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  • Las patas cortas de la nueva ofensiva del Gobierno contra Gils Carbó por el Correo

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La Casa Rosada deslizó que el dictamen de la fiscal es parte de una venganza de la Procuradora, sin embargo los antecedentes de Gabriela Boquín y de la perito Judith König ponen en aprietos la versión
Por 09/02/2017 09:05 PM

Entre el 30 de diciembre de 2016 y 7 de febrero sólo pasaron 40 días. Se trata de las dos principales fechas que registra el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, en la causa civil por el concurso preventivo de la empresa nacional de correos que fue privatizada por Carlos Menem y reestatizada por Néstor Kirchner en 2003. Durante la etapa en que fue administrada por Sideco Americana, controlada por el padre del presidente Mauricio Macri, la histórica empresa telepostal quedó al borde de la quiebra y el canon adeudado es parte del expediente donde intervino Boquin. Un día antes de fin de año y del comienzo de la feria judicial de verano, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal dictaminó que debía ser rechazada la propuesta de Correo Argentino S.A. que ya había aceptado el Estado Nacional en el concurso preventivo de acreedores para concluir con esa controversia. 

El primer pronunciamiento quedó perdido en el comienzo de la feria. Todo lo contrario a lo sucedido después del 7 de febrero, cuando Boquin agregó el cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración para negarse a homologar el acuerdo. El número total aportó la dimensión del impacto financiero para el Estado. Según afirmó la fiscal, en la actualidad se trata de “una quita de más de 4 mil millones de pesos”, que llegará a los “70 mil millones” en 2033.

Dentro de la Casa Rosada, el primer impulso para zafar al presidente del escarnio fue vincular las dos fechas y poner al informe de la DAFI como parte de un “vuelto” en la eterna disputa que protagoniza la administración de Cambiemos con la titular del MPF, Alejandra Gils Carbó. El 5 de febrero el juez en lo Contencioso y Administrativo Federal, Esteban Furnari ordenó suspender los concursos en trámite para designar fiscales en puestos vacantes. Las impugnaciones sobre los mecanismos fue argumentada por la agrupación de abogados Será Justicia, que contó con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Germán Garavano. El cuestionamiento estaba concentrado en la resolución 751 de la Produración, que estableció los mecanismos para concursar cargos vacantes en fiscalías. 

Sin embargo, los documentos firmados por Boquin ponen en duda la versión agitada por el Gobierno, que fue multiplicada por una llamativa tormenta de “trolls” en las redes sociales que acusaron a la funcionaria de formar de la agrupación Justicia Legítima, vinculada al kirchnerismo. Sin embargo, dentro del Ejecutivo, la señal de alerta sobre el dictamen de Boquin fue encendida por Jorge Irigoin, presidente de Subterráneos de Buenos Aires durante el primer mandato de Macri como jefe de Gobierno y actual titular del correo reestatizado. Irigoin se desempeñó en SOCMA, en Siemens y en OCA y también fue destinado por Mauricio y Franco a conducir la empresa nacional de correos cuando quedó en manos del grupo familiar. La cercanía de Irigoin con Macri es otro elemento clave en la administración del concurso preventivo que ahora se transformó en un verdadero problema político y judicial para el Presidente. El hombre que goza de una estrecha confianza presidencial se encargó de advertirle a Macri desde el año pasado sobre las opiniones de Boquín. El dato debilita aún más las versiones oficiales sobre la presunta vendetta y pone el foco en el ministro Garavano.

Letra P pudo confirmar mediante fuentes judiciales cercanas que la funcionaria no tiene ninguna relación con ese espacio y que su posición ya se podía advertir en el expediente cuatro meses antes de la presentación del cuerpo principal del dictamen, donde Boquín opinó que el acuerdo que buscaba homologación en la Justicia “equivale a una condonación” de la deuda y que debía “considerarse abusiva”. También advirtió un evidente conflicto de intereses, porque “el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso: la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

“La estrategia del Gobierno por restarle imparcialidad al dictamen de la fiscal tiene patas cortas, no sólo porque es un disparate vincular la suspensión de la resolución 751 con el dictamen de Boquin, sino también por los antecedentes de la contadora Judith Köning”, contestó un funcionario judicial al respecto. La titular de la DAFI es la misma especialista que intervino en las pericias contables realizadas en las investigaciones de la tragedia de Once y en la causa Ciccone, donde fue procesado el ex vicepresidente Amado Boudou

La fiscal de Cámara Boquin tomó juramento el 18 de febrero de 2015. Su intervención en la instancia de apelaciones del fuero comercial y civil cuenta con el respeto de los magistrados del fuero que, en muchos casos, no coinciden con los planteos de la fiscal. En abril del año pasado, dentro de la quiebra de la empresa Grintek, logró que  la sala F de ese cámara admitiera que “la cooperativa de trabajo autorizada a continuar con la explotación de la planta industrial pueda adquirir la firma a través de una oferta de compra directa”. El cambio dejó sin efecto la negativa del tribunal de primera instancia con el argumento de que se trata de una “excepción” ante la ausencia de otros interesados. 

En el mismo mes, también dictaminó que era necesario suspender “la venta de un campo en el que habitan como dueñas de tiempos inmemoriales y ejerciendo una posesión ancestral, numerosas familias de la Comunidad Indígena La Unión de Diaguitas y Calchaquíes” en la provincia de Salta, en un expediente por la quiebra del Banco Oddone, que fue intervenido hace 35 años por la última dictadura militar. 
 

Las patas cortas de la nueva ofensiva del Gobierno contra Gils Carbó por el Correo

La Casa Rosada deslizó que el dictamen de la fiscal es parte de una venganza de la Procuradora, sin embargo los antecedentes de Gabriela Boquín y de la perito Judith König ponen en aprietos la versión

Entre el 30 de diciembre de 2016 y 7 de febrero sólo pasaron 40 días. Se trata de las dos principales fechas que registra el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, en la causa civil por el concurso preventivo de la empresa nacional de correos que fue privatizada por Carlos Menem y reestatizada por Néstor Kirchner en 2003. Durante la etapa en que fue administrada por Sideco Americana, controlada por el padre del presidente Mauricio Macri, la histórica empresa telepostal quedó al borde de la quiebra y el canon adeudado es parte del expediente donde intervino Boquin. Un día antes de fin de año y del comienzo de la feria judicial de verano, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal dictaminó que debía ser rechazada la propuesta de Correo Argentino S.A. que ya había aceptado el Estado Nacional en el concurso preventivo de acreedores para concluir con esa controversia. 

El primer pronunciamiento quedó perdido en el comienzo de la feria. Todo lo contrario a lo sucedido después del 7 de febrero, cuando Boquin agregó el cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración para negarse a homologar el acuerdo. El número total aportó la dimensión del impacto financiero para el Estado. Según afirmó la fiscal, en la actualidad se trata de “una quita de más de 4 mil millones de pesos”, que llegará a los “70 mil millones” en 2033.

Dentro de la Casa Rosada, el primer impulso para zafar al presidente del escarnio fue vincular las dos fechas y poner al informe de la DAFI como parte de un “vuelto” en la eterna disputa que protagoniza la administración de Cambiemos con la titular del MPF, Alejandra Gils Carbó. El 5 de febrero el juez en lo Contencioso y Administrativo Federal, Esteban Furnari ordenó suspender los concursos en trámite para designar fiscales en puestos vacantes. Las impugnaciones sobre los mecanismos fue argumentada por la agrupación de abogados Será Justicia, que contó con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Germán Garavano. El cuestionamiento estaba concentrado en la resolución 751 de la Produración, que estableció los mecanismos para concursar cargos vacantes en fiscalías. 

Sin embargo, los documentos firmados por Boquin ponen en duda la versión agitada por el Gobierno, que fue multiplicada por una llamativa tormenta de “trolls” en las redes sociales que acusaron a la funcionaria de formar de la agrupación Justicia Legítima, vinculada al kirchnerismo. Sin embargo, dentro del Ejecutivo, la señal de alerta sobre el dictamen de Boquin fue encendida por Jorge Irigoin, presidente de Subterráneos de Buenos Aires durante el primer mandato de Macri como jefe de Gobierno y actual titular del correo reestatizado. Irigoin se desempeñó en SOCMA, en Siemens y en OCA y también fue destinado por Mauricio y Franco a conducir la empresa nacional de correos cuando quedó en manos del grupo familiar. La cercanía de Irigoin con Macri es otro elemento clave en la administración del concurso preventivo que ahora se transformó en un verdadero problema político y judicial para el Presidente. El hombre que goza de una estrecha confianza presidencial se encargó de advertirle a Macri desde el año pasado sobre las opiniones de Boquín. El dato debilita aún más las versiones oficiales sobre la presunta vendetta y pone el foco en el ministro Garavano.

Letra P pudo confirmar mediante fuentes judiciales cercanas que la funcionaria no tiene ninguna relación con ese espacio y que su posición ya se podía advertir en el expediente cuatro meses antes de la presentación del cuerpo principal del dictamen, donde Boquín opinó que el acuerdo que buscaba homologación en la Justicia “equivale a una condonación” de la deuda y que debía “considerarse abusiva”. También advirtió un evidente conflicto de intereses, porque “el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso: la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

“La estrategia del Gobierno por restarle imparcialidad al dictamen de la fiscal tiene patas cortas, no sólo porque es un disparate vincular la suspensión de la resolución 751 con el dictamen de Boquin, sino también por los antecedentes de la contadora Judith Köning”, contestó un funcionario judicial al respecto. La titular de la DAFI es la misma especialista que intervino en las pericias contables realizadas en las investigaciones de la tragedia de Once y en la causa Ciccone, donde fue procesado el ex vicepresidente Amado Boudou

La fiscal de Cámara Boquin tomó juramento el 18 de febrero de 2015. Su intervención en la instancia de apelaciones del fuero comercial y civil cuenta con el respeto de los magistrados del fuero que, en muchos casos, no coinciden con los planteos de la fiscal. En abril del año pasado, dentro de la quiebra de la empresa Grintek, logró que  la sala F de ese cámara admitiera que “la cooperativa de trabajo autorizada a continuar con la explotación de la planta industrial pueda adquirir la firma a través de una oferta de compra directa”. El cambio dejó sin efecto la negativa del tribunal de primera instancia con el argumento de que se trata de una “excepción” ante la ausencia de otros interesados. 

En el mismo mes, también dictaminó que era necesario suspender “la venta de un campo en el que habitan como dueñas de tiempos inmemoriales y ejerciendo una posesión ancestral, numerosas familias de la Comunidad Indígena La Unión de Diaguitas y Calchaquíes” en la provincia de Salta, en un expediente por la quiebra del Banco Oddone, que fue intervenido hace 35 años por la última dictadura militar.