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Las tribus, los caciques y los olvidados de Comodoro Py

En la Justicia Federal, fiscales, jueces y camaristas se agrupan según terminal política, origen e intereses. Los vínculos con Macri vía Boca, la línea Stiuso-Nisman y los pioneros de la servilleta.
undefined 22/04/2018 12:47

Atardece un martes de este abril veraniego. El cambio climático no apacigua la indignación de un fiscal federal, cuya figura se recorta sobre el ventanal de su despacho. “Lo de (Claudio) Bonadio no sólo es arbitrario: es peligroso para la democracia, afecta la libertad de las personas”. A continuación, comienza a enumerar detenciones a las que califica como ilegales, algunas de trascendencia pública y otras que pasaron inadvertidas.

En los últimos tiempos, personas cuyo nombre casi nadie recuerda pasaron días, semanas o meses en la cárcel, con justificaciones tales como que portaban en la mochila limones para repeler gas lacrimógeno y remeras para cambiarse, algo impropio -según Bonadio- de una protesta pacífica; o un jefe operativo de Aerolíneas Argentinas acusado de desobedecer una orden de traslado de detenidos cuando, en realidad, el juzgado había enviado el oficio a una dirección incorrecta.

Pero la indignación del fiscal, en un momento, muta a resignación: “La Cámara Federal termina avalando todo, o disimula. La sala de (Eduardo) Freiler y (Jorge) Ballestero se cansó de separarlo de causas, le dio con un palo, pero ya está afuera…”. Freiler, dueño de propiedades de difícil justificación, fue fulminado una mañana de estado de sitio en el Consejo de la Magistratura, mientras que Ballestero se encuentra próximo a su jubilación.

 

El juez federal Claudio Bonadio ingresando a Tribunales.

 

Semanas atrás, otro fiscal federal manifestaba asombro ante la osadía de la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que observa propensa a los carpetazos selectivos y al cajoneo o la exculpación de cuanto funcionario aparezca con un emprendimiento en un paraíso fiscal: “Creo que no son conscientes de los peligros que corren, dejan al país al borde de la sanción. Y lo peor no son los casos más resonantes, sino que cuando se vayan no va a quedar ningún control en pie”.

Un juez federal que forma parte de los 562 obstaculizadores para el desarrollo a los que al presidente Mauricio Macri le agradaría enviar a la luna se declara en soledad en el edificio de Comodoro Py. “Lo que hicieron en esta causa (cita uno de sus casos más resonantes) no tiene nada que ver con el derecho. Hay vía libre para cualquier cosa”. En una oficina en la que la luz natural traspasa con dificultades los cortinados, ironiza sobre el fin de la profesión de juez tal como está descripta en los libros.

Se trata de magistrados por lo general sub 50 que no se inscriben en los grandes grupos que colonizan Comodoro Py 2002. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, no cuenta con ellos, aunque les muestra los dientes. Tampoco forman parte de la vieja guardia menemista ni de la familia judicial de prosapia radical.

Son jueces y fiscales que accedieron al cargo por concurso, aprovechando hendijas que dejaron abiertas los gobiernos posmenemistas. Constituyen franca minoría. Los ampara la relativa estabilidad que les garantiza la Constitución y los sueldos generosos, amén de que alguien podría pensar que son demasiado jóvenes para haber tirado la toalla. Pero el mensaje que transmiten es de resignación y falta de coordinación.

La ruidosa remoción de Juan Zoni de la Fiscalía 8, que investigaba la condonación de la deuda que el Correo Argentino residual, propiedad de la familia Macri, mantiene con el Estado hace más de quince años, generó un cimbronazo en Comodoro Py. “Si no te pueden tirar un carpetazo, te empiezan a apurar en púbico, o te quitan la causa porque sí”, esgrime uno de los críticos.

 

 

Agrega: “El Gobierno está al tanto en el acto de todo lo que se habla en la Procuración (a cargo interinamente de Eduardo Casal, quien removió a Zoni). Fiscales que han participado en reuniones para coordinar una acción, cuando llamaron a funcionarios del Gobierno, notaron que ya estaban al tanto de todos los detalles de la acusación”.

Hasta Guillermo Marijuán, quien se tenía fe para ser designado al frente de la Procuración General –lo ilusionaron haciéndole presentar un proyecto–, manifiesta disgusto por procedimientos que hubieran escandalizado bajo el kirchnerismo. Claro que por lo bajo, dadas las dificultades que presenta la postulación de la allegada al macrismo Inés Weinberg de Roca.

“A algunos les gustaría irse, varios quisieran ser trasladados a otra jurisdicción”, cuenta uno de los resignados. Sueldos que superan con creces los 100 mil pesos constituyen un dique de contención de rebeldías.

A Federico Delgado casi todos lo reconocen como un líbero ajeno a las trapisondas de Inteligencia. Similar mayoría le atribuye la sobreactuación como estrategia de trabajo, como cuando, para compensar acusaciones contra el entorno de Macri, entregó al juzgado de Sebastián Casanello y publicitó en la prensa  un video de un encuentro oficial entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Marcelo Odebrecht. El registro tenía cuatro años, era público y se hallaba disponible en Youtube. “No revela demasiado pero constituye un indicio”, escribió en su presentación Delgado, como quien se confiesa.

 

 

Separados por 25 años de edad, Casanello (1974) y el fiscal Jorge Di Lello (1949) también son apuntados como no inscriptos en grupos contaminados. Como sea, recuerdan sus críticos, el decoro no los acompañó cuando se acordaron de sobreseer a Macri de la causa de las escuchas ilegales de la Policía Metropolitana. Era diciembre de 2015. Macri debía asumir con la ficha limpia.

Las líneas predominantes en los tribunales federales no están exentas de entrecruzamientos.

 

 

LA SERVILLETA. Un puñado de jueces fueron anotados por Carlos Corach en la servilleta menemista, aunque ese estigma es insuficiente para englobar a los magistrados designados en puestos clave en la década del noventa. Por lo general, eso sí, cuentan con ADN peronista, y, sobre todo, son tiempistas eximios. Algunos caminan tribunales mucho antes de la mudanza de los juzgados en lo criminal y correccional federal de Capital Federal al edificio de Vialidad en Comodoro Py; otros pegaron el salto, sin escalas, desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, ambos bajo la órbita de Menem. 

Rodolfo Canicoba Corral, María Romilda Servini de Cubría, Germán Moldes, Claudio Bonadio, Carlos Rívolo y Eduardo Riggi, entre otros, lo han visto todo. Del "Yoma gate" a las coimas en el Senado; de las múltiples causas AMIA a Lázaro Báez; del 19 y 20 de diciembre a las offshore del macrismo que, lenta y silenciosamente, van poblando cajones.

Por cuestiones generacionales y de convivencia, se suman otros, como Liliana Catucci (Casación) y Martín Irurzun (camarista y supervisor de las escuchas de Inteligencia), que ascendieron con Raúl Alfonsín, surfearon la ola menemista y hoy se anotan entre los más influyentes del fuero.

 

Los jueces federales Rafecas y Casanello, apuntados por el macrismo en el Consejo de la Magistratura.

 

LA LÍNEA STIUSO. Como es lógico dada su omnipresencia en la democracia argentina, los bordes de la línea Stiuso, el segundo gran conjunto, son imprecisos.

Dos subgrupos, también solpados, cobraron relieve operativo un tiempo antes del cambio de gobierno en 2015.

En primer lugar, la vertiente Boca identifica a ex directivos del club bajo la gestión Macri. Concentra mayormente a fiscales (Raúl Pleé, Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita), pero también a jueces (Ariel Lijo y el hoy embajador en Uruguay Guillermo Montenegro); además de funcionarios de Inteligencia (Darío Richarte), apellidos omnipresentes (Nosiglia), intermediarios omnipresentes (el titular de la AFI, Gustavo Arribas) y al más omnipresente de todos (Daniel Angelici).

LA TRAMA NISMAN. El otro subconjunto operativo es amorfo y está en cabeza de propios y ajenos. Incluye a stiusistas, xeneizes, menemistas, radicales, traspasa fueros y llega a la Corte Suprema: la trama Nisman.

La denuncia y muerte del fiscal activó un vale todo que desbarató la lógica de Comodoro Py y superpuso capas genealógicas. Bonadio es avalado en la Cámara por Irurzun y el hoy caído en desgracia Eduardo Farah. Pollicita empuja la denuncia de Nisman contra Cristina y Eduardo Taiano, el investigador de la muerte, se ha transformado en irreconocible para colegas y antiguos colaboradores.

Los derrotados de Comodoro Py acuden a un nombre para dar cuenta de la ausencia de animus belli: Alejandra Gils Carbó.

La renuncia de la procuradora general sepultó todo atisbo de perfil alto. Había desarrollado una estrategia internacional en línea con sus pares de Brasil y Venezuela y empujaba al gobierno de Macri a merodear la idea de la remoción por decreto, al mejor estilo Maduro. Una coima asentada en un recibo por la compra de un edificio para la Procuración erosionó la estrategia de Gils Carbó, que atribuyó el caso a un “empleado infiel”. En cualquier caso, la hipótesis de su propio enriquecimiento estaba lejos de ser probada.

De buenas a primeras, Gils Carbó se rindió. En breves líneas, dejó asentados sus deseos vanos sobre el futuro del Ministerio Público Fiscal.

Lección aprendida. Soldado que huye sirve para otra batalla.

Las tribus, los caciques y los olvidados de Comodoro Py

En la Justicia Federal, fiscales, jueces y camaristas se agrupan según terminal política, origen e intereses. Los vínculos con Macri vía Boca, la línea Stiuso-Nisman y los pioneros de la servilleta.

Atardece un martes de este abril veraniego. El cambio climático no apacigua la indignación de un fiscal federal, cuya figura se recorta sobre el ventanal de su despacho. “Lo de (Claudio) Bonadio no sólo es arbitrario: es peligroso para la democracia, afecta la libertad de las personas”. A continuación, comienza a enumerar detenciones a las que califica como ilegales, algunas de trascendencia pública y otras que pasaron inadvertidas.

En los últimos tiempos, personas cuyo nombre casi nadie recuerda pasaron días, semanas o meses en la cárcel, con justificaciones tales como que portaban en la mochila limones para repeler gas lacrimógeno y remeras para cambiarse, algo impropio -según Bonadio- de una protesta pacífica; o un jefe operativo de Aerolíneas Argentinas acusado de desobedecer una orden de traslado de detenidos cuando, en realidad, el juzgado había enviado el oficio a una dirección incorrecta.

Pero la indignación del fiscal, en un momento, muta a resignación: “La Cámara Federal termina avalando todo, o disimula. La sala de (Eduardo) Freiler y (Jorge) Ballestero se cansó de separarlo de causas, le dio con un palo, pero ya está afuera…”. Freiler, dueño de propiedades de difícil justificación, fue fulminado una mañana de estado de sitio en el Consejo de la Magistratura, mientras que Ballestero se encuentra próximo a su jubilación.

 

El juez federal Claudio Bonadio ingresando a Tribunales.

 

Semanas atrás, otro fiscal federal manifestaba asombro ante la osadía de la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que observa propensa a los carpetazos selectivos y al cajoneo o la exculpación de cuanto funcionario aparezca con un emprendimiento en un paraíso fiscal: “Creo que no son conscientes de los peligros que corren, dejan al país al borde de la sanción. Y lo peor no son los casos más resonantes, sino que cuando se vayan no va a quedar ningún control en pie”.

Un juez federal que forma parte de los 562 obstaculizadores para el desarrollo a los que al presidente Mauricio Macri le agradaría enviar a la luna se declara en soledad en el edificio de Comodoro Py. “Lo que hicieron en esta causa (cita uno de sus casos más resonantes) no tiene nada que ver con el derecho. Hay vía libre para cualquier cosa”. En una oficina en la que la luz natural traspasa con dificultades los cortinados, ironiza sobre el fin de la profesión de juez tal como está descripta en los libros.

Se trata de magistrados por lo general sub 50 que no se inscriben en los grandes grupos que colonizan Comodoro Py 2002. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, no cuenta con ellos, aunque les muestra los dientes. Tampoco forman parte de la vieja guardia menemista ni de la familia judicial de prosapia radical.

Son jueces y fiscales que accedieron al cargo por concurso, aprovechando hendijas que dejaron abiertas los gobiernos posmenemistas. Constituyen franca minoría. Los ampara la relativa estabilidad que les garantiza la Constitución y los sueldos generosos, amén de que alguien podría pensar que son demasiado jóvenes para haber tirado la toalla. Pero el mensaje que transmiten es de resignación y falta de coordinación.

La ruidosa remoción de Juan Zoni de la Fiscalía 8, que investigaba la condonación de la deuda que el Correo Argentino residual, propiedad de la familia Macri, mantiene con el Estado hace más de quince años, generó un cimbronazo en Comodoro Py. “Si no te pueden tirar un carpetazo, te empiezan a apurar en púbico, o te quitan la causa porque sí”, esgrime uno de los críticos.

 

 

Agrega: “El Gobierno está al tanto en el acto de todo lo que se habla en la Procuración (a cargo interinamente de Eduardo Casal, quien removió a Zoni). Fiscales que han participado en reuniones para coordinar una acción, cuando llamaron a funcionarios del Gobierno, notaron que ya estaban al tanto de todos los detalles de la acusación”.

Hasta Guillermo Marijuán, quien se tenía fe para ser designado al frente de la Procuración General –lo ilusionaron haciéndole presentar un proyecto–, manifiesta disgusto por procedimientos que hubieran escandalizado bajo el kirchnerismo. Claro que por lo bajo, dadas las dificultades que presenta la postulación de la allegada al macrismo Inés Weinberg de Roca.

“A algunos les gustaría irse, varios quisieran ser trasladados a otra jurisdicción”, cuenta uno de los resignados. Sueldos que superan con creces los 100 mil pesos constituyen un dique de contención de rebeldías.

A Federico Delgado casi todos lo reconocen como un líbero ajeno a las trapisondas de Inteligencia. Similar mayoría le atribuye la sobreactuación como estrategia de trabajo, como cuando, para compensar acusaciones contra el entorno de Macri, entregó al juzgado de Sebastián Casanello y publicitó en la prensa  un video de un encuentro oficial entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Marcelo Odebrecht. El registro tenía cuatro años, era público y se hallaba disponible en Youtube. “No revela demasiado pero constituye un indicio”, escribió en su presentación Delgado, como quien se confiesa.

 

 

Separados por 25 años de edad, Casanello (1974) y el fiscal Jorge Di Lello (1949) también son apuntados como no inscriptos en grupos contaminados. Como sea, recuerdan sus críticos, el decoro no los acompañó cuando se acordaron de sobreseer a Macri de la causa de las escuchas ilegales de la Policía Metropolitana. Era diciembre de 2015. Macri debía asumir con la ficha limpia.

Las líneas predominantes en los tribunales federales no están exentas de entrecruzamientos.

 

 

LA SERVILLETA. Un puñado de jueces fueron anotados por Carlos Corach en la servilleta menemista, aunque ese estigma es insuficiente para englobar a los magistrados designados en puestos clave en la década del noventa. Por lo general, eso sí, cuentan con ADN peronista, y, sobre todo, son tiempistas eximios. Algunos caminan tribunales mucho antes de la mudanza de los juzgados en lo criminal y correccional federal de Capital Federal al edificio de Vialidad en Comodoro Py; otros pegaron el salto, sin escalas, desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, ambos bajo la órbita de Menem. 

Rodolfo Canicoba Corral, María Romilda Servini de Cubría, Germán Moldes, Claudio Bonadio, Carlos Rívolo y Eduardo Riggi, entre otros, lo han visto todo. Del "Yoma gate" a las coimas en el Senado; de las múltiples causas AMIA a Lázaro Báez; del 19 y 20 de diciembre a las offshore del macrismo que, lenta y silenciosamente, van poblando cajones.

Por cuestiones generacionales y de convivencia, se suman otros, como Liliana Catucci (Casación) y Martín Irurzun (camarista y supervisor de las escuchas de Inteligencia), que ascendieron con Raúl Alfonsín, surfearon la ola menemista y hoy se anotan entre los más influyentes del fuero.

 

Los jueces federales Rafecas y Casanello, apuntados por el macrismo en el Consejo de la Magistratura.

 

LA LÍNEA STIUSO. Como es lógico dada su omnipresencia en la democracia argentina, los bordes de la línea Stiuso, el segundo gran conjunto, son imprecisos.

Dos subgrupos, también solpados, cobraron relieve operativo un tiempo antes del cambio de gobierno en 2015.

En primer lugar, la vertiente Boca identifica a ex directivos del club bajo la gestión Macri. Concentra mayormente a fiscales (Raúl Pleé, Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita), pero también a jueces (Ariel Lijo y el hoy embajador en Uruguay Guillermo Montenegro); además de funcionarios de Inteligencia (Darío Richarte), apellidos omnipresentes (Nosiglia), intermediarios omnipresentes (el titular de la AFI, Gustavo Arribas) y al más omnipresente de todos (Daniel Angelici).

LA TRAMA NISMAN. El otro subconjunto operativo es amorfo y está en cabeza de propios y ajenos. Incluye a stiusistas, xeneizes, menemistas, radicales, traspasa fueros y llega a la Corte Suprema: la trama Nisman.

La denuncia y muerte del fiscal activó un vale todo que desbarató la lógica de Comodoro Py y superpuso capas genealógicas. Bonadio es avalado en la Cámara por Irurzun y el hoy caído en desgracia Eduardo Farah. Pollicita empuja la denuncia de Nisman contra Cristina y Eduardo Taiano, el investigador de la muerte, se ha transformado en irreconocible para colegas y antiguos colaboradores.

Los derrotados de Comodoro Py acuden a un nombre para dar cuenta de la ausencia de animus belli: Alejandra Gils Carbó.

La renuncia de la procuradora general sepultó todo atisbo de perfil alto. Había desarrollado una estrategia internacional en línea con sus pares de Brasil y Venezuela y empujaba al gobierno de Macri a merodear la idea de la remoción por decreto, al mejor estilo Maduro. Una coima asentada en un recibo por la compra de un edificio para la Procuración erosionó la estrategia de Gils Carbó, que atribuyó el caso a un “empleado infiel”. En cualquier caso, la hipótesis de su propio enriquecimiento estaba lejos de ser probada.

De buenas a primeras, Gils Carbó se rindió. En breves líneas, dejó asentados sus deseos vanos sobre el futuro del Ministerio Público Fiscal.

Lección aprendida. Soldado que huye sirve para otra batalla.