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En la federación del sector advierten un retraso de tres meses en el abono del subsidio mensual por parte de la Provincia. Pagos segmentados y una norma “en estudio” desde 2015.
Por 20/03/2017 03:20 PM

En un contexto de marcados retrasos en la percepción del subsidio mensual que tendría que otorgar la Provincia, como así también alertando una creciente carga burocrática a la hora de acceder a este beneficio, la Federación de Bibliotecas Populares bonaerense insiste en el pedido por la efectiva aplicación de la ley 14.777 que eleva el monto del subsidio que, hasta el momento, se otorga regido por el decreto-ley 9319/79 de la última dictadura cívico-militar. Asimismo, la norma aún sin reglamentar apunta a ordenar el fondo para las transferencias a fin de que se facilite su ejecución y evitar así cuestiones burocráticas que se reflejan con las actuales demoras.

“En la provincia nos dijeron que está en estudio”, señaló a Letra P el titular de dicha federación, Luís Zurueta, acerca de esta ley que fue sancionada en octubre de 2015 e impulsada por la diputada Rocío Giaccone (FpV). Sin embargo, el bibliotecario no dudó en observar otros factores que motivan la no reglamentación: “Tienen directamente un plan de ajuste pero no tienen idea de la función social que cumplen las bibliotecas”.

Con respecto a los pagos del actual subsidio, Zurueta señaló que se registra un retraso de tres meses y que, en algunos casos, la deuda data de julio del pasado año. En este punto, el titular de la Federación de Bibliotecas Populares comentó que, previo a efectuar los depósitos, la Provincia está “revisando biblioteca por biblioteca, su estado reglamentario, certificado de vigencia personería jurídica, cuentas bancarias, y en base a eso empezarían a pagar”, por lo que más de cien de las 480 entidades se ven afectadas por esta carga burocrática.

“Son 480 casos diferentes. El Gobierno no las mantiene en un bloque, las dividieron biblioteca por bibliotecas, a algunas le paga y otras no”, añadió para pedir que “por eso no corten la cadena de pago porque al que perjudican es al trabajador”.

En este punto, Zurueta indicó que persisten los inconvenientes con la Afip ante el incumplimiento de las cargas sociales, entre otros compromisos que no pueden afrontar ante un panorama financiero crítico. “Más del 50% de la bibliotecas tiene problemas con la Afip y las cargas sociales”.

Bibliotecas populares siguen con la ley congelada y denuncian plan de “ajuste”

En la federación del sector advierten un retraso de tres meses en el abono del subsidio mensual por parte de la Provincia. Pagos segmentados y una norma “en estudio” desde 2015.

En un contexto de marcados retrasos en la percepción del subsidio mensual que tendría que otorgar la Provincia, como así también alertando una creciente carga burocrática a la hora de acceder a este beneficio, la Federación de Bibliotecas Populares bonaerense insiste en el pedido por la efectiva aplicación de la ley 14.777 que eleva el monto del subsidio que, hasta el momento, se otorga regido por el decreto-ley 9319/79 de la última dictadura cívico-militar. Asimismo, la norma aún sin reglamentar apunta a ordenar el fondo para las transferencias a fin de que se facilite su ejecución y evitar así cuestiones burocráticas que se reflejan con las actuales demoras.

“En la provincia nos dijeron que está en estudio”, señaló a Letra P el titular de dicha federación, Luís Zurueta, acerca de esta ley que fue sancionada en octubre de 2015 e impulsada por la diputada Rocío Giaccone (FpV). Sin embargo, el bibliotecario no dudó en observar otros factores que motivan la no reglamentación: “Tienen directamente un plan de ajuste pero no tienen idea de la función social que cumplen las bibliotecas”.

Con respecto a los pagos del actual subsidio, Zurueta señaló que se registra un retraso de tres meses y que, en algunos casos, la deuda data de julio del pasado año. En este punto, el titular de la Federación de Bibliotecas Populares comentó que, previo a efectuar los depósitos, la Provincia está “revisando biblioteca por biblioteca, su estado reglamentario, certificado de vigencia personería jurídica, cuentas bancarias, y en base a eso empezarían a pagar”, por lo que más de cien de las 480 entidades se ven afectadas por esta carga burocrática.

“Son 480 casos diferentes. El Gobierno no las mantiene en un bloque, las dividieron biblioteca por bibliotecas, a algunas le paga y otras no”, añadió para pedir que “por eso no corten la cadena de pago porque al que perjudican es al trabajador”.

En este punto, Zurueta indicó que persisten los inconvenientes con la Afip ante el incumplimiento de las cargas sociales, entre otros compromisos que no pueden afrontar ante un panorama financiero crítico. “Más del 50% de la bibliotecas tiene problemas con la Afip y las cargas sociales”.