La entrevista del domingo. Julio Conte Grand

“La doctora Falbo nunca me volvió a hablar”

El Procurador de la Corte Bonaerense habla por primera vez sobre su antecesora, una mujer vinculada al peronismo. Afirma que avanzaría en causas contra Vidal y plantea reformas a la policía judicial.

“Yo no usaría el término de pesada herencia, sino que hablaría de una diferencia sustancial de método”, afirma Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, cuando Letra P inicia la entrevista y lo consulta sobre su antecesora, María del Carmen Falbo, una figura históricamente vinculada a los gobiernos peronistas que durante 27 años gobernaron la provincia. El jefe de fiscales y defensores elige con cautela las palabras y aclara: “Yo no voy a hacer ninguna crítica a lo que ha sido su tarea”.

 

La ex Procuradora estuvo doce años al frente del Ministerio Público y abandonó el cargo cuando el peronismo fue desbancado del poder por Cambiemos y María Eugenia Vidal asumió la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. El proceso no fue sencillo, ya que Falbo resistió esa mudanza y terminó acordando la jubilación y su pase como asesora al Ministerio de Justicia de la Nación, ya que sostiene una buena relación con el titular de esa cartera, Germán Garavano. 

 

BIO. Nació en Buenos Aires, pero vivió su infancia y adolescencia en San Juan. Volvió para estudiar Derecho en la UBA y se instaló definitivamente. Trabajó para el Gobierno porteño durante la intendencia de Carlos Grosso (1989-1992). Fue asesor del Ministerio de Educación durante la gestión de Eduardo Salonia (1992), Procurador de la Ciudad de Buenos Aires (2012), miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense en representación del Poder Ejecutivo (2016), secretario Legal y Técnico del gobierno de María Eugenia Vidal (2016) y, finalmente, designado Procurador General de la Suprema Corte bonaerense (diciembre 2016).

 

 

-Usted prefiere evitar una crítica a la figura de Falbo, pero seguramente puede definir su paso por la Procuración.

 

-Mi sensación es que la doctora Falbo tenía su estilo particular. Tantos años de gestión van consolidando mecanismos de funcionamiento. Como dije, no voy a criticar su tarea, pero sí marco una diferencia muy grande de método, de estilo, de objetivos de gestión y de definición de política criminal.

 

-Ella tenía una relación muy cercana con el ministro de Justicia, Germán Garavano. De hecho, se incorporó a su equipo.

 

-Sí, actualmente es asesora del ministro de Justicia de la Nación.

 

-¿Cómo observa esa situación?

 

-Garavano fue alumno mío y somos amigos. Coexistimos en la Ciudad, cuando yo era Procurador General y él Fiscal General. Sobre este caso él no me pregunta, ni me consulta. Y yo no cuestiono sus decisiones.

 

-¿Usted sabía que Falbo iría como asesora?

 

-Sí, él me lo comentó.

 

 

 

-¿Cómo se lo dijo?

 

-Me comentó que si la doctora Falbo dejaba el cargo le interesaba tenerla como asesora, porque consideraba que tenía mucha experiencia en materia de capacitación. Ellos compartieron el Consejo Federal de Procuradores durante cinco años, cuando Garavano era el Fiscal General de la Ciudad. De manera que tuvieron un trato bastante asiduo. Así que sí, me habló del tema. Después, en este tiempo, he estado en varias reuniones donde estaba la doctora Falbo.

 

-¿Y cómo es el trato?

 

-Ella se sienta siempre al lado mío.

 

-¿Y charlan?

 

-Nada, ni palabra. Nunca me preguntó nada, nunca me volvió a hablar.

 

 

 

-Ella no quería dejar la Procuración. Resistió un tiempo y después negoció su jubilación.

 

-Nadie se quiere ir de un cargo, salvo que tenga una estabilidad emocional muy fuerte y mucha lucidez. Yo, personalmente, espero estar iluminado si hay una modificación sustancial en la disposición política del poder Legislativo y el Ejecutivo e, incluso, modificaciones en el Poder Judicial respecto al cual yo sea absolutamente incompatible.

 

-Y respecto a la gestión, ¿ha encontrado dificultades, diferencias?

 

-Tal vez la mayor dificultad que encontré fue observar en los departamentos judiciales formas de gestión autónoma, una independencia que terminó atomizándolos, estilos muy dispersos.

 

-Usted habla de una cierta independencia en los departamentos judiciales. ¿Eso estaba relacionado con una línea política? ¿Existía una suerte de "falbismo"?

 

-Yo no lo percibo, no me he encontrado con obstáculos. Es evidente que, después de tanto tiempo, el proceso de incorporación de personal al sistema pueda tener que ver con mecanismos vinculados a la política. Pero eso no está pasando ahora, porque el estilo que yo estoy queriendo darle es muy profesional. Siempre que hay un cambio hay una modificación del estilo de conducción. Y esa modificación implica una transformación cultural.

 

"No me ha tocado hasta ahora (investigar a la gobernadora Vidal). Pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y ella lo sabe perfectamente."

 

-En esos modos diferentes de los que habla, ¿han habido casos de corrupción?

 

-Hemos detectado infinidad de casos y, en paralelo, fuimos tomando decisiones en distintas áreas. Fundamentalmente, con la creación de una Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento. Nosotros activamos los procedimientos de sumarios y enjuiciamientos y fuimos trabajando en situaciones internas. Algunas conocidas, como el caso de La Plata, con el fiscal Fernando Cartasegna  donde encontramos situaciones que son contrarias al perfil de fiscal o defensor que propiciamos.

 

-Usted llega a la Procuración luego de ocupar un cargo en el gabinete de Vidal. ¿Eso no le quita autonomía política? ¿Investigaría a Vidal si se presume alguna irregularidad?

 

-Por supuesto. Y lo voy a hacer y ella sabe que lo voy a hacer, de manera inclemente. Mi tarea en el gabinete no era tan distinta. Como secretario Legal y Técnico, mi función era advertirle qué había que hacer para dar cumplimiento a la legalidad. Nosotros hicimos de eso un culto. En muchos casos la tarea era compleja. Yo tenía rango de ministro, así que participaba de las reuniones de gabinete. Ahí, todo lo que tenía que ver con las cuestiones de naturaleza jurídica, la voz definitiva era la mía  y esa fue una tarea compleja. Muchas veces le he tenido que explicar por dónde había que caminar y a veces le he tenido que decir que no a una decisión política.

 

-¿Y desde la Procuración?

 

-Acá es lo mismo, con la diferencia de que yo no debo decir que no, porque la decisión ya se tomó. Lo que hago es investigar. No me ha tocado hasta ahora, pero si lo tengo que hacer lo voy a hacer. Y ella (Vidal) lo sabe perfectamente.

 

 

 

-Existen más de 500 vacantes en el Poder Judicial provincial. ¿Qué pasa con esas designaciones?

 

-Sí, tenemos muchos cargos aprobados por ley en el Ministerio Público que no han sido cubiertos.

 

-¿Como lo están manejando?

 

-En febrero constituí una comisión, presidida por Javier Bernasconi, que ha mantenido reuniones con integrantes de todos los departamentos judiciales para ir definiendo la planta ideal, en función del caudal de trabajo. A partir de ahí, hemos agilizado en los últimos meses las designaciones y hemos definido la redistribución de funciones, porque lo que vemos es que a veces falta personal y a veces está mal asignado.

 

-¿Cuántas vacantes hay pendientes en el Ministerio Público?

 

-No hemos definido la cantidad de vacantes, lo que tenemos claro es que le requerimos a quien eleva un pedido de designación que cumpla con ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que acreditar que hay una vacante; en segundo lugar, tiene que acreditar que existe partida presupuestaria. No necesariamente una cosa lleva a la otra. A veces la vacante está aprobada por ley pero no se ratifica la partida. Y luego tienen que acreditar los antecedentes de la persona. El cuarto requisito es la necesidad de ese cargo.

 

-Pero en ese proceso de readecuación del que habla, ¿se observa faltante de personal?

 

-Sí. No sé si mucho, pero hace falta cubrir cargos y reasignar funciones.

 

-¿Se van a incorporar al Presupuesto 2018?

 

-Ya está en el Presupuesto. Lo que pasa es que el Presupuesto tiene un camino que es de goteo, que va perdiendo en el tiempo. Nosotros hacemos un presupuesto en base a nuestro objetivo de gestión. Ese presupuesto pasa a la Corte, la Corte lo recorta; pasa al Ministerio de Economía, que también lo recorta; pasa a la Legislatura, lo recortan otra vez, porque la sensación histórica es que las distintas áreas de gestión sobredimensionan los presupuestos, entonces hay un recorte casi automático. Yo aspiro a que en los próximos años podamos convencer de que nuestro presupuesto es profesional y serio. Y que, por lo tanto, no amerita recorte.

 

-Bueno, usted fue compañero de gabinete del ministro de Economía, Hernán Lacunza. Solo tendría que hablar con él.

 

-Sí, nos conocemos bien, pero es más malo con los que conoce que con los que no conoce (ríe).

 

 

 

-¿Qué va a pasar con la policía judicial, que hasta le fecha tiene ley pero no está conformada?

 

-Yo aspiro a que la Legislatura pueda tratar un nuevo proyecto de ley de policía judicial, que sea un cuerpo de profesionales, con mayor autonomía, más perfilado a detectives serios y con alta tecnología, sin ninguna influencia de la gestión, que puedan asumir la tarea de investigación y que lo puedan utilizar tanto fiscales como defensores, lo que es una gran novedad.

 

-¿Eso sería un cambio respecto a la ley actual?

 

-Sí, porque ahora sólo puede utilizarla los fiscales. Y por la forma en que está plasmada, no viene en realidad a sustituir a las fuerzas policiales en la primera etapa de la investigación. En el sistema acusatorio, los fiscales deben asumir la responsabilidad de la tarea de investigación, porque si no nosotros llegamos a una investigación, que ya tiene formateado la base de inicio, y después torcerla es muy complicado.

 

-¿Y cuál es su plan?

 

-Quiero que la policía judicial sea la que primero se constituya en la escena del crimen, que en un delito contra la administración pública no es una escena propiamente, sino que está dada por las distintas actividades que el funcionario ha realizado contra la administración pública. Si esa tarea no la realizan personas que tienen experiencia, capacidad profesional para entender para dónde debe ir la investigación, cuando llegan los fiscales o defensores la cuestión ya está muy encorsetada.

 

"Yo aspiro a que la Legislatura pueda tratar un nuevo proyecto de ley de policía judicial."

-¿Y sería para todo tipo de delito o para algunos específicos?

 

-En principio, para lo que sea de necesidad de fiscales y defensores.

 

-¿Cuándo enviará ese proyecto a la Legislatura?

 

-Antes de fin de año, ahora lo estamos trabajando.

 

-Mientras, la policía judicial sigue demorada.

 

-Sí, está en stand by.

 

-Las cifras del delito que usted dio a conocer semanas atrás hablan de un aumento de los robos de 2015 a 2016. ¿A qué se debe?

 

-Hay distintas teorías. Una es que se puede haber producido una migración de delito y que posiblemente siga creciendo, en la medida de que los delincuentes pueden tener mayor necesidad de acceder a recursos económicos. Otras teorías dicen que, en la medida que se vaya reduciendo la existencia de estupefacientes en el mercado, va a haber un aumento del costo. Entonces se va a necesitar más plata para comprarlos y que, por lo tanto, va a haber más robos.

 

-¿Y usted qué piensa?

 

-Los especialistas en criminalidad van elaborando teorías, yo prefiero moverme por los números. Ir trabajando mucho en el perfeccionamiento de las estadísticas, tener una dinámica más cercana. Yo no puedo diseñar una política criminal con los números de 2015. No sacaría una conclusión lineal entre el incremento de los robos, porque de hecho se redujeron los homicidios con armas o,  por ejemplo, aumentaron las denuncias por violencia de género pero bajaron los femicidios. Hay que tener también cuidado en este sentido.

 

 

 

-¿Y cuándo tendría un sistema confiable de estadísticas?

 

-Confío mucho en 2018, creo que el año próximo va a ser un año muy bueno porque ya vamos a tener cierta estabilidad de gestión, los informes más reales. Además, edité una resolución recordando y exigiendo la obligatoriedad de la carga, estableciendo mecanismos de premios y castigos por la carga, además de capacitación. Y, en cuarto lugar, ordené una auditoría. Si esto funciona bien vamos a arrancar un 2018 con un sistema ya consolidado, donde va a haber un compromiso muy grande con la carga y una exigencia muy grande desde la Procuración.

 

-¿Tiene en agenda la posibilidad de alguna reforma penal?

 

-Yo, en principio, no me quejo de lo que hay. Creo que con este Código Procesal y este Código Penal se puede trabajar. Hay una comisión que está trabajando a nivel nacional con la reforma del Código Procesal Penal y hay un solo representante federal, que es el Procurador de Salta, con el que todos los demás tenemos contacto directo porque nos va informando. En la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Justicia convocó a una comisión para la reforma del Código Procesal Penal y ahora me llegó una invitación para integrar la mesa de reforma del Código Procesal Civil. De hecho, nosotros hemos creado el cuerpo de Abogados de las Víctimas y a diferencia de lo que sucede a nivel nacional que lo incorporaron dentro del ámbito de la defensa, nosotros lo incorporamos en el ámbito de la fiscalía, y va muy bien, y la reforma de los códigos procesales va a avanzar y va a ir muy bien también.

 

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