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El ministro de Comunicaciones sería el encargado de hacer un anuncio sobre el escándalo del concurso del Correo Argentino S.A. con el Estado, considerado “abusivo” por la fiscal Gabriela Boquín.
Por 13/02/2017 08:30 PM

El presidente Mauricio Macri mudará sus oficinas de trabajo a la residencia de Olivos por un mes, debido al inminente inicio de la refacción por 286 millones de pesos de toda la Casa de Gobierno. Este martes, en el primer día del cambio, encabezará una reunión de Gabinete, pero seguirá sin atender a la prensa. Luego del encuentro, previsto para las 8,  las respuestas estarán en manos de “uno de los miembros participantes”, explicó la Presidencia de la Nación en un escueto comunicado. Dentro de la Rosada admiten que la rueda de prensa puede contar con anuncios vinculados al escándalo del Correo Argentino, en boca del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, pero con Macri bien lejos de los micrófonos.

La lista de urgencias del Ejecutivo encierra temas políticos, económicos y ambientales. Los temporales y las inundaciones que golpearon al noreste argentino, con la virtual inutilización de la ruta 7, ya es una luz roja en el tablero del Presidente, que titila al calor de la evolución de los temporales.

El compás político más urgente tiene que ver con el Congreso. Macri ya firmó el decreto para convocar la sesión extraordinaria para cambiar la ley de ART, pero algunos funcionarios del gobierno deslizan que ante la complejidad que lo espera en Diputados, el Presidente podría firmar un decreto que combine una serie de cambios en la legislación laboral, como lo deslizó La Nación este fin de semana.

Sin embargo, el tema más presente  es el menos mencionado por la Rosada. Quedaría en manos del ministro Aguad: el mismo que junto con sus abogados, fue duramente desautorizado por la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, que dictaminó la necesidad de rechazar el acuerdo entre partes que había pactado la empresa Correo Argentino S.A. (controlada por la familia del Presidente) con el Estado Nacional, representado por letrados del ministerio de Aguad.

En tres dictámenes Boquín sostuvo su rechazo El convenio porque "implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033", consideró la funcionaria judicial respecto al pacto entre partes que presentaron en el concurso preventivo de acreedores de Correo Argentino S.A., la empresa del Grupo Macri que se quedó con la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) en 1997, cuya licitación fue anulada por el presidente Néstor Kirchner en 2003 que reestatizó el servicio telepostal nacional. El paso calamitoso del Grupo Macri en el correo privatizado terminó con una quiebra, cuyo expediente encierra el escandaloso acuerdo de quita que impugnó Boquín. SOCMA dejó de pagar el canon dos años después, luego despidió 13.000 empleados y desde entonces comenzó una serie de juicios por daños y perjuicios contra el Estado, originalmente patrocinados por el abogado, amigo del Papa y ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi

El pronunciamiento inicial generó cuatro denuncias penales y un sumario en la Procuración de Investigaciones Administrativas, pero el viernes agregó la existencia del expediente CAF 38.109/2016, caratulada "Correo Argentino contra Estado Nacional s/ daños y perjuicios", que “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor (el Estado) un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”.

Todos los movimientos que sucedieron en ese caso fueron seguidos por Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos de la cartera que conduce Aguad. El letrado trabajó con el embajador Leandro Despouy en la Auditoría General de la Nación, y su rol fue duramente cuestionado por Boquín, que lo sospechó de tráfico de influencias para beneficiar a la familia del Presidente en desmedro del Estado que debía representar. 

Macri seguirá sin hablar del escándalo del Correo y se blinda por un mes en Olivos

El ministro de Comunicaciones sería el encargado de hacer un anuncio sobre el escándalo del concurso del Correo Argentino S.A. con el Estado, considerado “abusivo” por la fiscal Gabriela Boquín.

El presidente Mauricio Macri mudará sus oficinas de trabajo a la residencia de Olivos por un mes, debido al inminente inicio de la refacción por 286 millones de pesos de toda la Casa de Gobierno. Este martes, en el primer día del cambio, encabezará una reunión de Gabinete, pero seguirá sin atender a la prensa. Luego del encuentro, previsto para las 8,  las respuestas estarán en manos de “uno de los miembros participantes”, explicó la Presidencia de la Nación en un escueto comunicado. Dentro de la Rosada admiten que la rueda de prensa puede contar con anuncios vinculados al escándalo del Correo Argentino, en boca del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, pero con Macri bien lejos de los micrófonos.

La lista de urgencias del Ejecutivo encierra temas políticos, económicos y ambientales. Los temporales y las inundaciones que golpearon al noreste argentino, con la virtual inutilización de la ruta 7, ya es una luz roja en el tablero del Presidente, que titila al calor de la evolución de los temporales.

El compás político más urgente tiene que ver con el Congreso. Macri ya firmó el decreto para convocar la sesión extraordinaria para cambiar la ley de ART, pero algunos funcionarios del gobierno deslizan que ante la complejidad que lo espera en Diputados, el Presidente podría firmar un decreto que combine una serie de cambios en la legislación laboral, como lo deslizó La Nación este fin de semana.

Sin embargo, el tema más presente  es el menos mencionado por la Rosada. Quedaría en manos del ministro Aguad: el mismo que junto con sus abogados, fue duramente desautorizado por la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, que dictaminó la necesidad de rechazar el acuerdo entre partes que había pactado la empresa Correo Argentino S.A. (controlada por la familia del Presidente) con el Estado Nacional, representado por letrados del ministerio de Aguad.

En tres dictámenes Boquín sostuvo su rechazo El convenio porque "implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033", consideró la funcionaria judicial respecto al pacto entre partes que presentaron en el concurso preventivo de acreedores de Correo Argentino S.A., la empresa del Grupo Macri que se quedó con la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) en 1997, cuya licitación fue anulada por el presidente Néstor Kirchner en 2003 que reestatizó el servicio telepostal nacional. El paso calamitoso del Grupo Macri en el correo privatizado terminó con una quiebra, cuyo expediente encierra el escandaloso acuerdo de quita que impugnó Boquín. SOCMA dejó de pagar el canon dos años después, luego despidió 13.000 empleados y desde entonces comenzó una serie de juicios por daños y perjuicios contra el Estado, originalmente patrocinados por el abogado, amigo del Papa y ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi

El pronunciamiento inicial generó cuatro denuncias penales y un sumario en la Procuración de Investigaciones Administrativas, pero el viernes agregó la existencia del expediente CAF 38.109/2016, caratulada "Correo Argentino contra Estado Nacional s/ daños y perjuicios", que “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor (el Estado) un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”.

Todos los movimientos que sucedieron en ese caso fueron seguidos por Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos de la cartera que conduce Aguad. El letrado trabajó con el embajador Leandro Despouy en la Auditoría General de la Nación, y su rol fue duramente cuestionado por Boquín, que lo sospechó de tráfico de influencias para beneficiar a la familia del Presidente en desmedro del Estado que debía representar.