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Es Horacio Rosatti. Integra un grupo de ex funcionarios kirchneristas sospechados de llevar adelante una maniobra que permitió licuar una deuda privada de 250 millones de pesos.
Por 14/04/2017 04:42 PM

El juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, uno de los dos miembros del máximo tribunal nombrados por impulso del presidente Mauricio Macri, aparece involucrado en una investigación por presuntos hechos de corrupción promovida por el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Rosatti es uno de los funcionarios del gabinete del ex presidente Néstor Kirchner -el ahora ministro de la Corte fue ministro de Justicia del primero gobierno K- a quienes menciona el funcionario judicial como partícipes, junto a empresarios y a un juez, en una maniobra basada en la reformulación de un régimen de promoción industrial que terminó beneficiando a una firma que hoy pertenece al grupo Indalo, del ex hombre de negocios K  Cristóbal López.

Además de a Rosatti, la denuncia involucra a los ex funcionarios Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Alicia Kirchner, José Pampuro, Daniel Filmus, Carlos Tomada, Rafael Bielsa y Julio De Vido

El sitio fiscales.gob.ar, del Ministerio Público Fiscal, informó que, de acuerdo con la presentación del fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo “habría exhibido una serie de graves irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención fiscal, etc.- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado Nacional”.

El beneficio habría consistido en la licuación por capitalización de una deuda de casi 250 millones de pesos que la empresa tendría con el Estado Nacional y que, según el fiscal, habría sido sustituida por un paquete accionario cuya valuación real, de acuerdo con la Subsecretaría de Servicios Financieros, rondaría entre 1.283.537 y 1.760.296 pesos.

“Los hechos que se solicitaron investigar se habrían iniciado a mediados de 2005 cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 475/05 el régimen de promoción industrial otorgado inicialmente en 1976 y modificado en 1981 (inactivo hasta la fecha) a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. dedicada a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro. Por dicho decreto ALPAT  S.A. obtuvo beneficios y diferimientos fiscales por diez años, de modo tal que el Estado quedó obligado a no percibir ciertos impuestos por ese plazo”, amplió el sitio.

“En junio de 2006 –agregó- la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral S.A, cuyos presidente y vicepresidente eran entonces, Fabián de Souza y Raúl Esteban Zamora, respectivamente, quienes también fueron denunciados por el fiscal Rodríguez. Luego, comenzó el proceso de saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Invesment SL, como también al Estado Nacional.”

La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la dirección general de asuntos jurídicos), que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público.

Uno de los jueces de la Corte nombrados por Macri, investigado por la Justicia

Es Horacio Rosatti. Integra un grupo de ex funcionarios kirchneristas sospechados de llevar adelante una maniobra que permitió licuar una deuda privada de 250 millones de pesos.

El juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, uno de los dos miembros del máximo tribunal nombrados por impulso del presidente Mauricio Macri, aparece involucrado en una investigación por presuntos hechos de corrupción promovida por el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Rosatti es uno de los funcionarios del gabinete del ex presidente Néstor Kirchner -el ahora ministro de la Corte fue ministro de Justicia del primero gobierno K- a quienes menciona el funcionario judicial como partícipes, junto a empresarios y a un juez, en una maniobra basada en la reformulación de un régimen de promoción industrial que terminó beneficiando a una firma que hoy pertenece al grupo Indalo, del ex hombre de negocios K  Cristóbal López.

Además de a Rosatti, la denuncia involucra a los ex funcionarios Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Alicia Kirchner, José Pampuro, Daniel Filmus, Carlos Tomada, Rafael Bielsa y Julio De Vido

El sitio fiscales.gob.ar, del Ministerio Público Fiscal, informó que, de acuerdo con la presentación del fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo “habría exhibido una serie de graves irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención fiscal, etc.- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado Nacional”.

El beneficio habría consistido en la licuación por capitalización de una deuda de casi 250 millones de pesos que la empresa tendría con el Estado Nacional y que, según el fiscal, habría sido sustituida por un paquete accionario cuya valuación real, de acuerdo con la Subsecretaría de Servicios Financieros, rondaría entre 1.283.537 y 1.760.296 pesos.

“Los hechos que se solicitaron investigar se habrían iniciado a mediados de 2005 cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 475/05 el régimen de promoción industrial otorgado inicialmente en 1976 y modificado en 1981 (inactivo hasta la fecha) a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. dedicada a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro. Por dicho decreto ALPAT  S.A. obtuvo beneficios y diferimientos fiscales por diez años, de modo tal que el Estado quedó obligado a no percibir ciertos impuestos por ese plazo”, amplió el sitio.

“En junio de 2006 –agregó- la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral S.A, cuyos presidente y vicepresidente eran entonces, Fabián de Souza y Raúl Esteban Zamora, respectivamente, quienes también fueron denunciados por el fiscal Rodríguez. Luego, comenzó el proceso de saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Invesment SL, como también al Estado Nacional.”

La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la dirección general de asuntos jurídicos), que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público.