Ensayo y error

Nueva marcha atrás de Vidal: derogó un decreto cuestionado por portuarios

El polémico texto había disparado medidas de fuerza de personal del sector, quienes focalizaban en la intención del Gobierno de privatizar los puertos.

El 7 de junio pasado, el gobierno de María Eugenia Vidal publicó el decreto 511/16 mediante el cual se realizaban modificaciones a una norma de 1992 referida a la reglamentación de los puertos de la provincia. Entre los puntos salientes de estas reformas, el sector pasaba a ser orbitado por el Ministerio de Producción, a cargo de Jorge Elustondo, a la vez que señalaba que “las Unidades Portuarias serán otorgadas en concesión al sector privado”. Esto último disparó un fuerte malestar en los trabajadores portuarios, quienes realizaron medidas de fuerza al acusar la intentona del Ejecutivo de privatizar el sector. Bajo este escenario, la mandataria decidió dar una nueva marcha atrás en sus decisiones (tras suprimir las penas de prisión a periodistas que publiquen declaraciones juradas de funcionarios) y derogó el polémico decreto.

 

Con la firma de Vidal y del ministro de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, el decreto 663 publicado este lunes en el Boletín Oficial, deroga por completo el decreto 511/16 considerando “que deviene necesario redefinir y precisar algunos aspectos de la referida reglamentación”.

 

LA POLÉMICA. Cabe recordar que, en su artículo 9, el decreto derogado contemplaba que “el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología dictará las resoluciones que resulten necesarias para posibilitar una adecuada administración y explotación de Unidades y Delegaciones Portuarias”, mientras que, en el artículo 6 recalcaba: “Las Unidades Portuarias serán otorgadas en concesión al sector privado. A dichos fines el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología fijará las modalidades y procedimientos para su otorgamiento de conformidad a la normativa vigente en la materia y los respectivos planes reguladores”.

 

Esto encendió la mecha de la discordia en algunos gremios que nuclean a los trabajadores del sector. El Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) denunció un intento de privatización de los puertos bonaerenses, razón por la cual había determinado un paro de los empleados de la Subsecretaría de Puertos de la provincia.

 

Mediante un comunicado el SUTAP exigieron “derogar este decreto y la convocatoria a una mesa de diálogo”. "Quieren privatizar los puertos", denunció a su vez a Letra P el secretario gremial de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), Alberto Mayo.

 

No obstante, voceros del Ministerio de Producción consignaron a este portal que la única novedad fue aclarar que actualizaron un artículo de un decreto de hace 24 años, cuando la Subsecretaría de Puertos ni existía. La disposición "dice lo mismo que en 1992, solo que ahora es Producción el organismo madre y no Infraestructura, como en aquel entonces".

 

Con respecto al punto en cuestión de las "privatizaciones", desde Producción indicaron a este portal que se trata de un malentendido. "Proviene de una muy mala lectura de un artículo. El decreto es muy sencillo, tiene tres artículos nada más. Corrige el artículo 16 del anterior decreto del año 1992, donde lo único que cambia es el nombre del organismo, porque en el año 92 no existía la Subsecretaría de Puertos; era una dirección que dependía de Infraestructura. Ahora que existe la Subsecretaría y está el Ministerio de Producción como organismo madre, hay que cambiar el nombre".

 

En medio de la medida de fuerza tomada por los trabajadores del sector, el Gobierno bonaerense remarcó que "las 'unidades portuarias' no son los puertos, sino los lotes que tienen los puertos adentro, y todas están otorgadas en concesión, no en propiedad. Se les da una concesión por equis cantidad de años. Entonces, el viejo decreto decía que las unidades portuarias -o sea, esos lotes- serán otorgados en concesión al sector privado. El decreto nuevo dice exactamente lo mismo; lo que cambia es que ahora es el ministerio de Producción el que fijará las modalidades y procedimientos para su otorgamiento, y no Infraestructura, como en 1992. Está copiado textual del decreto original".

 

Más allá de esto, finalmente, y tras un encuentro entre ambas partes, el Ejecutivo bonaerense cedió al reclamo gremial y decidió derogar la medida con el decreto publicado este lunes. 

 

Juan Manuel Llamosas y Adriana Nazario, en tensión por la elección de Río Cuarto.
Eduardo Bittar, candidato a presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

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