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Paso a paso, cómo la Casa Rosada empujó a Bertone a un callejón sin salida

La gobernadora negoció dos años con el Gobierno el sostenimiento del régimen especial que se caerá en 2024. La relación con Cabrera, el futuro de la promoción y los proyectos en danza para la isla.

La marcha atrás parcial del Gobierno en la decisión de eliminar los impuestos internos a los productos que no se fabrican en Tierra del Fuego le dio a Rosana Bertone un respiro en lo que, desde hacía una semana, vislumbraba como un camino seguro hacia un estallido social y económico de su provincia. La crisis quedó congelada pero a un costo político alto: implicó el aval a la firma de un convenio entre la cámara de fabricantes de artículos electrónicos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que mantiene los puestos de trabajo pero congela los salarios hasta 2020. Para la gobernadora, fue la manera de ganar un poco más de tiempo en el diálogo que inició a fines de 2015 con la Rosada, con eje en la defensa del régimen de promoción industrial de la isla, y atravesó varios altibajos hasta llegar a la firma de un acuerdo para evitar el abismo.

 

Desde que asumió como gobernadora, Bertone supo que el régimen de promoción industrial de la isla sería la batalla más importante a librar contra la Rosada. En la primera reunión con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, se llevó la certeza de que en el Gobierno nacional había desinterés y, cuanto menos, desconocimiento de la situación fueguina. Durante meses, instruyó a sus ministros y armó reuniones con funcionarios nacionales para explicar el funcionamiento de la industria, área por área, además de la comparación de costos y precios con la zona franca de Manaos, en Brasil.

 

La Rosada planteó, desde un primer momento, la necesidad de que la isla diversificara sus actividades y se reconvirtiera, poniendo como eje principal el turismo. Los funcionarios provinciales intentaron explicar la imposibilidad de convertir, por ejemplo, a operarios industriales enrolados en la UOM en personal hotelero y otras tareas afines, además de marcar la importancia estratégica de un régimen de promoción que data del año 1972. 

 

En febrero de 2017, Tierra del Fuego recibió el primer golpe cuando el Gobierno oficializó la rebaja de los aranceles para importar computadoras, tablets y notebooks. Según reconoció la gobernadora, se perdieron puestos de trabajo, algunos de los cuales se empezaron a recuperar al amparo de la ley de autopartes. Al mismo tiempo, la isla empezó a trabajar en proyectos relacionados con el sector maderero - en particular, con la producción de muebles de lenga -, la cría de salmónidos, la ampliación del puerto de Ushuaia para la llegada de cruceros y la industrialización del gas. "Estamos dispuestos a fabricar otras cosas. Ponemos todos nuestros esfuerzos a disposición, pero todo lleva tiempo”, explicó a Letra P Bertone durante una reunión que mantuvo la semana pasada en el bloque Justicialista.

 

 

Pocos día antes, en su visita al Senado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había dicho que “no es posible que una provincia dependa todo de la misma actividad, que encima concentra pocas empresas”.  Ante la consulta de Letra P, Bertone calificó la expresión como de "un profundo desconocimiento” y explicó que la provincia “viene haciendo un trabajo interesante en diversificación”.

 

Respecto del régimen industrial, que en la isla genera 10 mil puestos de trabajo directos y unos 40 mil indirectos - sobre un total de unos 160 mil habitantes - la gobernadora se puso al frente de las negociaciones para actualizar el decreto 490/03, que establece taxativamente cuáles son los productos cuya fabricación puede acogerse a los beneficios de la ley.

 

Según pudo saber Letra P,  desde hace varios meses, funcionarios de Tierra del Fuego y del Ministerio de Producción que conduce Cabrera trabajan en un borrador de decreto que prevé la sustitución de los productos que figuran en el decreto 490/03 - algunos de los cuales ya quedaron desactualizados - por otros nuevos.

 

Para la provincia, ese trabajo conjunto fue una señal de avance en la comprensión de la importancia del régimen fueguino y una señal de supervivencia. Sin embargo, esa tarea se vio interrumpida de forma sorpresiva con el anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que, en palabras de Bertone, implicaba  la "disolución de la isla" y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

 

Coordinados o no, Cabrera y Dujovne llevaron mensajes contradictorios y Bertone debió salir a apagar el incendio. Furiosa con la Rosada, armó reuniones multisectoriales y obtuvo el apoyo de distintas fuerzas políticas, buscó el amparo del bloque de senadores del PJ en Miguel Ángel Pichetto y consiguió el compromiso del bloque Justicialista en Diputados para defender el régimen. En la reunión de gobernadores, le reprochó la decisión impositiva al Presidente. Se llevó una promesa de "revisión".

 

El resultado obtenido no fue el deseado. El Gobierno resolvió mantener la quita de impuestos a los productos que no se fabrican en la isla, aunque de manera gradual: del 17 por ciento actual pasará al 10,5, en una primera etapa, hasta llegar al 2 por ciento en 2023, año en que vence el régimen de promoción industrial. "Para que tengan tiempo de readecuarse", concedió el Ejecutivo. En ese contexto, al filo del abismo, llegó la firma del acuerdo entre las empresas y metalúrgicos, desventajoso para los trabajadores, que incluye otras maneras de mejorar la competitividad de la isla, como la reducción en el costo de transporte y logística.

 

 

 

Para el gobierno provincial, fue la única salida posible. "Si se aprovecha para mejorar la competitividad, desarrollar la industria de autopartes, que funciona muy bien, y se abren nuevos procesos productivos, es posible salir adelante", dicen en el entorno de Bertone.

 

Desde que asumió, la fueguina fue parte del grupo de gobernadores del peronismo de mejor relación con el Gobierno nacional, lo que le valió el quiebre definitivo con el kirchnerismo. En la isla destacan, en particular, el diálogo fluido con el ministro Rogelio Frigerio y las mesas de negociación que abren las demás carteras, pese a los resultados. En línea con el pedido de la Rosada, aplicó un fuerte recorte al gasto público, congeló la planta permanente de empleados - a excepción de los médicos - y cambió el régimen jubilatorio, lo que provocó una crisis política, la toma de la Casa de Gobierno, protestas, acampes y paros de estatales. "Este año hubo clases normalmente, la gente cobra sueldo y aguinaldo en fecha", asegura un funcionario provincial.  Con la paz social garantizada, al menos por los próximos meses, ahora Bertone espera que Macri acepte salvar el régimen de promoción industrial con un nuevo decreto.

 

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