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El presunto desconocimiento presidencial de la negociación podría preservarlo, pero en la Rosada niegan que busquen anular el acuerdo que desató el escándalo. Bronca dentro del bloque de Cambiemos.
Por 14/02/2017 09:02 PM

El Gobierno insistirá en la estrategia de negar que el presidente Mauricio Macri estuviese al tanto de los términos del acuerdo que condonó una deuda multimillonaria del Correo Argentino. Lo hará en los micrófonos y también en los tribunales, en los que deberán comparecer el jefe de Estado y su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

“Jamás consulté este tema con el Presidente porque él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde un familiar esté involucrado”, dijo este martes Aguad a la salida de la primera reunión de Gabinete que encabezó Macri desde que este lunes se mudó a la Residencia de Olivos, hasta que terminen las refacciones por 286 millones de pesos en la Casa de Gobierno. El ministro estuvo flanqueado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que anunció el pedido urgente de una audiencia ante los miembros de la Cámara Federal, aunque es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el tribunal que ahora deberá decidir si homologa el acuerdo que firmó la empresa (en concurso de acreedores) Correo Argentino S.A. con el Estado, o si es rechazado por "abusivo", tal como reclamó la fiscal general ante esa instancia, Gabriela Boquín. El pedido a la Cámara Federal se explicaría en las otras causas conexas, como las demandas por "daños y perjuicios" que promovió contra el Estado la empresa del Grupo Macri que tuvo la concesión del correo entre 1997 y 2003. Una de esas demandas entabladas cosechó otro dictamen de Boquín, que consideró la quita pactada como "más abusiva aún".

La frase que dijo el ministro de Comunicaciones es parte de la estrategia que el Gobierno pondrá a prueba ante el fuero Comercial, donde cada funcionario repetirá, las veces que sea necesario, que el jefe del Estado nunca tuvo noticia alguna sobre la negociación que llevó adelante la empresa de su padre Franco Macri con el Estado que él conduce. 

"Nosotros no tenemos nada que ver con el convenio firmado. El Estado fue a una audiencia pública con 600 acreedores a discutir una propuesta y esa propuesta tiene estado judicial. Ahora hay una fiscal que lo rechaza y lo único que hicimos hoy, ya que hay causas conexas, fue pedir más judicialización. No podemos hacer nada por nuestra cuenta, le guste o no le guste al Estado", confió a Letra P un alto funcionario de la Casa Rosada ante la posibilidad de que el Gobierno apueste a que el convenio que desató el escándalo sea declarado nulo por la Cámara. 

La argumentación oficial que repitieron Peña y Aguad sobre el presunto desconocimiento del Presidente ante la negociación que mantuvo la empresa de su padre con el Estado tendría una falla de origen: la reunión que mantuvo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dependiente de la Presidencia, con el titular del correo estatal, Jorge Irigoin, poco antes de que la empresa concursada presentara el acuerdo que cuestionó Boquín. No es la única piedra en el zapato: Irigoin fue titular del correo privatizado, ahora está al frente de su gestión estatal y reportó al Grupo Macri con la misma fidelidad que tuvo el actual ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, cuando se desempeñó en Correo Argentino S.A. como uno de sus gerentes. 

"No apuntamos a invalidar el acuerdo. Creemos que hay que sumar los otros reclamos que hace el Correo Argentino S.A., y también consideramos que hace falta una opinión de la Auditoría General de la Nación, que depende del mismo Congreso que ahora convocó a Aguad a dar explicaciones", defendió el funcionario. La fuente no se privó de cuestionar al fiscal federal Juan Pedro Zoni, que por la tarde imputó a Macri y a Aguad por presuntos delitos que "se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo". 

"El fiscal ni siquiera precisó los cargos y dijo que hace falta una investigación, cuando la fiscal Boquín ya ha dicho todo lo que tenía que decir y el tema está en manos de la Cámara. Son ansias de figuración que no tienen nada que ver con el desarrollo de un concurso de acreedores, donde ya se expidió la fiscal interviniente", cuestionó el funcionario. Según Zoni, "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios", una calificación que inflamó los humores de una tarde agitada. El cimbronazo judicial no le impidió a Peña y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ocuparse de la ingeniería electoral de este año, primero con los intendentes y después con los jefes de la alianza Cambiemos en una reunión de neto corte partidario que tuvo a la Casa de Gobierno como sede.

En la otra punta de la Avenida de Mayo, en el Congreso Nacional, no abundan las certezas que retumban en la Rosada. "Nadie nos avisó nada y aún así salimos a poner la cara. Quizás sería bueno que le pregunten a la Jefatura de Gabinete cuál es su responsabilidad en esto, ya que ponen funcionarios en todas partes", bramó un diputado de Cambiemos mientras lamentaba que el escándalo se interpuso en la sesión extraordinaria convocada para reformar la ley de ART. "Ahora vamos a tener que bancar tres horas sobre el Correo y después vamos a votar la reforma, si es que lo hacemos. Es notable que no hay coordinación con el Ejecutivo y éste es un tema de ellos", se quejó el destacado integrante de la bancada oficialista en la Cámara baja. 

El silencio presidencial que genera suspicacias fuera de la Rosada adentro del Palacio es leído como "una acertada preservación", en referencia a la primera conferencia de prensa que ofreció el mandatario apenas volvió de vacaciones, cuando defendió al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, de las presuntas cinco transferencias que recibió del empresario brasileño Leonardo Meirelles, detenido por la investigación Lava Jato y el pago de coimas de la empresa Oderbrecht. El jefe de los espías primero dijo que "sólo había recibido una transferencia por la venta de un inmueble" y, dos semanas después, desautorizó a Macri ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Ante sus miembros sostuvo que había sido por la venta de sillas y cuadros. Ese traspié blindó los recaudos comunicacionales del Gobierno ante un escenario que sigue siendo minimizado por los principales voceros del Presidente.
 

Correo: el Gobierno jurará también en la Justicia que Macri no sabía nada

El presunto desconocimiento presidencial de la negociación podría preservarlo, pero en la Rosada niegan que busquen anular el acuerdo que desató el escándalo. Bronca dentro del bloque de Cambiemos.

El Gobierno insistirá en la estrategia de negar que el presidente Mauricio Macri estuviese al tanto de los términos del acuerdo que condonó una deuda multimillonaria del Correo Argentino. Lo hará en los micrófonos y también en los tribunales, en los que deberán comparecer el jefe de Estado y su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

“Jamás consulté este tema con el Presidente porque él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde un familiar esté involucrado”, dijo este martes Aguad a la salida de la primera reunión de Gabinete que encabezó Macri desde que este lunes se mudó a la Residencia de Olivos, hasta que terminen las refacciones por 286 millones de pesos en la Casa de Gobierno. El ministro estuvo flanqueado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que anunció el pedido urgente de una audiencia ante los miembros de la Cámara Federal, aunque es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el tribunal que ahora deberá decidir si homologa el acuerdo que firmó la empresa (en concurso de acreedores) Correo Argentino S.A. con el Estado, o si es rechazado por "abusivo", tal como reclamó la fiscal general ante esa instancia, Gabriela Boquín. El pedido a la Cámara Federal se explicaría en las otras causas conexas, como las demandas por "daños y perjuicios" que promovió contra el Estado la empresa del Grupo Macri que tuvo la concesión del correo entre 1997 y 2003. Una de esas demandas entabladas cosechó otro dictamen de Boquín, que consideró la quita pactada como "más abusiva aún".

La frase que dijo el ministro de Comunicaciones es parte de la estrategia que el Gobierno pondrá a prueba ante el fuero Comercial, donde cada funcionario repetirá, las veces que sea necesario, que el jefe del Estado nunca tuvo noticia alguna sobre la negociación que llevó adelante la empresa de su padre Franco Macri con el Estado que él conduce. 

"Nosotros no tenemos nada que ver con el convenio firmado. El Estado fue a una audiencia pública con 600 acreedores a discutir una propuesta y esa propuesta tiene estado judicial. Ahora hay una fiscal que lo rechaza y lo único que hicimos hoy, ya que hay causas conexas, fue pedir más judicialización. No podemos hacer nada por nuestra cuenta, le guste o no le guste al Estado", confió a Letra P un alto funcionario de la Casa Rosada ante la posibilidad de que el Gobierno apueste a que el convenio que desató el escándalo sea declarado nulo por la Cámara. 

La argumentación oficial que repitieron Peña y Aguad sobre el presunto desconocimiento del Presidente ante la negociación que mantuvo la empresa de su padre con el Estado tendría una falla de origen: la reunión que mantuvo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dependiente de la Presidencia, con el titular del correo estatal, Jorge Irigoin, poco antes de que la empresa concursada presentara el acuerdo que cuestionó Boquín. No es la única piedra en el zapato: Irigoin fue titular del correo privatizado, ahora está al frente de su gestión estatal y reportó al Grupo Macri con la misma fidelidad que tuvo el actual ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, cuando se desempeñó en Correo Argentino S.A. como uno de sus gerentes. 

"No apuntamos a invalidar el acuerdo. Creemos que hay que sumar los otros reclamos que hace el Correo Argentino S.A., y también consideramos que hace falta una opinión de la Auditoría General de la Nación, que depende del mismo Congreso que ahora convocó a Aguad a dar explicaciones", defendió el funcionario. La fuente no se privó de cuestionar al fiscal federal Juan Pedro Zoni, que por la tarde imputó a Macri y a Aguad por presuntos delitos que "se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo". 

"El fiscal ni siquiera precisó los cargos y dijo que hace falta una investigación, cuando la fiscal Boquín ya ha dicho todo lo que tenía que decir y el tema está en manos de la Cámara. Son ansias de figuración que no tienen nada que ver con el desarrollo de un concurso de acreedores, donde ya se expidió la fiscal interviniente", cuestionó el funcionario. Según Zoni, "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios", una calificación que inflamó los humores de una tarde agitada. El cimbronazo judicial no le impidió a Peña y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ocuparse de la ingeniería electoral de este año, primero con los intendentes y después con los jefes de la alianza Cambiemos en una reunión de neto corte partidario que tuvo a la Casa de Gobierno como sede.

En la otra punta de la Avenida de Mayo, en el Congreso Nacional, no abundan las certezas que retumban en la Rosada. "Nadie nos avisó nada y aún así salimos a poner la cara. Quizás sería bueno que le pregunten a la Jefatura de Gabinete cuál es su responsabilidad en esto, ya que ponen funcionarios en todas partes", bramó un diputado de Cambiemos mientras lamentaba que el escándalo se interpuso en la sesión extraordinaria convocada para reformar la ley de ART. "Ahora vamos a tener que bancar tres horas sobre el Correo y después vamos a votar la reforma, si es que lo hacemos. Es notable que no hay coordinación con el Ejecutivo y éste es un tema de ellos", se quejó el destacado integrante de la bancada oficialista en la Cámara baja. 

El silencio presidencial que genera suspicacias fuera de la Rosada adentro del Palacio es leído como "una acertada preservación", en referencia a la primera conferencia de prensa que ofreció el mandatario apenas volvió de vacaciones, cuando defendió al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, de las presuntas cinco transferencias que recibió del empresario brasileño Leonardo Meirelles, detenido por la investigación Lava Jato y el pago de coimas de la empresa Oderbrecht. El jefe de los espías primero dijo que "sólo había recibido una transferencia por la venta de un inmueble" y, dos semanas después, desautorizó a Macri ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Ante sus miembros sostuvo que había sido por la venta de sillas y cuadros. Ese traspié blindó los recaudos comunicacionales del Gobierno ante un escenario que sigue siendo minimizado por los principales voceros del Presidente.