Justicia

Inhiben los bienes de los sciolistas Pérez y Carbone y les prohiben salir del país

La jueza Marcela Garmendia hizo lugar al pedido del fiscal Álvaro Garganta y de esta manera avanza en la causa por corrupción contra los hombres de confianza del ex gobernador.

La jueza Marcela Inés Garmendia hizo lugar este jueves al pedido del fiscal Álvaro Garganta y dispuso la inhibición general de bienes por 15 millones de pesos y prohibición de salir del país sin previa autorización judicial respecto de Alberto Perez, Walter Edgardo Carbone, Sandra Alicia Mamberti, Monica Cecilia Ripamonti y Alejandra Tavelli. Todos investigados en una causa sospechados de corrupción, durante el último gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

 

De esta manera, los ex funcionarios de Scioli siguen sumando reveces judiciales. Lo llamativo de la decisión de la jueza es que además de lo expuesto, entiende que con los imputados libres existen severos riesgos al proceso y es por eso que le indica al fiscal que no comparte su posición de no detenerlos.

 

“Al momento de merituar los peligros procesales, como Juez de Garantías debo tener en cuenta no solo el quantum o la magnitud de la pena en expectativa de los delitos que se le endilgan a los imputados de autos, sino también las condiciones personales así́ como también la situación socio-económico de los causantes, por lo que estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos por el tiempo que dure el proceso. Si bien los imputados son conocidos públicamente debido a los cargos que han ostentado en el pasado, lo cual podría atemperar de alguna manera la probabilidad de profuguez, no es menos cierto que al menos dos de ellos - en particular quien fuera titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el ex Subsecretario de Administración -, cuentan con los recursos patrimoniales suficientes y necesarios para intentar evadir el accionar de la justicia”, expresa el fallo.

 

Además, la jueza no solo funda el riesgo de fuga sino que también explica que con los acusados en libertad existe el peligro de entorpecer la investigación.

 

En cuanto a la causa, para el fiscal obran elementos suficientes como para sostener que durante los años 2014 y 2015, Pérez y Carbone sustrajeron, al menos en 25 ocasiones, la suma de $ 10.720.347, destinados a supuestos eventos mediante autorización expresa de pago en efectivo del entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, que favorecía a quien fuera dueño del dragón secuestrado en el barrio privado privado Abril, Walter Carbone.

 

Ambos están comprometidos por los delitos de “peculado en concurso ideal” con el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, todos ellos en 25 hechos. Todo comenzó con una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

 

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
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