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Un grupo de magistrados “copó” una sesión del organismo que preside Pagani en reclamo de mayor presupuesto para el Poder Judicial. La “amenaza” que no fue y la “contención” de Olmos en la Legislatura.
Por 16/12/2016 02:52 PM

Las esquirlas del frustrado traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se cayó definitivamente por decisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ante la furia y resistencia de los jueces y la Asociación de Magistrados, llovieron sobre una tensa reunión de plenario del Consejo de la Magistratura porteña en la que un grupo de magistrados “copó” el salón de sesiones y exigió reactivar la discusión por el presupuesto y la equiparación salarial, que lograron posponer el proceso de firma de convenio que el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se habían comprometido a encabezar el miércoles 30 de noviembre.

El miércoles en la Magistratura porteña, que preside Enzo Pagani, los consejeros se encontraron para realizar el plenario semanal. Avanzaron con los temas menores hasta que Marcelo Vázquez, uno de los integrantes del estamento de los jueces, tomó la palabra para pedir el tratamiento de tres iniciativas. A esa altura de la reunión, jueces porteños y dirigentes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA) rodeaban la larga mesa en la que estaban ubicados los nueve consejeros y el administrador del organismo, AlejandroEl RusoRabinovich. El magistrado reclamó aumentar un ocho por ciento el salario de todo el Poder Judicial local (que logra acercar a la búsqueda de equiparar los salarios con los de sus pares nacionales, modificar el método técnico por el cual se calculan los adicionales y un proyecto para que, a la hora de promover un jury de enjuiciamiento, se necesiten los votos de seis consejeros (ahora se precisan cinco) y al menos uno por estamento.

Ninguna de esas iniciativas prosperó: al tiempo que fueron rechazadas, el clima se tensó y se escucharon los murmullos de los jueces y dirigentes de asociaciones de magistrados presentes. Ingresaron, escucharon, bufaron, pero la negación al reclamo salarial no alcanzó para que los magistrados pierdan la compostura.

Sin embargo, la calma duró poco. Veinticuatro horas después, un grupo de jueces de primera y segunda instancia se agolpó en el Salón Eva Péron de la Legislatura porteña para presenciar la jura del flamante consejero Javier Roncero. Los enojos se escuchaban desde la puerta del Hipólito Yrigoyen, justo, por esas casualidades de la política porteña, el lugar que eligió el ex titular de la Magistratura Juan Manuel Olmos para ingresar al edificio. Fiel a su estilo, el peronista captó la efervescencia de los funcionarios y se acercó a dialogar: en menos de un minuto, se enteró de que ese grupo de jueces estudiaba publicar una solicitada en el diario Clarín para blanquear sus enojos por la “desatención” del Gobierno porteño y el PRO en torno al bono de fin de año, el traspaso y la cuestión salarial. Es decir, un combo de furia que venían arrastrando hace tiempo y eso que, gracias a una reunión que Pagani gestionó meses atrás, se lo pudieron decir en la cara a Rodríguez Larreta que, sin titubear, les aseguró: “El día en que se efectivice el traspaso, los sueldos van a estar equiparados”.

“Esto no da para más”, se quejaban los magistrados ante Olmos. El nombramiento de Roncero había finalizado, los jueces siguieron la charla en el pasillo que conecta el salón Eva Perón y el hall de salida hasta que un hombre de seguridad del Parlamento los interrumpió y les pidió que se retirasen. El ex diputado del PJ le aseguró que se estaban por retirar. A la segunda vez que se acercó, el empleado legislativo lanzó: “Para estar acá tienen que tener permiso del presidente (de la Legislatura)”. Enojado, Olmos retrucó: “No hay ningún problema, vamos a pedir permiso”. Acto seguido, el peronista, que conoce el edificio como pocos, se fue al recinto de sesiones y volvió con otro empleado del deliberativo que no podía creer el paso de comedia que se sucedió y le dijo al trabajador de seguridad que los dejara tranquilos.

Una vez acomodados, Olmos les pidió a los jueces que no sacaran el comunicado y se comprometió a negociar con Larreta y Pagani un bono “porcentual” de fin de año y “resolver” antes del cierre de 2016 la modificación de la metodología actual, mediante la cual los jueces y empleados del mundo judicial capitalino “sufren” un desfase que los perjudica. Se trata de cambiar el método técnico por el cual la Magistratura calcula los adicionales (también los títulos) para equipararlo con el que utiliza el Tribunal Superior de Justicia, la Corte de la Ciudad. Para afrontar esa modificación se necesitan mayores partidas, algo en que el presidente del organismo judicial y todos los consejeros coincidieron en plasmarlo en el borrador de Presupuesto 2017 que enviaron a la Jefatura de Gabinete, pero el Gobierno porteño borró de un plumazo del expediente del Presupuesto 2017, que se votó el jueves primero de diciembre sin estas consideraciones, a pesar de los constantes llamados de un consejero a los diputados macristas durante toda la tarde de la sesión.

Según pudo saber Letra P, la Magistratura tiene el dinero para costear ese movimiento, estimado en 100 millones de pesos. Además, hay varios consejeros que avalan esta jugada, pero la decisión la tiene el oficialismo, que no quiso negociar incremento de partidas cuando entre el edificio de Diagonal Sur y Jefatura de Gobierno tironeaban por los números del ejercicio del año próximo.

En tanto, el reclamo para equiparar el salario con los jueces nacionales y extenderlo de por vida le costaría a la Magistratura entre 400 y 500 millones de pesos. Este punto, acordado por los consejeros porteños, también fue rechazado por la administración de Rodríguez Larreta y, junto a la disputa por compra de inmuebles y escalas salariales, logró frustrar el traspaso de competencias.

Este mismo jueves, Pagani recibió a la Asociación de Magistrados porteña, tras la jugada de Olmos para amortiguar el golpe. Además del presidente, estuvieron los tres consejeros jueces (Vázquez, Darío Reynoso y Lidia Lago), Rabinovich, la jueza subrogante del juzgado del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 19 que acaba de frenar una subasta del Banco Ciudad, Andrea Danas, y Pablo Casás, en representación de la Asociación de Magistrados porteña.

Tras una hora y media de reunión en el décimo piso del edificio del Consejo de la Magistratura capitalino, las partes acordaron una tregua de 48 horas para que el oficialismo estudie cómo avanzar con los dos reclamos más urgentes: el bono de fin de año y el movimiento de partidas presupuestarias actuales para imitar el método técnico del TSJ para que el Poder Judicial porteño reciba un incremento.

LOS RECLAMOS. Los tres proyectos que pidió tratar Vázquez el miércoles expresan taxativamente los reclamos de los jueces porteños. Como era de esperarse, el bloque de los magistrados en la Magistratura actuó en conjunto para defender los expedientes y luego hizo correr un duro comunicado en el que reclama independencia judicial en torno la asignación y distribución de partidas.

Sucede que, según el inciso seis del artículo N°116 de la Carta Magna porteña y el artículo N°2 de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, el organismo judicial tiene la función de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial, excluidos los correspondientes al tribunal Superior y al Ministerio Público”.

El organismo que preside Pagani puede distribuir el dinero, ordenarlo, contarlo, pero no puede definir su monto. Esa potestad es exclusiva del Ejecutivo porteño, que luego remite un proyecto de ley con el presupuesto a la Legislatura porteña para que lo sancione. No obstante, el plenario de consejeros remite cada año la estimación de gastos para que el Ejecutivo la estudie y ahí comienza la negociación.

Para la furia de los jueces y los consejeros, la administración de Larreta borró justamente los artículos que más les interesaban: la actualización de la medición de la liquidación para imitar la que realiza el TSJ, la equiparación con jueces nacionales y un apartado para compra de inmuebles, que luego quedó en la nada tras el naufragio del proyecto de traspaso de competencias judiciales.

Sin traspaso, los jueces siguen en guerra con la Magistratura porteña y el PRO

Un grupo de magistrados “copó” una sesión del organismo que preside Pagani en reclamo de mayor presupuesto para el Poder Judicial. La “amenaza” que no fue y la “contención” de Olmos en la Legislatura.

Las esquirlas del frustrado traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se cayó definitivamente por decisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ante la furia y resistencia de los jueces y la Asociación de Magistrados, llovieron sobre una tensa reunión de plenario del Consejo de la Magistratura porteña en la que un grupo de magistrados “copó” el salón de sesiones y exigió reactivar la discusión por el presupuesto y la equiparación salarial, que lograron posponer el proceso de firma de convenio que el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se habían comprometido a encabezar el miércoles 30 de noviembre.

El miércoles en la Magistratura porteña, que preside Enzo Pagani, los consejeros se encontraron para realizar el plenario semanal. Avanzaron con los temas menores hasta que Marcelo Vázquez, uno de los integrantes del estamento de los jueces, tomó la palabra para pedir el tratamiento de tres iniciativas. A esa altura de la reunión, jueces porteños y dirigentes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA) rodeaban la larga mesa en la que estaban ubicados los nueve consejeros y el administrador del organismo, AlejandroEl RusoRabinovich. El magistrado reclamó aumentar un ocho por ciento el salario de todo el Poder Judicial local (que logra acercar a la búsqueda de equiparar los salarios con los de sus pares nacionales, modificar el método técnico por el cual se calculan los adicionales y un proyecto para que, a la hora de promover un jury de enjuiciamiento, se necesiten los votos de seis consejeros (ahora se precisan cinco) y al menos uno por estamento.

Ninguna de esas iniciativas prosperó: al tiempo que fueron rechazadas, el clima se tensó y se escucharon los murmullos de los jueces y dirigentes de asociaciones de magistrados presentes. Ingresaron, escucharon, bufaron, pero la negación al reclamo salarial no alcanzó para que los magistrados pierdan la compostura.

Sin embargo, la calma duró poco. Veinticuatro horas después, un grupo de jueces de primera y segunda instancia se agolpó en el Salón Eva Péron de la Legislatura porteña para presenciar la jura del flamante consejero Javier Roncero. Los enojos se escuchaban desde la puerta del Hipólito Yrigoyen, justo, por esas casualidades de la política porteña, el lugar que eligió el ex titular de la Magistratura Juan Manuel Olmos para ingresar al edificio. Fiel a su estilo, el peronista captó la efervescencia de los funcionarios y se acercó a dialogar: en menos de un minuto, se enteró de que ese grupo de jueces estudiaba publicar una solicitada en el diario Clarín para blanquear sus enojos por la “desatención” del Gobierno porteño y el PRO en torno al bono de fin de año, el traspaso y la cuestión salarial. Es decir, un combo de furia que venían arrastrando hace tiempo y eso que, gracias a una reunión que Pagani gestionó meses atrás, se lo pudieron decir en la cara a Rodríguez Larreta que, sin titubear, les aseguró: “El día en que se efectivice el traspaso, los sueldos van a estar equiparados”.

“Esto no da para más”, se quejaban los magistrados ante Olmos. El nombramiento de Roncero había finalizado, los jueces siguieron la charla en el pasillo que conecta el salón Eva Perón y el hall de salida hasta que un hombre de seguridad del Parlamento los interrumpió y les pidió que se retirasen. El ex diputado del PJ le aseguró que se estaban por retirar. A la segunda vez que se acercó, el empleado legislativo lanzó: “Para estar acá tienen que tener permiso del presidente (de la Legislatura)”. Enojado, Olmos retrucó: “No hay ningún problema, vamos a pedir permiso”. Acto seguido, el peronista, que conoce el edificio como pocos, se fue al recinto de sesiones y volvió con otro empleado del deliberativo que no podía creer el paso de comedia que se sucedió y le dijo al trabajador de seguridad que los dejara tranquilos.

Una vez acomodados, Olmos les pidió a los jueces que no sacaran el comunicado y se comprometió a negociar con Larreta y Pagani un bono “porcentual” de fin de año y “resolver” antes del cierre de 2016 la modificación de la metodología actual, mediante la cual los jueces y empleados del mundo judicial capitalino “sufren” un desfase que los perjudica. Se trata de cambiar el método técnico por el cual la Magistratura calcula los adicionales (también los títulos) para equipararlo con el que utiliza el Tribunal Superior de Justicia, la Corte de la Ciudad. Para afrontar esa modificación se necesitan mayores partidas, algo en que el presidente del organismo judicial y todos los consejeros coincidieron en plasmarlo en el borrador de Presupuesto 2017 que enviaron a la Jefatura de Gabinete, pero el Gobierno porteño borró de un plumazo del expediente del Presupuesto 2017, que se votó el jueves primero de diciembre sin estas consideraciones, a pesar de los constantes llamados de un consejero a los diputados macristas durante toda la tarde de la sesión.

Según pudo saber Letra P, la Magistratura tiene el dinero para costear ese movimiento, estimado en 100 millones de pesos. Además, hay varios consejeros que avalan esta jugada, pero la decisión la tiene el oficialismo, que no quiso negociar incremento de partidas cuando entre el edificio de Diagonal Sur y Jefatura de Gobierno tironeaban por los números del ejercicio del año próximo.

En tanto, el reclamo para equiparar el salario con los jueces nacionales y extenderlo de por vida le costaría a la Magistratura entre 400 y 500 millones de pesos. Este punto, acordado por los consejeros porteños, también fue rechazado por la administración de Rodríguez Larreta y, junto a la disputa por compra de inmuebles y escalas salariales, logró frustrar el traspaso de competencias.

Este mismo jueves, Pagani recibió a la Asociación de Magistrados porteña, tras la jugada de Olmos para amortiguar el golpe. Además del presidente, estuvieron los tres consejeros jueces (Vázquez, Darío Reynoso y Lidia Lago), Rabinovich, la jueza subrogante del juzgado del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 19 que acaba de frenar una subasta del Banco Ciudad, Andrea Danas, y Pablo Casás, en representación de la Asociación de Magistrados porteña.

Tras una hora y media de reunión en el décimo piso del edificio del Consejo de la Magistratura capitalino, las partes acordaron una tregua de 48 horas para que el oficialismo estudie cómo avanzar con los dos reclamos más urgentes: el bono de fin de año y el movimiento de partidas presupuestarias actuales para imitar el método técnico del TSJ para que el Poder Judicial porteño reciba un incremento.

LOS RECLAMOS. Los tres proyectos que pidió tratar Vázquez el miércoles expresan taxativamente los reclamos de los jueces porteños. Como era de esperarse, el bloque de los magistrados en la Magistratura actuó en conjunto para defender los expedientes y luego hizo correr un duro comunicado en el que reclama independencia judicial en torno la asignación y distribución de partidas.

Sucede que, según el inciso seis del artículo N°116 de la Carta Magna porteña y el artículo N°2 de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, el organismo judicial tiene la función de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial, excluidos los correspondientes al tribunal Superior y al Ministerio Público”.

El organismo que preside Pagani puede distribuir el dinero, ordenarlo, contarlo, pero no puede definir su monto. Esa potestad es exclusiva del Ejecutivo porteño, que luego remite un proyecto de ley con el presupuesto a la Legislatura porteña para que lo sancione. No obstante, el plenario de consejeros remite cada año la estimación de gastos para que el Ejecutivo la estudie y ahí comienza la negociación.

Para la furia de los jueces y los consejeros, la administración de Larreta borró justamente los artículos que más les interesaban: la actualización de la medición de la liquidación para imitar la que realiza el TSJ, la equiparación con jueces nacionales y un apartado para compra de inmuebles, que luego quedó en la nada tras el naufragio del proyecto de traspaso de competencias judiciales.