente para la Victoria, y su Viceintendente, Fabio Aquino, del Partido Nuevo; para abajo) cómo se estructura del grupo, dado que no se informa el nombre con que se identifica el colectivo delictual, si tenía relaciones con otras mafias locales o extranjeras y si tenían lazos con otras estructuras políticos o de fuerzas de seguridad. Se lo describe como si fuera casi como un “caso aislado”.

Lo mismo ocurre en Paraguay (lugar desde donde se afirma que viene la droga, cuando por el territorio paraguayo pasa marihuana producida en Brasil o coca y cocaína que tiene como origen Colombia, Brasil, Bolivia y Perú) y se habla de un supuesto “Cartel de Paraguay”, como si fuera una gran “familia” que no parece tener una cabeza central, algo así como un pulpo sólo con tentáculos; lo que va en contra de toda la experiencia e historia de asociaciones mafiosos delictivas en el mundo.

Sin embargo, en Brasil, se puede seguir en los diarios la sangrienta interna entre los dos mayores grupos de narcotraficantes locales (Primer Comando Capital y Comando Vermelho), las alianzas y rupturas que hay en los estados con los grupos mafiosos regionales y las conexiones que tienen con grupos delictivos bien identificados en Estados Unidos, Europa, Colombia o México.

En la Argentina, las denominaciones son escasas y genéricas. “Los Monos” ganaron notoriedad en Santa Fe. La “Banda de los Paraguayos” o la “Banda de los Peruanos” son los nombres que se les dan a los grupos que pelean por el control de las mayores villas de la Ciudad de Buenos Aires o los “saltos” que dan hacia el Gran Buenos Aires, sin señalar si son “franquicias” atendidas por “socios” locales o ramificaciones de los mismos grupos queda en el limbo de la investigación.

Cada tanto aparece una noticia de un operativo donde son detenidas 10, 15, 20 personas, como mucho, pero todo se detiene en ese conjunto bien delimitado, cuando la experiencia internacional confirma que estas mafias tiene redes de distribución, cuentan con la apoyatura de abogados, políticos y fuerzas de seguridad; y usan “financistas” que lavan sus utilidades. Incluso, nunca surgen, ni se mencionan, las redes de inteligencia o informantes con que cuentan. Además, siempre hay trata de personas, ya sea para uso sexual o como mano de obra y logística.

La imagen de “improvisados” o de “vivillos” que hacen negocio con la droga está lejos de las mafias que operan u operaron en México, Colombia, Perú, Europa o Estados Unidos. Es casi como un “subdesarrollo” de la delincuencia relacionada con el tráfico y comercio de drogas, pero también se extiende al juego clandestino, el lavado de dinero, el robo de autos y camiones, los desarmaderos, el contrabando, la trata de personas y otras actividades ilegales.

En la Argentina, Paraguay y Uruguay no hay mafias, sino “grupos” delictivos. Sin duda, una construcción judicial, policial y periodística muy conveniente que permite no avanzar en las investigaciones “hacia arriba” (jefes), “hacia abajo” (redes) o “hacia el costado” (logística y apoyatura). Es el “cuentapropismo” delictivo refrendado por el accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia.

Pero lo grave, es que esta visión de “delincuentes improvisados” atenta contra el “mapeado” de las estructuras y vinculaciones y la configuración de las dimensiones reales de la delincuencia (en el rubro “delitos graves”) en la Argentina, Paraguay y Uruguay; quizás el paso más importante para cristalizar la actual situación del narcotráfico en el “Hinterland del Narcosur”.

LA TRATA DE PERSONAS. Que no se revelen las redes de abogados, financistas, miembros de las fuerzas de seguridad, grupos sindicales, barras bravas o colectivos sociales que pueden girar alrededor del narcotráfico no permite entender la relación entre el narcotráfico y la trata de personas. Pero, por el contrario, el Mercosur, como institución política, ha sido una máquina generadora de reuniones, documentos, pronunciamientos, normativas y diagnósticos que parten de considerar la prostitución o el trabajo esclavo como fenómenos “aislados”, que alcanzan a personas individuales o pequeños grupos de individuos.

Cuando leemos una noticia sobre la irrupción de las autoridades de un prostíbulo el grupo de niños o mujeres rescatadas no pasa de una docena y media. Cuando se denuncia un taller textil clandestino, las cantidades que se mencionan con similares (o menores). Y siempre son “casos aislados” o no más de tres o cuatro locales. Incluso, cuando se habla de narcotráfico, la droga parece ser producida por agricultores que no tienen otra opción que plantar drogas, como si hubiesen elegido la coca o la marihuana por ser mejor negocio que la soja, el trigo o el maíz.

Un relevamiento de instrumentos en materia de trata de personas que se realizó en el marco del “Proyecto de Cooperación Humanitaria Internacional para Migrantes, Apátridas, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas” del mercado regional, publicado en Julio de 2016, mostró que entre 1991 y 2015, en el Mercosur se dieron a conocer 46 instrumentos diferentes sobre el tema: 10 declaraciones, 8 acuerdos, 6 planes de acción, 4 guías, 4 campañas de sensibilización, 3 proyectos de cooperación, 2 recomendaciones, 2 informes, 1 mecanismos, 1 directriz, 1 protocolo, 1 diagnóstico regional y se crearon varias comisiones de seguimiento, redes especializadas y base de datos legislativas. Esto sin contar 19 comunicados de presidentes de estados miembros y asociados del mercado regional.

El informe revela en qué políticas públicas se ha concentrado cada país y, en la Argentina, el esfuerzo fue hacia el rescate de las víctimas y el retorno a lugares de origen, en el caso de que lo deseen. También se ha capacitado al personal de las fuerzas de seguridad sobre el trato hacia la víctima de trata de personas, pero nada la detección y combate de las redes de captación y tráfico de individuos, ya sea para servicios sexuales o para trabajo ilegal. Casi las mismas políticas aplican Uruguay y Paraguay. La excepción es Brasil que ha puesto énfasis en investigar las rutas de trata y su articulación con redes del exterior, además de accionar sobre para la detección temprana de las potenciales situaciones de trata entre niños y adolescentes.

De esta forma, las políticas públicas que se han diseñado y se aplican en la Argentina, se concentran en la etapa final de la trata de personas, no en evitar su captación, su “compra-venta” entre las redes de trata y la explotación sexual o laboral. Es decir, el “negocio” no se ve afectado, sino que se concentra en los pocos o mucho hechos de personas que quieren o son sacados del sistema de trata.

En la Argentina el delito de trata de personas está penado por ley. En 2008 se sancionó la “Ley de Trata de Persona” y, a finales de 2012, se amplió y mejoró a través de la Ley 26.842, fijando penas de 3 a 15 años de prisión. A partir de esta legislación, se recibieron un total de 6.300 denuncias de trata de personas hasta fines de 2015 (últimos datos disponibles). Sin embargo, hasta ahora, se han detectado casos aislados de trata de personas, no hay ni una investigación sobre redes o estructuras delictivas, locales o internacionales. Por esas denuncias, se produjeron 10.000 rescates de personas, de ellos, 90% son personas mayores de edad, de las cuales 55% son extranjeras. Sobre ese total, 50% de ellas fueron explotadas sexualmente. Sin embargo, el número de denuncias está lejos de producir allanamientos, dado que sobre el total de llamadas recibidas, sólo 34% terminaron en inspecciones judiciales

A decir verdad, se desconoce cuántas personas ejercen la prostitución en la Argentina o las formas veladas de explotación sexual (servicios de “modelos”, masajes, “mozas” de “wiskerias”, amantes “rentadas”, “botineras”, “vedettes” y otras formas más o menos ocultas de oferta sexual por dinero). Y mucho menos las redes de captación, las rutas de explotación y venta de persona, su relación con la clase política o si hay ventas al exterior de víctimas de trata.

Los informes del Mercosur detallan muy bien las zonas de captación de personas para la trata en cada país y las rutas por donde son transportadas. En la Argentina, las zonas de captación y reclutamiento mencionadas son Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán. Sin embargo, cuando se analizan las crónicas policiales, casi no hay casos de investigaciones o detenciones de políticos o personas cercanas al poder relacionadas con la trata de personas y con la trata relacionada con el narcotráfico. Sin duda, una clara explicación de la ausencia de interés de avanzar en este tipo de situaciones, que las hay.

Por ejemplo, a fines del año pasado, el gendarme retirado José María Viero fue citado a declarar por el Juzgado Federal de Paso de los Libres por un presunto caso de trata y explotación sexual. El dato clave es que el imputado había sido custodio de la Casa de Gobierno de Corrientes, es decir, que el caso llegó, literalmente, a “tocar la puerta” del poder político correntino. También fue investigado por el mismo caso el ex Fiscal Federal de Paso de los Libres, Benito Pont, acusado de bloquear investigaciones en los locales de explotación sexual de las víctimas de trata y de estar vinculado al negocio a través de familiares y amigos.

Pocas semanas antes, en Paso de la Patria, fue detenido un empresario cercano al radicalismo acusado de trata de personas y de promover el turismo sexual en sus cuatro cabañas ubicadas en tres ciudades de Corrientes y una de Misiones. En total, 11 mujeres entre 20 y 35 años fueron rescatadas en los allanamientos, pero el número total se estima que era mayor, dado que el “personal” era obligado a “rotar” entre los diversos domicilios investigados.

¿Será casual que este caso se haya producido en la misma ciudad donde fue Intendente Oscar “Chino” García, pareja de Sonia Beatriz Mantilla Castro, que fue involucrada en un caso de trata y explotación sexual donde fue acusada la abogada Natalia Szrrabari, que luego fue “olvidado” por los medios y por la Justicia? Nada es casual en este tipo de casos.

Paso de la Patria, como otras ciudades fronterizas, concentra actividades delictivas importantes, como se confirmó en el caso de Itatí; donde la connivencia de la clase políticas, las fuerzas de seguridad y de algunas autoridades judiciales locales, otorgan el amparo necesario para poder sostenerse en el tiempo. Hace unas semanas, la Justicia Federal de Corrientes realizó 14 allanamientos en Paso de la Patria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se investigaba una red de lavado y contrabando de dinero proveniente de la trata de personas con fines sexuales. El caso es consecuencia de la causa que se inició con la captura del ex Fiscal Federal de la ciudad correntina, Benito Pont, y a otros funcionarios por brindar protección a organizaciones de trata.

Sin embargo, todo el caso no comenzó en Corrientes, sino que surgió en la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, por operaciones de inteligencia electrónica. Luego se dio lugar a la Jueza Cristina Pozzer Penzo y al Fiscal Aníbal Fabián Martínez, que avanzaron con los allanamientos.

El lavado y contrabando de dinero dio origen a un nuevo tipo de uso de las mujeres. Las “mulas” son usadas para trasladar drogas de un lugar a otro. Ahora surgieron las “burriers”, que mueven dinero entre diferentes destinos. Por lo general, cobran entre 7% y 10% del dinero trasladado. Por lo general, de las provincias viene el dinero hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su lavado y, luego, hacia Europa o Estados Unidos, incluso Asia, donde hay países musulmanes que tienen cuentas secretas.

El informe sobre trata de personas con fines sexuales de 2015, que emitió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sostiene que en Corrientes no se registró una sola denuncia sobre el tema. Sin embargo, cualquiera que recorra las principales ciudades chaqueñas puede observar la oferta sexual en medios y vía pública. Y ese es un escenario que se repite en varias provincias. Una confirmación de la innegable relación entre la protección a la trata de personas, el narcotráfico y cierta clase política.

En Brasil, se necesitó un juez con decisión para avanzar en la investigación del mayor caso de corrupción empresarial y política en América latina. Sin embargo, en el negocio de la trata de personas, ya sea para fines de explotación sexual o laboral, no ha encontrado un magistrado que decida desbaratar las redes, sus conexiones políticas y sus cercanías con grupos de traficantes de drogas. ¿Aparecerá alguna vez?

Publicado en Política, Trata y Narcosur.

Trata, lavado de dinero y política en el “Hinterland del NarcoSur”

El “Operativo Sapucay” ya es considerado como una confirmación de los lazos existentes entre la política y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, pero en la investigación judicial hay cuatro focos que se dejan de lado, como si no tuviera relación con el fenómeno del tráfico de drogas: las superestructuras que están detrás las partes compradora y vendedora de toda la cadena comercial, conocer el origen y el destino de la droga, el lavado del dinero producido (más allá de los bienes incautados) y la trata de personas que suele existir alrededor de los protagonistas principales negocio de comercializar drogas.

Las fuentes judiciales que tramitan el “Operativo Sapucay” reconocen que en Itatí operan tres grupos narcos que importaban drogas (en total más de 10 toneladas semanales). Sin embargo, no queda claro si los detenidos en el operativo (desde el intendente Natividad “Roger” Terán, del Frente para la Victoria, y su Viceintendente, Fabio Aquino, del Partido Nuevo; para abajo) cómo se estructura del grupo, dado que no se informa el nombre con que se identifica el colectivo delictual, si tenía relaciones con otras mafias locales o extranjeras y si tenían lazos con otras estructuras políticos o de fuerzas de seguridad. Se lo describe como si fuera casi como un “caso aislado”.

Lo mismo ocurre en Paraguay (lugar desde donde se afirma que viene la droga, cuando por el territorio paraguayo pasa marihuana producida en Brasil o coca y cocaína que tiene como origen Colombia, Brasil, Bolivia y Perú) y se habla de un supuesto “Cartel de Paraguay”, como si fuera una gran “familia” que no parece tener una cabeza central, algo así como un pulpo sólo con tentáculos; lo que va en contra de toda la experiencia e historia de asociaciones mafiosos delictivas en el mundo.

Sin embargo, en Brasil, se puede seguir en los diarios la sangrienta interna entre los dos mayores grupos de narcotraficantes locales (Primer Comando Capital y Comando Vermelho), las alianzas y rupturas que hay en los estados con los grupos mafiosos regionales y las conexiones que tienen con grupos delictivos bien identificados en Estados Unidos, Europa, Colombia o México.

En la Argentina, las denominaciones son escasas y genéricas. “Los Monos” ganaron notoriedad en Santa Fe. La “Banda de los Paraguayos” o la “Banda de los Peruanos” son los nombres que se les dan a los grupos que pelean por el control de las mayores villas de la Ciudad de Buenos Aires o los “saltos” que dan hacia el Gran Buenos Aires, sin señalar si son “franquicias” atendidas por “socios” locales o ramificaciones de los mismos grupos queda en el limbo de la investigación.

Cada tanto aparece una noticia de un operativo donde son detenidas 10, 15, 20 personas, como mucho, pero todo se detiene en ese conjunto bien delimitado, cuando la experiencia internacional confirma que estas mafias tiene redes de distribución, cuentan con la apoyatura de abogados, políticos y fuerzas de seguridad; y usan “financistas” que lavan sus utilidades. Incluso, nunca surgen, ni se mencionan, las redes de inteligencia o informantes con que cuentan. Además, siempre hay trata de personas, ya sea para uso sexual o como mano de obra y logística.

La imagen de “improvisados” o de “vivillos” que hacen negocio con la droga está lejos de las mafias que operan u operaron en México, Colombia, Perú, Europa o Estados Unidos. Es casi como un “subdesarrollo” de la delincuencia relacionada con el tráfico y comercio de drogas, pero también se extiende al juego clandestino, el lavado de dinero, el robo de autos y camiones, los desarmaderos, el contrabando, la trata de personas y otras actividades ilegales.

En la Argentina, Paraguay y Uruguay no hay mafias, sino “grupos” delictivos. Sin duda, una construcción judicial, policial y periodística muy conveniente que permite no avanzar en las investigaciones “hacia arriba” (jefes), “hacia abajo” (redes) o “hacia el costado” (logística y apoyatura). Es el “cuentapropismo” delictivo refrendado por el accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia.

Pero lo grave, es que esta visión de “delincuentes improvisados” atenta contra el “mapeado” de las estructuras y vinculaciones y la configuración de las dimensiones reales de la delincuencia (en el rubro “delitos graves”) en la Argentina, Paraguay y Uruguay; quizás el paso más importante para cristalizar la actual situación del narcotráfico en el “Hinterland del Narcosur”.

LA TRATA DE PERSONAS. Que no se revelen las redes de abogados, financistas, miembros de las fuerzas de seguridad, grupos sindicales, barras bravas o colectivos sociales que pueden girar alrededor del narcotráfico no permite entender la relación entre el narcotráfico y la trata de personas. Pero, por el contrario, el Mercosur, como institución política, ha sido una máquina generadora de reuniones, documentos, pronunciamientos, normativas y diagnósticos que parten de considerar la prostitución o el trabajo esclavo como fenómenos “aislados”, que alcanzan a personas individuales o pequeños grupos de individuos.

Cuando leemos una noticia sobre la irrupción de las autoridades de un prostíbulo el grupo de niños o mujeres rescatadas no pasa de una docena y media. Cuando se denuncia un taller textil clandestino, las cantidades que se mencionan con similares (o menores). Y siempre son “casos aislados” o no más de tres o cuatro locales. Incluso, cuando se habla de narcotráfico, la droga parece ser producida por agricultores que no tienen otra opción que plantar drogas, como si hubiesen elegido la coca o la marihuana por ser mejor negocio que la soja, el trigo o el maíz.

Un relevamiento de instrumentos en materia de trata de personas que se realizó en el marco del “Proyecto de Cooperación Humanitaria Internacional para Migrantes, Apátridas, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas” del mercado regional, publicado en Julio de 2016, mostró que entre 1991 y 2015, en el Mercosur se dieron a conocer 46 instrumentos diferentes sobre el tema: 10 declaraciones, 8 acuerdos, 6 planes de acción, 4 guías, 4 campañas de sensibilización, 3 proyectos de cooperación, 2 recomendaciones, 2 informes, 1 mecanismos, 1 directriz, 1 protocolo, 1 diagnóstico regional y se crearon varias comisiones de seguimiento, redes especializadas y base de datos legislativas. Esto sin contar 19 comunicados de presidentes de estados miembros y asociados del mercado regional.

El informe revela en qué políticas públicas se ha concentrado cada país y, en la Argentina, el esfuerzo fue hacia el rescate de las víctimas y el retorno a lugares de origen, en el caso de que lo deseen. También se ha capacitado al personal de las fuerzas de seguridad sobre el trato hacia la víctima de trata de personas, pero nada la detección y combate de las redes de captación y tráfico de individuos, ya sea para servicios sexuales o para trabajo ilegal. Casi las mismas políticas aplican Uruguay y Paraguay. La excepción es Brasil que ha puesto énfasis en investigar las rutas de trata y su articulación con redes del exterior, además de accionar sobre para la detección temprana de las potenciales situaciones de trata entre niños y adolescentes.

De esta forma, las políticas públicas que se han diseñado y se aplican en la Argentina, se concentran en la etapa final de la trata de personas, no en evitar su captación, su “compra-venta” entre las redes de trata y la explotación sexual o laboral. Es decir, el “negocio” no se ve afectado, sino que se concentra en los pocos o mucho hechos de personas que quieren o son sacados del sistema de trata.

En la Argentina el delito de trata de personas está penado por ley. En 2008 se sancionó la “Ley de Trata de Persona” y, a finales de 2012, se amplió y mejoró a través de la Ley 26.842, fijando penas de 3 a 15 años de prisión. A partir de esta legislación, se recibieron un total de 6.300 denuncias de trata de personas hasta fines de 2015 (últimos datos disponibles). Sin embargo, hasta ahora, se han detectado casos aislados de trata de personas, no hay ni una investigación sobre redes o estructuras delictivas, locales o internacionales. Por esas denuncias, se produjeron 10.000 rescates de personas, de ellos, 90% son personas mayores de edad, de las cuales 55% son extranjeras. Sobre ese total, 50% de ellas fueron explotadas sexualmente. Sin embargo, el número de denuncias está lejos de producir allanamientos, dado que sobre el total de llamadas recibidas, sólo 34% terminaron en inspecciones judiciales

A decir verdad, se desconoce cuántas personas ejercen la prostitución en la Argentina o las formas veladas de explotación sexual (servicios de “modelos”, masajes, “mozas” de “wiskerias”, amantes “rentadas”, “botineras”, “vedettes” y otras formas más o menos ocultas de oferta sexual por dinero). Y mucho menos las redes de captación, las rutas de explotación y venta de persona, su relación con la clase política o si hay ventas al exterior de víctimas de trata.

Los informes del Mercosur detallan muy bien las zonas de captación de personas para la trata en cada país y las rutas por donde son transportadas. En la Argentina, las zonas de captación y reclutamiento mencionadas son Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán. Sin embargo, cuando se analizan las crónicas policiales, casi no hay casos de investigaciones o detenciones de políticos o personas cercanas al poder relacionadas con la trata de personas y con la trata relacionada con el narcotráfico. Sin duda, una clara explicación de la ausencia de interés de avanzar en este tipo de situaciones, que las hay.

Por ejemplo, a fines del año pasado, el gendarme retirado José María Viero fue citado a declarar por el Juzgado Federal de Paso de los Libres por un presunto caso de trata y explotación sexual. El dato clave es que el imputado había sido custodio de la Casa de Gobierno de Corrientes, es decir, que el caso llegó, literalmente, a “tocar la puerta” del poder político correntino. También fue investigado por el mismo caso el ex Fiscal Federal de Paso de los Libres, Benito Pont, acusado de bloquear investigaciones en los locales de explotación sexual de las víctimas de trata y de estar vinculado al negocio a través de familiares y amigos.

Pocas semanas antes, en Paso de la Patria, fue detenido un empresario cercano al radicalismo acusado de trata de personas y de promover el turismo sexual en sus cuatro cabañas ubicadas en tres ciudades de Corrientes y una de Misiones. En total, 11 mujeres entre 20 y 35 años fueron rescatadas en los allanamientos, pero el número total se estima que era mayor, dado que el “personal” era obligado a “rotar” entre los diversos domicilios investigados.

¿Será casual que este caso se haya producido en la misma ciudad donde fue Intendente Oscar “Chino” García, pareja de Sonia Beatriz Mantilla Castro, que fue involucrada en un caso de trata y explotación sexual donde fue acusada la abogada Natalia Szrrabari, que luego fue “olvidado” por los medios y por la Justicia? Nada es casual en este tipo de casos.

Paso de la Patria, como otras ciudades fronterizas, concentra actividades delictivas importantes, como se confirmó en el caso de Itatí; donde la connivencia de la clase políticas, las fuerzas de seguridad y de algunas autoridades judiciales locales, otorgan el amparo necesario para poder sostenerse en el tiempo. Hace unas semanas, la Justicia Federal de Corrientes realizó 14 allanamientos en Paso de la Patria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se investigaba una red de lavado y contrabando de dinero proveniente de la trata de personas con fines sexuales. El caso es consecuencia de la causa que se inició con la captura del ex Fiscal Federal de la ciudad correntina, Benito Pont, y a otros funcionarios por brindar protección a organizaciones de trata.

Sin embargo, todo el caso no comenzó en Corrientes, sino que surgió en la Unidad Operacional de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, por operaciones de inteligencia electrónica. Luego se dio lugar a la Jueza Cristina Pozzer Penzo y al Fiscal Aníbal Fabián Martínez, que avanzaron con los allanamientos.

El lavado y contrabando de dinero dio origen a un nuevo tipo de uso de las mujeres. Las “mulas” son usadas para trasladar drogas de un lugar a otro. Ahora surgieron las “burriers”, que mueven dinero entre diferentes destinos. Por lo general, cobran entre 7% y 10% del dinero trasladado. Por lo general, de las provincias viene el dinero hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su lavado y, luego, hacia Europa o Estados Unidos, incluso Asia, donde hay países musulmanes que tienen cuentas secretas.

El informe sobre trata de personas con fines sexuales de 2015, que emitió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sostiene que en Corrientes no se registró una sola denuncia sobre el tema. Sin embargo, cualquiera que recorra las principales ciudades chaqueñas puede observar la oferta sexual en medios y vía pública. Y ese es un escenario que se repite en varias provincias. Una confirmación de la innegable relación entre la protección a la trata de personas, el narcotráfico y cierta clase política.

En Brasil, se necesitó un juez con decisión para avanzar en la investigación del mayor caso de corrupción empresarial y política en América latina. Sin embargo, en el negocio de la trata de personas, ya sea para fines de explotación sexual o laboral, no ha encontrado un magistrado que decida desbaratar las redes, sus conexiones políticas y sus cercanías con grupos de traficantes de drogas. ¿Aparecerá alguna vez?

Publicado en Política, Trata y Narcosur.