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Lo hizo el juez Ercolini, esposo de la vocera del ministro de Justicia. También le trabó embargo por 10.000 millones de pesos. La resolución alcanzó a Julio De Vido, a José López y a Lázaro Báez
Redacción 27/12/2016 02:15 PM

El juez federal Julián Ercolini procesó sin prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita en la causa sobre direccionamiento de la obra pública. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos.

Fuentes judiciales informaron que la resolución del magistrado -esposo de la vocera del ministro de Justicia, Germán Garavano- alcanzó también al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido y a los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA.

Ercolini acusa a la ex presidenta de haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".

En tanto, a De Vido le imputa haber adoptado “decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo".

 

 

Obra pública K: procesan a Cristina por presunta asociación ilícita

Lo hizo el juez Ercolini, esposo de la vocera del ministro de Justicia. También le trabó embargo por 10.000 millones de pesos. La resolución alcanzó a Julio De Vido, a José López y a Lázaro Báez

El juez federal Julián Ercolini procesó sin prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita en la causa sobre direccionamiento de la obra pública. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos.

Fuentes judiciales informaron que la resolución del magistrado -esposo de la vocera del ministro de Justicia, Germán Garavano- alcanzó también al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido y a los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA.

Ercolini acusa a la ex presidenta de haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".

En tanto, a De Vido le imputa haber adoptado “decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo".