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Luego de las muertes en Pergamino, focalizan en las “responsabilidades de carácter político”. Detallan normas y fallos incumplidos. Aspectos que “generan el caldo de cultivo para tragedias”.
Redacción 15/03/2017 02:51 PM

Luego de la tragedia de Pergamino, en la cual siete detenidos alojados en uno de los calabozos de la comisaría local fallecieron asfixiados por inhalación de monóxido de carbono tras desatarse un incendio, varios dirigentes políticos, defensores oficiales y entidades defensoras de los Derechos Humanos reforzaron sus cuestionamientos por las detenciones en dependencias policiales e hicieron foco en las responsabilidades del Ejecutivo provincial. En esa línea también fue la Red de Jueces Penales bonaerenses que fijó su postura en un pronunciamiento que lleva la firma de magistrados de diversos departamentos judiciales y adhesiones como las del ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni.

Bajo el título “Basta de detenidos en comisarías”, la entidad de jueces marcó que, más allá de las responsabilidades penales, “existen otras responsabilidades de carácter político, administrativo e institucional que no deberían ser pasadas por el alto en el análisis de esta catástrofe, si se aspira seriamente a que este tipo de hechos no se repita”.

Así, se recordó que en junio de 2015, la Red de Jueces Penales se refirió al tema del alojamiento de detenidos en comisarías y otras dependencias policiales, señalando que, a pesar de lo resuelto por el máximo tribunal nacional y su par provincial, “el Poder Ejecutivo ha dispuesto la reapertura de los calabozos de las comisarías, como centros de detención”.

En aquel entonces, se cuestionaba a la administración sciolista: “Los jueces penales han ordenado numerosas clausuras de calabozos, al constatar graves carencias (por ej., sanitarios precarios e infectos, insuficiencia en la alimentación, falta de camas, ventilación, etc.), pero las autoridades administrativas no realizan las obras o remodelaciones necesarias para subsanarlas, argumentando falta de recursos presupuestarios, limitándose a derivar los detenidos a otras dependencias policiales, provocando nuevos hacinamientos y empeorando las condiciones de la detención”.

“Lamentablemente, aquella advertencia al por entonces gobernador Scioli no sólo no perdió vigencia, tras la asunción del nuevo gobierno provincial, sino que recobró trágica actualidad después de lo ocurrido en Pergamino”, remarcó la Red de Jueces Penales.

"Seguir alojando presos en las comisarías, en las condiciones en las se encuentran una buena parte de ellas en la provincia de Buenos Aires, contraría elementales normas de derechos humanos".

Y se ahondó: “Esos calabozos superpoblados, en mal estado de habitabilidad y con notorias deficiencias en la atención de la salud, en la provisión de alimentos, abrigos y demás elementos indispensables para el encierro, generan un contexto de violencia institucional, lesiva para la dignidad humana de los internos e incompatible con los estándares internacionales en la materia”.

Por otro lado, se recordó que la ley de unificación de las normas de organización de las policías de la provincia (ley 13.482 y sus modificatorias), al establecer en su art. 20 las funciones esenciales de las policías de seguridad, “no se refiere a la custodia de detenidos”.

Ante eso, se advirtió que se “provoca un doble perjuicio: en primer lugar, los policías bonaerenses deben cumplir tareas propias de los agentes penitenciarios, a pesar de carecer de la formación e idoneidad necesarias para hacerlo; y en segundo término, se produce una afectación indebida de recursos humanos que deberían estar destinados a las funciones que legalmente debe cumplir la policía de seguridad, es decir, prevenir la comisión de delitos y contravenciones, hacerlos cesar si ya se estuvieran ejecutando y cooperar en las investigaciones judiciales si ya se hubiesen consumado”.

Bajo las actuales circunstancias, la Red de Jueces sostuvo que “la permanencia de miles de detenidos en dependencias policiales generan el caldo de cultivo para tragedias que, cuanto menos, pudieron ser evitadas. Seguir alojando presos en las comisarías, en las condiciones en las se encuentran una buena parte de ellas en la provincia de Buenos Aires, contraría elementales normas de derechos humanos prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas y, además, plasmadas en numerosos pronunciamientos judiciales locales, nacionales e interamericanos”.

Jueces penales arremeten contra la Provincia por detenidos en comisarías

Luego de las muertes en Pergamino, focalizan en las “responsabilidades de carácter político”. Detallan normas y fallos incumplidos. Aspectos que “generan el caldo de cultivo para tragedias”.

Luego de la tragedia de Pergamino, en la cual siete detenidos alojados en uno de los calabozos de la comisaría local fallecieron asfixiados por inhalación de monóxido de carbono tras desatarse un incendio, varios dirigentes políticos, defensores oficiales y entidades defensoras de los Derechos Humanos reforzaron sus cuestionamientos por las detenciones en dependencias policiales e hicieron foco en las responsabilidades del Ejecutivo provincial. En esa línea también fue la Red de Jueces Penales bonaerenses que fijó su postura en un pronunciamiento que lleva la firma de magistrados de diversos departamentos judiciales y adhesiones como las del ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni.

Bajo el título “Basta de detenidos en comisarías”, la entidad de jueces marcó que, más allá de las responsabilidades penales, “existen otras responsabilidades de carácter político, administrativo e institucional que no deberían ser pasadas por el alto en el análisis de esta catástrofe, si se aspira seriamente a que este tipo de hechos no se repita”.

Así, se recordó que en junio de 2015, la Red de Jueces Penales se refirió al tema del alojamiento de detenidos en comisarías y otras dependencias policiales, señalando que, a pesar de lo resuelto por el máximo tribunal nacional y su par provincial, “el Poder Ejecutivo ha dispuesto la reapertura de los calabozos de las comisarías, como centros de detención”.

En aquel entonces, se cuestionaba a la administración sciolista: “Los jueces penales han ordenado numerosas clausuras de calabozos, al constatar graves carencias (por ej., sanitarios precarios e infectos, insuficiencia en la alimentación, falta de camas, ventilación, etc.), pero las autoridades administrativas no realizan las obras o remodelaciones necesarias para subsanarlas, argumentando falta de recursos presupuestarios, limitándose a derivar los detenidos a otras dependencias policiales, provocando nuevos hacinamientos y empeorando las condiciones de la detención”.

“Lamentablemente, aquella advertencia al por entonces gobernador Scioli no sólo no perdió vigencia, tras la asunción del nuevo gobierno provincial, sino que recobró trágica actualidad después de lo ocurrido en Pergamino”, remarcó la Red de Jueces Penales.

"Seguir alojando presos en las comisarías, en las condiciones en las se encuentran una buena parte de ellas en la provincia de Buenos Aires, contraría elementales normas de derechos humanos".

Y se ahondó: “Esos calabozos superpoblados, en mal estado de habitabilidad y con notorias deficiencias en la atención de la salud, en la provisión de alimentos, abrigos y demás elementos indispensables para el encierro, generan un contexto de violencia institucional, lesiva para la dignidad humana de los internos e incompatible con los estándares internacionales en la materia”.

Por otro lado, se recordó que la ley de unificación de las normas de organización de las policías de la provincia (ley 13.482 y sus modificatorias), al establecer en su art. 20 las funciones esenciales de las policías de seguridad, “no se refiere a la custodia de detenidos”.

Ante eso, se advirtió que se “provoca un doble perjuicio: en primer lugar, los policías bonaerenses deben cumplir tareas propias de los agentes penitenciarios, a pesar de carecer de la formación e idoneidad necesarias para hacerlo; y en segundo término, se produce una afectación indebida de recursos humanos que deberían estar destinados a las funciones que legalmente debe cumplir la policía de seguridad, es decir, prevenir la comisión de delitos y contravenciones, hacerlos cesar si ya se estuvieran ejecutando y cooperar en las investigaciones judiciales si ya se hubiesen consumado”.

Bajo las actuales circunstancias, la Red de Jueces sostuvo que “la permanencia de miles de detenidos en dependencias policiales generan el caldo de cultivo para tragedias que, cuanto menos, pudieron ser evitadas. Seguir alojando presos en las comisarías, en las condiciones en las se encuentran una buena parte de ellas en la provincia de Buenos Aires, contraría elementales normas de derechos humanos prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas y, además, plasmadas en numerosos pronunciamientos judiciales locales, nacionales e interamericanos”.