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Por su parte, la defensa recusó al fiscal Marcelo Romero por declaraciones periodísticas. Define el juez de Garantías, en un marco donde los plazos ya están en curso.
Por 13/11/2017 06:24 PM

Luis Federico Arias, el juez contencioso administrativo platense suspendido hace una semana por el Senado bonaerense, deberá presentarse a declarar como imputado en el marco de una causa penal en la que recusó al fiscal Marcelo Romero, al señalarlo de parcial en base a declaraciones periodísticas que dio a una radio de Mar del Plata.

A Arias lo apuntan por un presunto mal desempeño en sus funciones y por su actuación en la causa que investiga el número de muertos causados por la inundación del año 2013 en la capital de la provincia. El magistrado asegura que se trata de una embestida del gobierno en su contra, producto de una serie de fallos adversos para Cambiemos -tarifas y docentes.

El fiscal Romero fijó fecha de indagatoria (procesamiento) para el próximo 28 de noviembre a las 9, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió Letra P. Es por la investigación que en su momento ordenó la entonces procuradora general, María del Carmen Falbo, para que se indagara sobre la conducta del juez Arias en relación a presuntas órdenes emanadas al fiscal Jorge Paolini, para que dejara de investigar la cantidad de víctimas fatales registradas en la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

Según el escrito inicial de la denuncia, en junio de 2013, Arias le exigió al fiscal Paolini que no oficializara datos vinculados con las consecuencias del temporal. Fue mediante una resolución oficial que notificó al funcionario.

Para el fiscal Romero, Arias incurrió en los delitos de “abuso de autoridad en dos hechos concursados realmente y determinación a cometer un delito de abuso de autoridad en los términos establecidos en los artículos 45, 55 y 248 del Código Penal”.

 

 

CONTRAGOLPE. Por su parte, la defensa de Arias, a cargo del letrado Marcelo Ponce Núñez, recusó al fiscal Romero por entender que el magistrado "sólo se requirió la abstención en la materia litigiosa propia del fuero contencioso administrativo, referida a la cantidad de víctimas del temporal", según detallaron fuentes judiciales a este medio.

A mediados de junio de 2013, existían dos causas paralelas para determinar la cantidad de víctimas mortales del temporal. Una estaba en el fuero penal bajo la conducción del fiscal Paolini y el control del juez de Garantías Guillermo Atencio. La otra estaba bajo la órbita de Arias. En las dos se requerían elementos comunes de prueba.

Tras la suspensión del juez Arias, el fiscal Romero dio una entrevista radial a la FM 99.9 de Mar del Plata en la que sostuvo que "está probado" que el magistrado acusado "le ordenó al fiscal Paolini que se abstenga de cumplir con su función".

La defensa de Arias se abrazó a esa declaración para recusar a Romero por entender que "implican simultáneamente la manifestación de animadversión para con esta parte, una tergiversación de los hechos de la causa cuando da por probado hechos que no son tales y el juzgamiento de hechos más allá de su rol como agente fiscal".

Además, sostuvo que esas declaraciones "afectan" la "independencia" del fiscal y su "imparcialidad" que "atentan contra los principios de legalidad".

 

Fiscal platense Marcelo Romero.

 

Sin embargo, de una lectura rápida del Código Procesal Penal, no se detalla que una declaración periodística, por sí o por su contenido, sea una causa para recusar a un fiscal. Cabe recordar que el fiscal es parte del proceso, no juzga. Acusa. O solicita el sobreseimiento, según las pruebas del expediente.

Una lectura posible de la recusación apunta a una estrategia de la defensa para que corra el plazo de suspensión y llegar al juicio político sin el procesamiento firme. El planteo de recusación debe ser resuelto por el juez de Garantías del caso. Luego, cualquiera de las partes puede ir en queja a la Cámara de Apelaciones y Garantías y, llegado el caso, las instancias de Casación y hasta la Suprema Corte, pero eso se verá con el devenir del expediente.

JUICIO POLÍTICO EN MARCHA. El pasado 2 de noviembre, el juez Arias fue suspendido por unanimidad en el Jury de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Además, se le embargó el 40% de su sueldo en dos causas que contenían 21 cargos contra su persona.

Arias atribuyó esas acusaciones a "una embestida del gobierno" en su contra "por fallos que no fueron de su agrado" sobre incrementos de tarifas, el conflicto docente y el rechazo a descuentos a trabajadores estatales, entre otros.

"Hay una razón política y no jurídica detrás de esto. De hecho, mi actuación en la inundación de La Plata ya fue motivo de otro jury y el jurado descartó todo tipo de irregularidad", aseveró.

 

El apoyo al juez Arias, el día de la suspensión.

 

El jurado estuvo compuesto por cinco legisladores, cinco abogados de la matrícula y la presidenta de la Corte Suprema bonaerense, Hilda Kogan.

Arias sostuvo que el juzgado que encabeza "está entre los mejores rankeados de La Plata” y que falla "siempre con los mismos criterios, en el gobierno que sea, porque el fuero contencioso administrativo está para corregir los desvíos del Ejecutivo" en materia de legalidad.

Tras la suspensión del magistrado, hubo satisfacción en el gobierno provincial, ya que quitó del camino a un juez incómodo para la gestión Cambiemos. Pero desde el gobierno de María Eugenia Vidal fue considerado un avance en la "oxigenación" del Poder Judicial bonaerense, junto a las salidas del ex juez César Melazo, el ex fiscal Fernando Cartasegna, el ex fiscal general de San isidro, Julio Novo, y de la figurita difícil: María del Carmen Falbo.

El suspendido juez Arias tiene fecha de indagatoria

Por su parte, la defensa recusó al fiscal Marcelo Romero por declaraciones periodísticas. Define el juez de Garantías, en un marco donde los plazos ya están en curso.

Luis Federico Arias, el juez contencioso administrativo platense suspendido hace una semana por el Senado bonaerense, deberá presentarse a declarar como imputado en el marco de una causa penal en la que recusó al fiscal Marcelo Romero, al señalarlo de parcial en base a declaraciones periodísticas que dio a una radio de Mar del Plata.

A Arias lo apuntan por un presunto mal desempeño en sus funciones y por su actuación en la causa que investiga el número de muertos causados por la inundación del año 2013 en la capital de la provincia. El magistrado asegura que se trata de una embestida del gobierno en su contra, producto de una serie de fallos adversos para Cambiemos -tarifas y docentes.

El fiscal Romero fijó fecha de indagatoria (procesamiento) para el próximo 28 de noviembre a las 9, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió Letra P. Es por la investigación que en su momento ordenó la entonces procuradora general, María del Carmen Falbo, para que se indagara sobre la conducta del juez Arias en relación a presuntas órdenes emanadas al fiscal Jorge Paolini, para que dejara de investigar la cantidad de víctimas fatales registradas en la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

Según el escrito inicial de la denuncia, en junio de 2013, Arias le exigió al fiscal Paolini que no oficializara datos vinculados con las consecuencias del temporal. Fue mediante una resolución oficial que notificó al funcionario.

Para el fiscal Romero, Arias incurrió en los delitos de “abuso de autoridad en dos hechos concursados realmente y determinación a cometer un delito de abuso de autoridad en los términos establecidos en los artículos 45, 55 y 248 del Código Penal”.

 

 

CONTRAGOLPE. Por su parte, la defensa de Arias, a cargo del letrado Marcelo Ponce Núñez, recusó al fiscal Romero por entender que el magistrado "sólo se requirió la abstención en la materia litigiosa propia del fuero contencioso administrativo, referida a la cantidad de víctimas del temporal", según detallaron fuentes judiciales a este medio.

A mediados de junio de 2013, existían dos causas paralelas para determinar la cantidad de víctimas mortales del temporal. Una estaba en el fuero penal bajo la conducción del fiscal Paolini y el control del juez de Garantías Guillermo Atencio. La otra estaba bajo la órbita de Arias. En las dos se requerían elementos comunes de prueba.

Tras la suspensión del juez Arias, el fiscal Romero dio una entrevista radial a la FM 99.9 de Mar del Plata en la que sostuvo que "está probado" que el magistrado acusado "le ordenó al fiscal Paolini que se abstenga de cumplir con su función".

La defensa de Arias se abrazó a esa declaración para recusar a Romero por entender que "implican simultáneamente la manifestación de animadversión para con esta parte, una tergiversación de los hechos de la causa cuando da por probado hechos que no son tales y el juzgamiento de hechos más allá de su rol como agente fiscal".

Además, sostuvo que esas declaraciones "afectan" la "independencia" del fiscal y su "imparcialidad" que "atentan contra los principios de legalidad".

 

Fiscal platense Marcelo Romero.

 

Sin embargo, de una lectura rápida del Código Procesal Penal, no se detalla que una declaración periodística, por sí o por su contenido, sea una causa para recusar a un fiscal. Cabe recordar que el fiscal es parte del proceso, no juzga. Acusa. O solicita el sobreseimiento, según las pruebas del expediente.

Una lectura posible de la recusación apunta a una estrategia de la defensa para que corra el plazo de suspensión y llegar al juicio político sin el procesamiento firme. El planteo de recusación debe ser resuelto por el juez de Garantías del caso. Luego, cualquiera de las partes puede ir en queja a la Cámara de Apelaciones y Garantías y, llegado el caso, las instancias de Casación y hasta la Suprema Corte, pero eso se verá con el devenir del expediente.

JUICIO POLÍTICO EN MARCHA. El pasado 2 de noviembre, el juez Arias fue suspendido por unanimidad en el Jury de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Además, se le embargó el 40% de su sueldo en dos causas que contenían 21 cargos contra su persona.

Arias atribuyó esas acusaciones a "una embestida del gobierno" en su contra "por fallos que no fueron de su agrado" sobre incrementos de tarifas, el conflicto docente y el rechazo a descuentos a trabajadores estatales, entre otros.

"Hay una razón política y no jurídica detrás de esto. De hecho, mi actuación en la inundación de La Plata ya fue motivo de otro jury y el jurado descartó todo tipo de irregularidad", aseveró.

 

El apoyo al juez Arias, el día de la suspensión.

 

El jurado estuvo compuesto por cinco legisladores, cinco abogados de la matrícula y la presidenta de la Corte Suprema bonaerense, Hilda Kogan.

Arias sostuvo que el juzgado que encabeza "está entre los mejores rankeados de La Plata” y que falla "siempre con los mismos criterios, en el gobierno que sea, porque el fuero contencioso administrativo está para corregir los desvíos del Ejecutivo" en materia de legalidad.

Tras la suspensión del magistrado, hubo satisfacción en el gobierno provincial, ya que quitó del camino a un juez incómodo para la gestión Cambiemos. Pero desde el gobierno de María Eugenia Vidal fue considerado un avance en la "oxigenación" del Poder Judicial bonaerense, junto a las salidas del ex juez César Melazo, el ex fiscal Fernando Cartasegna, el ex fiscal general de San isidro, Julio Novo, y de la figurita difícil: María del Carmen Falbo.