Justicia PRO. ENFOQUE

El estigma del pecado original

Los juristas Rosatti y Rosenkrantz buscan ahora legalidad y legitimidad en el Senado, pero habían aceptado llegar a la Corte caminando por encima de la Constitución que los supremos deben custodiar.

Según el relato bíblico, cuando mordieron la manzana que les ofreció la serpiente, Adán y Eva perdieron para siempre la inocencia y se condenaron a sí mismos –y a su descendencia, que iba a ser la Humanidad- a vivir hasta el final de los tiempos en la impureza. Miles de años después, en el 2015 de la era cristiana, cuando aceptaron ser designados por decreto como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti también hincaron sus dientes en la fruta jugosa de la tentación.

 

Afortunadamente, a diferencia de las religiones, ni la política ni la Justicia argentinas aplican condenas eternas. Pero ya no alcanza con que el presidente Mauricio Macri haya tirado por el balcón histórico de la Casa Rosada el decreto que dictó el 15 de diciembre pasado (el 83/2015), cinco días después de asumir su cargo, para cubrir las vacantes que abrieron en el máximo tribunal las renuncias de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. Y no alcanzaría tampoco el acuerdo del Senado, en la eventualidad de que la todopoderosa y agrietada bancada peronista de la Cámara alta, donde se escuchan ruidos de aceros, accediera a bendecirlos en el final del debate que comenzó este jueves con la aprobación del ingreso de los pliegos. Porque el pecado original astilló la autoridad ética y la probidad de Rosenkrantz y Rosatti para cumplir la tarea que el ordenamiento jurídico nacional les asigna a los supremos: ejercer el control de constitucionalidad de las normas emanadas de los otros poderes.

 

Los asesores legales de Macri recostaron el decreto presidencial que dispuso las designaciones “en comisión” en el inciso 19 del artículo 99 de la Carta Magna, que indica que el jefe del Poder Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

 

Para el iletrado, ese texto cubre las espaldas de Macri. Pero el inciso 4 de ese mismo artículo establece que el Presidente “nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

 

Juristas de aquí y del exterior, de la oposición y hasta de fuerzas aliadas del Presidente, de la academia y de la política, le saltaron a la yugular al jefe del Estado y describieron la jugada –de una audacia jurídica y política nunca vista en toda la historia democrática nacional- como un engendro nacido de una interpretación forzada, casi maliciosa del texto constitucional.

 

El constitucionalista liberal anti K filo macrista Daniel Sabsay explicó: “Cuando el inciso 19 del artículo 99 habla de la facultad del Presidente de designar durante el receso del Senado empleos que requieren acuerdos de ese cuerpo se refiere a aquellos funcionarios que están dentro del Ejecutivo. Me refiero a embajadores, ministros plenipotenciarios y altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca jamás la cabeza de otro poder, ni siquiera jueces".

 

Más: advirtió que Macri estaba “sentando un precedente nefasto para las instituciones”, calificó el procedimiento como  “de terror”, admitió que “ni a Cristina se le ocurrió algo así” y hasta aprovechó los micrófonos para hacer catarsis: “Voté a un presidente que salió con un horror así, estoy muy triste”, confesó.

 

Tal fue el shock de estupor que causó la decisión presidencial que el mismo 15 de diciembre el diario La Nación, esmerado aliado del nuevo gobierno, reunió en una nota las descalificaciones de renombrados juristas antikirchneristas. En ese artículo, además de Sabsay, descargaba sin filtro político sus cuestionamientos el jurista Andrés Gil Domínguez, que hacía una advertencia central para este análisis: “Vamos a tener jueces de la Corte sin legitimidad”.

 

La ráfaga de críticas que recibió, fundamentalmente apuntando al doble estándar que suponía la convivencia del discurso liberal republicanista que lo había aupado hasta su despacho del primer piso de la Casa Rosada con medidas tachadas unánimemente de inconstitucionales, convenció al Presidente de que no tenía otra salida que el retroceso. Primero aplazó la asunción de los jueces designados y después, directamente, cajoneó su decreto y exhumó el que dictó Néstor Kirchner en 2003. Y puso en marcha los procesos de consulta y participación ciudadana que establece esa disposición. La semana pasada, finalmente, envió los pliegos de sus candidatos al Senado y convocó a sesiones extraordinarios en esa cámara para habilitar el debate.

 

En resumen, Macri terminó haciendo todos los deberes, pero eso no borra el pecado original de Rosenkrantz y Rosatti, que habían aceptado el exabrupto institucional y se disponían a entrar a la Corte por la ventana, caminándole por encima a la Constitución que deberían custodiar si consiguieran el trabajo.

 

Esa debilidad ética originaria de los postulantes habilita la duda: ya en el ejercicio de sus funciones, ¿Rosenkrantz y Rosatti podrían volver a considerar, en alguna coyuntura determinada, que la Constitución no es tan importante como para observarla y hacerla observar con el celo y el rigor que se les encarga a los más altos magistrados de la Nación?

 

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